sábado,23 octubre 2021
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Como organizaciones y asociaciones, a la espera de detalles

Los ciudadanos podrán participar en la redacción de normas

Redacción
Cualquier ciudadano podrá en breve participar con sugerencias en la elaboración de proyectos de le, decretos y otras normas, a través de las webs oficiales, a la espera de los detalles del procedimiento Consejo de Ministros aprobó hoy un Acuerdo de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Presidencia por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

El Ejecutivo ha acordado dictar instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración de normas a través de los portales web de los departamentos ministeriales. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el objetivo de la medida es que los ciudadanos no tengan que cambiar el esquema de participación según se trate de una orden ministerial o de un ministerio u otro, y que el proceso sea homogéneo en las distintas web. También se establecerá en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado un enlace a estos portales, de manera que los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier ministerio para solicitar una modificación normativa o remitir su opinión sobre un asunto. 

La Ley del Gobierno, del 27 de noviembre de 1997, establecía dos vías para posibilitar la participación de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el proceso de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias impulsados por la Administración General del Estado: con carácter previo a la elaboración del texto normativo, una consulta pública a los potenciales destinatarios de la norma a través del portal web del departamento competente y, una vez elaborado el proyecto o anteproyecto, y en el caso de que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, la publicación del texto en el mismo portal web, al objeto de sustanciar el trámite de información pública o conceder audiencia a los afectados.

Armonización de imagen y punto de acceso

En estos momentos resulta conveniente armonizar la imagen identificativa y la estructura del punto de acceso que facilite esta participación pública en los portales web de los distintos ministerios, de forma que se garantice su visibilidad y fácil acceso. Por las mismas razones, se establecerá en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado un enlace a cada uno de los puntos de acceso ministeriales.

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial figurará en lugar visible un punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las normas a que se refiere el apartado anterior. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a los restantes departamentos ministeriales la imagen identificativa de este acceso, que incluirá la expresión "Participación pública en proyectos normativos".

Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

Los puntos de acceso ministeriales ofrecerán una doble opción: "Consulta pública previa" y "Audiencia e información pública". En ambos casos, se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuadro de texto libre, con la opción de adjuntar documentos. Se enviará al ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones.

Dos contratos de Justicia Digital, liberados de los recortes

El Consejo de Ministros ha autorizado también exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de julio por la que se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, con el fin de tramitar varios contratos de suministros imprescindibles para para el proyecto de Justicia digital.

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se invertirán 1,7 millones de euros "en la compra de 1.450 portátiles ultraligeros y equipos complementarios para que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia puedan trabajar en ese entorno digital" con independencia de su ubicación física. Además, ha precisado que serán medios de última generación imprescindibles para trabajar en el expediente digital, emitir dictámenes, sentencias y acceder a la jurisprudencia o a cualquier otra información.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría (Foto: Pool Moncloa)

Pool Moncloa/ J.M. Cuadrado

La vicepresidenta ha destacado que desde el 1 de enero se han practicado de manera electrónica casi 50 millones de comunicaciones y ya hay 600 juzgados en los que "no se mueve un papel y todo es electrónico". "Ello ha permitido la reducción de 60 a 19 los días de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios y un ahorro de más de 390 millones de euros".

La justicia digital también ha favorecido, según ha apuntado Sáenz de Santamaría, que hayan aumentado un 472% los escritos enviados en días festivos a los juzgados y tribunales y un 547% los mandados en horario de tarde y noche: "Se está permitiendo a los profesionales de la justicia el envío de trámites procesales las 24 horas al día, todos los días de la semana. Eso mejora y agiliza la justicia".

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que, según los datos de la OCDE, "España se encuentra, entre los países europeos y en el conjunto de los países más avanzados, en los niveles más altos de digitalización de su administración".

Se trata de un total de tres contratos destinados a suministrar ordenadores portátiles ultraligeros, "docks station" (estaciones de carga) y teclados para dispositivos "Surface Pro 4", así como lectores de tarjetas "bluetooth" imprescindibles para los puestos de trabajo móviles que precisan determinados usuarios de la Administración de Justicia (jueces, magistrados, letrados y fiscales) en esta fase de la Justicia digital.

Plataformas utilizadas por 150.000 profesionales de la Justicia

El cierre del ejercicio 2016 el pasado mes de julio comprometía las contrataciones previstas para el segundo semestre del presente ejercicio en relación con el cumplimiento de los proyectos de Justicia Digital y Fiscalía Digital en fase II. La obligación para todos los profesionales de la Justicia, oficinas judiciales y fiscales de emplear desde enero de 2016 los sistemas telemáticos en todos sus escritos, así como la de los Juzgados y Tribunales de tramitar electrónicamente los procedimientos, supone que más de 150.000 profesionales de la Justicia acudan diariamente a las plataformas que el Ministerio ha implantado para digitalizar el sistema en los plazos establecidos.

Además, a partir del 1 de enero de 2017 otros colectivos e instituciones que trabajan con la Justicia, como la Policía, la Guardia Civil, los hospitales y los notarios, entre otros, deben utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones. Se implantará también la Fiscalía Digital en las 42 fiscalías gestionadas por el propio Ministerio.

El incumplimiento de estos compromisos podría suponer riesgos graves en el funcionamiento de los servicios ordinarios y críticos que presta normalmente el Ministerio de Justicia, además de posibles reclamaciones de los profesionales ya adaptados al nuevo sistema.

Detalle de los contratos

Por ello, la excepción aprobada hoy por el Consejo de Ministros permitirá tramitar tres contratos básicos con los que se cumplirán en plazo los objetivos previstos en esta fase de implantación de la Justicia digital, especialmente la dotación de movilidad a los jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales que trabajan en distintas ubicaciones físicas (salas de vistas, atención a testigos, diferentes juzgados, etcétera) y requieren herramientas informáticas que les permitan consultar los expedientes digitales en cada una de ellas.

El primer contrato consiste en el suministro de 1.450 ordenadores portátiles ultraligeros para dotar de un puesto de trabajo móvil a 450 magistrados, 450 letrados de la Administración de Justicia, 400 fiscales y 150 jueces. El importe estimado es de 1.417.321,24 euros.

El segundo contrato incluye el suministro de "docks station" (estaciones de carga) y diversos accesorios necesarios para hacer efectiva la movilidad del colectivo citado anteriormente. El importe de esta partida es de 163.211,58 euros.

Por último, el tercer contrato incluye el suministro de 695 teclados para equipos "Surface Pro 4" y 695 lectores de tarjetas "bluetooth", dispositivos que completarán la movilidad de estos profesionales de la Justicia que ya podrán consultar siempre el expediente judicial electrónico y prescindir de las copias de papel en las distintas ubicaciones. El importe alcanza los 144.693,86 euros.

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