jueves,18 agosto 2022
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Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas

Los economistas rebajan aún más sus previsiones tras el decepcionante dato de PIB del tercer trimestre, pero mantienen las de 2022

Los decepcionantes datos de Contabilidad nacional del tercer trimestre, que creció un 2% cuando sus previsiones eran de un 3% ha llevado al Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas a rebajar por segunda vez en apenas dos meses las previsiones de crecimiento para 2021. Sin embargo mantienen las de 2022, confiando en el ajuste de la inflación, el buen comportamiento del empleo y el impacto de los Fondos Europeos.

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas ha rebajado del 5,8% al 5% el crecimiento del PIB en 2021, siempre y cuando los datos finales de crecimiento del tercer trimestre se ajusten al adelantado –es decir, 2%–, se mantengan constantes el resto de las variables, y se consiga un crecimiento en el último trimestre del 2,5%.

La advertencia sobre el dato adelantado no es baladí, teniendo en cuenta el ajuste de 1,7 puntos en el crecimiento del PIB del segundo trimestre llevado a cabo por el INE en septiembre, que ya llevó a los economistas a revisar a la baja su previsión en 5 décimas, hasta el mencionado 5,8%. En cualquier caso, advierten de que el crecimiento PIB en términos reales “puede ser inexistente al ser corregido por la alta tasa de inflación”.

Sin embargo, el Observatirio prevé que los precios de la energía y las materias primas cedan en el primer semestre 2022, tanto por la “cierta ralentización en el crecimiento que se puede producir por las circunstancias adversas que se dan en la actualidad” como por la normalización de la demanda, que se vio “exacerbada tras los éxitos de la vacuna”. Esto compensará la problemática del aprovisionamiento de suministros y bloqueo de los contenedores, que ha su juicio puede persistir “hasta principios del 2023”.

Por ello, los economistas mantenemos sin variación la previsión de crecimiento para 2022 en el 6%, por la normalización de la actividad, la estabilización de los precios y, sobre todo, por el efecto de la aplicación de las ayudas europeas; aunque, por otra parte, admiten una “cierta preocupación” por la efectividad para hacer realidad un porcentaje aceptable de las mismas.

Reducción del déficit y el paro

La deuda pública en agosto ha sido de 1.419 miles de millones, que representa el 122,25% del PIB, frente al 122,8% que representaba a finales de segundo semestre. Los ingresos fiscales de las Administraciones públicas han crecido hasta agosto mucho más intensamente que los gastos, suponiendo el déficit a esa fecha el 5,54% del PIB, tres puntos inferiores que lo fijado para el año por el Gobierno (8,4%).

Los economistas prevén es que en los siguientes meses se vaya moderando la deuda (también considerando el incremento del PIB) para situarse a final de año en torno al 121%, en tanto que el déficit se prevé que se sitúe en 2021 en una horquilla de entre el 8% y el 9%.

La evolución positiva del empleo hace revisar también a la baja la previsión de la tasa de paro, rebajándola un punto hasta el 14,5% para final de este año. No obstante, dependiendo de la evolución de las incertidumbres sobre el crecimiento del PIB en el último trimestre, esto podría variar. Para 2022, se que la tasa de paro se situará en el 14%.

Presupuestos desfasados

Asimismo, advierten de que en los Presupuestos presentados por el Gobierno para 2022 no se está corrigiendo la previsible desviación entre la estimación de crecimiento del PIB del Gobierno (6,5%) y la estimación calculada a partir del crecimiento de los tres primeros trimestres, una desviación que podría estar entre 1,5 y 2 puntos, y, por tanto, producir un desfase entre los ingresos y gastos previstos.

Por último, los economistas recalcan la necesidad de aprovechar correctamente la “oportunidad única” para que, con los Fondos Europeos, se acometan las reformas necesarias para impulsar la competitividad de las empresas y la productividad, y se lleven a cabo proyectos enfocados a la innovación y la digitalización de nuestro tejido productivo. “Es fundamental fomentar el ahorro y favorecer la inversión en un marco de seguridad jurídica”, añaden.

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