Químicos, físicos, biólogos y geólogos se han reunido con representantes del PP y PSOE en el Senado para trasladarles su temor a que las profesiones científico-técnicas sean "discriminadas" en el futuro anteproyecto Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno y que tiene previsto remitir al Congreso de los Diputados, para su tramitación, en los próximos meses.
Así, han exigido tener "los mismos derechos y obligaciones en su ejercicio profesional que los que se establezcan para el resto de profesionales con los que compiten en el mercado de trabajo". "Reclamamos iguales condiciones de competitividad", han apuntado en un comunicado.
"Pedimos que en ningún caso la ley nos postergue o discrimine", han argumentado los profesionales de ciencias, que, por ejemplo, han reivindicado "una ficha análoga a los ingenieros, donde se tipifique las condiciones obligatorias para la firma de proyectos y dirección de obras de profesionales científico-técnicos".
El mismo argumento aportan para el ámbito sanitario. Los químicos, físicos y biólogos que trabajan en el campo de la salud (análisis clínicos, bioquímica clínica, microbiología y parasitología o radio- farmacia, entre otras) deberían estar sujetos a colegiación obligatoria tal y como sucede con las profesiones sanitarias clásicas.
La futura normativa, según las profesiones científico-técnicas, "determina que unos tengan que estar sometidos al control deontológico y otros no". "Y eso se hace poco comprensible", han apuntado.
Los Consejos y Colegios Oficiales de profesiones científico-técnicas creen, al mismo tiempo, que deberían cumplir las mismas funciones y contar con las mismas atribuciones que los entes colegiales de sus homólogos en el ámbito sanitario, en la ingeniería o en la arquitectura.
Por otra parte, los profesionales científico-técnicos han reclamado también la "ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de químicos, biólogo, físico o geólogo" y exigen su presencia en los grupos de trabajo que, en su día, compilen las reservas de actividades establecidas en las leyes.
Respecto a las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Administraciones Públicas, solicitan "la prohibición de la determinación de profesiones concretas" y el establecimiento como única restricción la reflejada en las posibles reservas de actividad legales. "Se trata de que todas las Administraciones públicas seleccionen su personal sin trabas que restrinjan la competitividad", han apuntado.
