Los empresarios quieren más facilidades: rebajar las cuantías de despido, reducir los tipos de contrato y, sobre todo, eliminar por completo las incertidumbres judiciales que generan la actual ley. Quieren que los jueces sólo puedan declarar nulos los despidos colectivos en los que no haya habido periodo de consulta. Es decir, que los defectos formales no provoquen que un 50% de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sean anulados por los jueces, por falta de negociación o insuficiencia de la documentación.
Sin embargo, el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto que contiene algunos importantes retoques en la reforma laboral encaminados a facilitar a las empresas la realización de ERE. En la nueva norma, entre otras cosas, se acota el tamaño de las comisiones negociadoras de los ERE, se limita a una sola mesa la negociación del despido aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad y se entorpecen las reclamaciones a través de demandas individuales.
El Gobierno ha justificado estos cambios o “mejoras técnicas” como los llama ante la necesidad de “evitar la litigiosidad y la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, cumplir con el principio de celeridad consagrado legalmente y propiciar una mayor seguridad jurídica”.
Lo cierto es que la aplicación de la reforma laboral por parte de los tribunales ha sido muy desigual y el Ejecutivo, aunque reconoce su éxito, cree que en parte no ha sido eficaz del todo ante la gran litigiosidad que ha desencadenado. Ante la incertidumbre judicial que planea sobre la norma, algunos empresarios retrasan sus planes de recorte de plantilla.
Hasta ahora, ante los ERE de dudosa legalidad, los jueces no venían declarando la improcedencia de los despidos, lo que supondría elevar la indemnización de 20 días de salario por año trabajado (con un máximo de 12 mensualidades) a 33 días (con un máximo de 24 meses), sino que han optado por declarar su nulidad, con la consiguiente obligación de la readmisión del trabajador de forma inmediata y con abono de los salarios dejados de percibir.
Aunque en pleno agosto, estos últimos cambios ya han producido reacciones. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, cree el último decreto de modificación en la reforma laboral “establece una mecánica judicial más razonable” que puede “aligerar” el “montón” de demandas en casos de despidos colectivos y “compensar en parte” la posible “avalancha de litigios” derivados de la limitación de la ultraactividad, según declaró la pasada semana a Radio Euskadi.
Lo cierto es que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace un año y medio ha dado mucho que hacer a los jueces. Las demandas por despido en los juzgaso han aumentado un 25,3%, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuente: Diario Jurídico
