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Cada usuario paga 80 euros más, y 5.000 millones entre todos

Los consejos de la gran banca ganan el 16,6% más tras subir un 25% las comisiones por tarjetas

Redacción
Los consejeros de administración de las 7 principales entidades financieras españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell, Banco Popular y Bankinter) se repartieron durante el pasado ejercicio 2015 un total de 71,9 millones de euros, un 16.6% más que en 2014. La noticia de Servimedia salta cuando ADICAE acaba de informar que cada usuario de tarjetas bancarias ha sufrido en el ejercicio una subida del 25% en las comisiones, hasta sumar 5.000 millones y rondar ya al año los 20.000

Según los datos recogidos por Servimedia, el repunte en las remuneraciones del centenar de miembros de consejeros de administración de la gran banca se explica por el efecto de los cambios producidos a lo largo del año 2015 en los consejeros delegados de varias de las entidades analizadas.

El Consejo de Administración de Banco Santander se situó a la cabeza e ingresó un total de 29,7 millones de euros, un 19,3%, influido por el nombramiento de José Antonio Álvarez como consejero delegado del Grupo. Además, supone el 41,3% del importe total. Su presidenta Ana Patricia Botín  

En segunda posición se situó BBVA, cuyo consejo se repartió 15,76 millones de euros durante 2015, un 7,8% en comparación con el ejercicio 2014.

Por su parte, el Sabadell cerró 2015 con una retribución total de su Consejo de Administración de casi 7,9 millones de euros, un 3,5% más, si bien en 2015 contó con un integrante más.

Ya en cuarta posición aparece CaixaBank. Así, el principal órgano de gobierno del banco tuvo unos emolumentos de 7,7 millones de euros, un 66,4% más como consecuencia de la incorporación de Gonzalo Gortázar, actual número dos del banco.

Mientras, el Consejo de Administración del Popular acabó el año 2015 con unas retribución total de 4,75 millones de euros, un 20,5% más en comparación con 2014.

Por último, cierran la lista Bankinter, cuyo consejo ingresó 3,8 millones de euros (+5,4%) y Bankia con 2,3 millones de euros, idéntica cifra que un año antes.

Sueldos de los presidentes

En cuanto a la remuneración conjunta de los presidentes de estas entidades, la suma da un total de 19,87 millones de euros durante el año 2015.

Esta cuantía supone que los siete principales banqueros españoles ganaron conjuntamente el año pasado un 3,4% más en comparación con el ejercicio 2014.

La presidenta del Santander, Ana Botín, cobró un 11,9% más el año pasado, hasta alcanzar los 7,5 millones de euros, seguida de Francisco González (BBVA) con 5,57 millones de euros, un 2,35% más. En sendos casos no se tienen en cuenta las aportaciones a sus planes de ahorro a largo plazo.

En tercer lugar se sitúa el presidente del Sabadell, José Oliú, que obtuvo unos emolumentos de 2,84 millones de euros, un 0,2% más.

Además, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ingresó 1,47 millones de euros el año pasado (-19,3%); seguido de Isidro Fainé (CaixaBank) con 1,15 millones de euros (+4,5%).

Por último, los presidentes que menos ingresos obtuvieron en 2015 fueron el de Bankinter, Pedro Guerrero, con 837.000 euros y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que tiene el salario limitado en 500.000 euros anuales.

Por último, en el caso de los consejeros delegados de estas entidades, la remuneración conjunta ascendió a 18,22 millones de euros, que no son estrictamente comparables con respecto al ejercicio anterior por los cambios producidos en sus responsabilidades.

Nuevas subidas de comisiones

Por otra parte, la asociación de consumidores ADICAE informa que las comisiones se han convertido en la fuente de ingresos que compensa, en parte, la reducción del margen de intereses dado el entorno prolongado de bajos tipos. Así puede deducirse de la evolución que supone dicho concepto en los balances de cuentas de las principales entidades financieras, que de media han incrementado en un 25% el coste de servicios como el mantenimiento de cuenta, tarjetas, ingresos en efectivo o descubierto, entre otros.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la citada asociación de consumidores. Éste demuestra cómo se ha pasado de un pago anual de 313 euros de media en 2014 a 393 euros el año pasado, lo que supone más de 80 euros de diferencia tan solo en el último año.

El incremento fue pronosticado por los profesores Pascual Fernández, actual presidente del colegio de Economistas de Madrid, y Gustavo Matías, de la UAM, cuando hace dos años el Gobierno español se anticipó a la Comisión Europea al bajar las tasas de intercambio de las tarjetas de débido y crédito.

Los casi 400 euros que paga ya cada usuario de tarjeta español incluyen los gastos de mantenimiento de una cuenta corriente, también de una tarjeta de crédito y de débito, así como una cifra de ingresos en efectivo y transferencias que puede realizar una familia a lo largo de un año. ADICAE, no obstante, ha calculado esta suma teniendo en cuenta un escenario de mínimos y otro de máximos. Y es que, en función de la entidad financiera, estas cifras nada tienen que ver. Uno de los ejemplos más flagrantes está en los costes asociados al mantenimiento de cuenta. Tal y como puede verse en el gráfico de la página siguiente, los clientes de CatalunyaCaixa pueden llegar a pagar 150 euros anuales para este servicio. Mientras que, Kutxabank o ING Direct no cobran nada.

Tan solo las seis entidades financieras más grandes de nuestro país ingresaron en el último año cerca de 20.000 millones de euros en concepto de comisiones. Lo que, según Àlex Daudén, coordinador de Adicae, significa que «las entidades pretenden enmascarar sus balances a partir de las comisiones y pagan los salarios de los trabajadores, por ejemplo, a partir de estos ingresos».

 

Según la oficina de estadística europea Eurostat, en el periodo desde 2005 a 2013 el precio de los servicios financieros incrementó un 3% de media europea.

Sin embargo, en España este aumento ha sido del 31%, lo que hace que los españoles paguen 12,6 veces más caros estos servicios respecto a sus socios europeos. ADICAE indica que es «incomprensible» cuando «los servicios financieros son de interés general», y lo atribuye a la «absoluta desregulación» y «descontrol» de una práctica que tan solo en el último año ha sido polémica por el cobro de 2 euros a los no clientes que utilizan sus cajeros, además del cobro de comisiones por el ingreso a cuenta de un no cliente.

ADICAE lamenta que «no hay rigor ni proporcionalidad». Por ello, esta semana dirigieron una carta al Banco de España con un decálogo de medidas, exigiendo una regulación. De hecho, el «libre mercado» en este ámbito llegó en 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una orden a partir de la cual se daba vía libre a la fijación de los precios financieros y eximía de informar al Banco de España sobre al respecto.

Sin criterio

Esto hace que a día de hoy algunos consumidores estén pagando hasta 50 euros de penalización por un descubierto de un euro durante una hora, o el cobro de 10 euros por parte del Banco Santander por añadir el remitente o el concepto en una transferencia en ventanilla. El pago a terceros a través de la sucursal tiene un coste de 4 euros en BBVA, 3,95 en CaixaBank y Popular, y 3,50 euros en Bankia e Ibercaja, mientras que el Popular cobra al cliente un euro por pedir en ventanilla un traspaso entre sus propias cuentas.

El cobro por sacar efectivo merece capítulo aparte. Cuesta entre 0,35 y 0,45 céntimos por sacar dinero de una entidad que no es la propia, mientras que otras paguen hasta 2 euros. Ésta ha sido una de las decisiones más polémicas de la banca recientemente.

Para el día 13 de abril está previsto el juicio por la causa abierta por Adicae, que presentó una macrodemanda contra CaixaBank, que fue una de las entidades que cobró la doble comisión que desató la polémica. Tan solo estuvo vigente durante medio año, un periodo en que, según datos registrados en el Banco de España, se retiraron 81 millones de efectivo en los cajeros de CaixaBanc.

Según Servired, un 10% no son clientes de la entidad, por lo que Adicae pide que «devuelvan todo lo que cobraron». Una cifra que, haciendo cálculos a la baja dicen que podría suponer unos 16 millones de euros.

La letra pequeña

Las organizaciones de consumidores, por otro lado, alertan también de aquellas entidades que se anuncian con costes cero ya que, normalmente implican la domiciliación de la nómina o las pensiones, y acostumbran a llevar una cláusula en la que se especifica una vigencia de un año.

Facua- Consumidores en Acción también exige que llegue esta regulación que fije unos costes para los servicios financieros. En este sentido, el portavoz de esta entidad, Rubén Sánchez, apunta que el «ejemplo a seguir» es lo que se hizo con la cancelación de hipoteca. «Es un caso reciente, en el que cada uno aplicaba su norma, hasta que decidió regularse», indica.

Desde 2008, el incremento de estos gastos ha marcado un sendero que sin la intervención del Banco de España o del Ministerio de Economía difícilmente se redirigirá. «O pasas por el tubo o pasas por el tubo, el consumidor lo sabe y está en desacuerdo, pero un cambio de regulación tan solo puede llegar de manos del Gobierno», indica Montse Andrés desde la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Consumidores (Ausbanc).

Nuevos conceptos

Andrés está convencida de que «habrá de nuevas». «Ahora mismo, después de la reestructuración que hemos vivido en los últimos años la competencia es relativamente poca, por lo que cualquier servicio puede estar gravado por un importe», argumente.

Para ADICAE, esta política de comisiones tan intensa que están llevando a cabo las entidades persigue un objetivo muy claro: «Quieren expulsar a los usuarios de las oficinas y concentrarlo todo en la red de cajeros y la banca electrónica».

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