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ECONOMÍA
VI Jornada de Auditoría del Sector Público

Los economistas urgen una Ley de Auditoría del Sector Público

Ponentes de la VI Jornada de Auditoría del Sector Público

Los auditores del Consejo General de Economistas urgieron en la VI Jornada de Auditoría del Sector Público una Ley de su actividad. Entienden que la contratación pública debe ser socialmente responsable, mejorar la transparencia de esta actividad y establecer criterios sostenibles y medioambientales en línea con la Estrategia 2020 de la UE. Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich," la adecuada regulación de la contratación del sector público es eficaz y nececesaria
Redacción 9 de mayo de 2019 Enviar a un amigo
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El Registro de Economistas Auditores (REA) ­–órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de auditoría–, ha celebrado hoy en Madrid, en el auditorio Cecabank, la VI Jornada de Auditoría del Sector Público en la que los economistas auditores han expresado, nuevamente, la garantía que ofrece la labor de colaboración de los auditores privados independientes con los órganos públicos de control a la hora de conseguir una mayor eficiencia para el adecuado empleo de los recursos públicos.
 
En el encuentro –en el que se ha dado una cita importante de profesionales del sector– han participado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente del Registro de Economistas Auditores del citado Consejo, Carlos Puig de Travy, y el presidente del Comité de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, coordinador del encuentro. Así mismo, la jornada ha contado con la participación del Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano, y del Consejero de Cuentas del Departamento de Entidades Locales y Presidente Emérito del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
 
Durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado que “la contratación del sector público es una actividad relevante para la economía de nuestro país, que representa alrededor de un 13% del PIB”. A este respecto, para Pich, “la adecuada regulación de la contratación del sector público es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores y transmite seguridad a los ciudadanos sobre los servicios que prestan las Administraciones”. Referido al papel que juega la contratación pública en  nuestra economía, el presidente de los economistas ha señalado que esta “desempeña un papel clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que deberá llevarse a cabo garantizando la participación de las pequeñas y medianas empresas”.

Conferencia inaugural del Interventor General del Estado, Pablo Arellano Pardo, y la clausura del Consejero de Cuentas del Departamento de Entidades Locales y Presidente Emérito del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García 

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, ha señalado que “en línea con las reflexiones y propuestas, sobre diversas cuestiones económicas, remitidas recientemente a los diferentes partidos políticos con el objeto de que pudieran ser incluidas en los programa electorales o tomadas en consideración por quienes resultaran finalmente elegidos, los economistas auditores coinciden en señalar que es necesaria una Ley de Auditoría del Sector Público”. En relación a la auditoría de las cuentas públicas, para el presidente de los economistas auditores “resulta esencial, por ser una creciente demanda social, la colaboración público-privada en auditoría, haciéndose cada vez más necesario que el auditor externo tenga un papel destacado tanto en el control como en la fiscalización de las cuentas de las diferentes administraciones públicas”. Algo que se desprende de la propia Ley de Auditoría de Cuentas que subraya la consideración de servicio público de la actividad de auditoría de cuentas, especialmente por los beneficios, en términos de transparencia, que proporciona a la empresa auditada y a terceros. Por ello, según Puig de Travy, “en este sector hay un nicho de mercado muy importante para los auditores y desde hace años venimos reclamando una ley de auditoría del sector público, como la ya existente en el sector privado. Si, finalmente, esta ley viera la luz, podríamos dar un paso de gigante hacia una mayor transparencia del sector público, vía reforzamiento de su fiscalización a través de la auditoría de sus cuentas y, a través de la colaboración público-privada con los diferentes órganos de control de la Administración”.
 
Referido al entorno normativo de la auditoría en el sector público, Emilio Álvarez,presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, ha declarado que “esperamos que la implementación del Real Decreto 424/2017 alcance los objetivos deseados y no se quede en un mero cambio legislativo sin consecuencias positivas para el reforzamiento de los interventores locales y la protección de los fondos públicos locales”.
 
Durante la conferencia inaugural, Pablo Arellano Pardo, Interventor General de la Administración del Estado, ha destacado el importante avance que el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, está suponiendo en la normalización del control en el ámbito local, introduciendo un significativo refuerzo de la autonomía, independencia, profesionalización y transparencia de la función de control, a la que será necesario dotar de los recursos oportunos. El Interventor General del Estado se refirió igualmente a la posibilidad que ofrece el Reglamento de control interno para que dichos medios puedan ser complementados recurriendo a la colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones de auditoría de cuentas de las entidades locales.
 
Por su parte, el Consejero de Cuentas del Departamento de Entidades Locales y Presidente Emérito del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, destacó durante la conferencia de clausura la importancia del nuevo Reglamento de Control Interno “para la normalización y homogeneización de los procedimientos y las facultades del control interno en el ámbito local con los ya existentes para la Administración del Estado”. A este respecto, Álvarez de Miranda señaló que “los órganos de control interno y externo se enfrentan a nuevos retos en su labor de fiscalización de la gestión económica y financiera del sector público, lo cual obliga a potenciar su desempeño individual, pero también a incrementar las relaciones mutuas entre ellos, configurando un auténtico sistema de control”. Como consecuencia de la nueva normativa, indicó que “el Tribunal de Cuentas se plantea modificar la Instrucción que regula la remisión telemática de información, para generalizarla al funcionamiento y los resultados en materia de control interno del sector público local, incluyendo instrumentos para la comunicación directa al Tribunal de posibles responsabilidades contables advertidas por los órganos de intervención local”.
 
En el marco de la VI Jornada de Auditoría del Sector Público se ha presentado la guía Ámbito de actuación de los auditores privados en el sector público local, elaborada por la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, que recoge el conjunto de entornos en los que los auditores privados pueden colaborar con los órganos de control en el marco del Real Decreto 424/2017.
   
El Registro de Economistas Auditores (REA) es un órgano especializado delConsejo General de Economistas de España creado para desarrollar las funciones que dicho Consejo tiene en materia de auditoría de cuentas. En la actualidad, es la organización más representativa de los auditores, con el 60% de los profesionales de la auditoría de cuentas y el 57% de las sociedades de auditoría. Cuenta con más de 6.000 auditores inscritos, y el número de sociedades de auditoría afiliadas es de 811.
 
 

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