Expertos de la comisión nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para realizar propuestas de cara a la reforma del sistema universitario español han subrayado, respecto a la presencia de las comunidades autónomas en la universidad, que el informe que han elaborado "insiste en que de ninguna manera hay que dar poder" a la autonomías y, en este sentido, "recoge todo tipo de cautelas para evitar que se pueda producir algo que ni lejanamente se pueda asemejar a la catástrofe de las cajas de ahorro".
Dos de los especialistas que han formado parte de esta comisión de expertos, el catedrático de Física Teórica y profesor emérito de la Universitat de València José Adolfo de Azcárraga y el catedrático del departamento de Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València José Capmany han participado este lunes en Valencia en un coloquio titulado ´En torno a la reforma universitaria´.
En la mesa redonda, organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, también ha intervenido el rector de la Politècnica de València (UPV) y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Julià. Todos ellos han mantenido un encuentro con la prensa previo al debate.
Al ser preguntados por las sugerencias que realiza el informe acerca del sistema de gobierno de las universidades españolas, Azcárraga ha considerado que "la universidad, tal y como está configurada en estos momentos, es un poco juez y parte y eso no parece lo más adecuado". No obstante, el catedrático ha negado que el documento permita que las comunidades autónomas tengan poder en las instituciones de educación superior.
"Si participar se entiende en el sentido de tener algo que decir, sí, pero i es gobernar, por supuesto que no; el informe que hemos elaborado insiste en que de ninguna manera hay que dar poder a las CCAA y hay todo tipo de cautelas para evitar que se pueda producir algo que ni lejanamente se pueda asemejar a la catástrofe de las cajas de ahorro y un ejemplo es que nadie que haya tenido ningún cargo público en los últimos cuatro años pueda participar en el colectivo de personas que pueden ser propuestas para el consejo de la universidad, que debe tener mayoría de académicos para preservar la autonomía universitaria", ha argumentado.
Sobre este asunto, Juan Julià ha reconocido que en España hay un sistema de gobernanza "atípico" y "mejorable" pero ha precisado que el modo de elección de los rectores "obedece a un deseo de llevar democracia e independencia a las universidades y se respalda desde un principio constitucional". En esta línea, ha recalcado que "cualquier cambio en la elección del rector es conveniente hacerlo con mucha mesura y no ir a un modelo uniforme".
De todos modos, ha considerado que este "no es un elemento capital". Y ha añadido: "hablar de cambios en la gobernanza, y en particular en la elección de rector, sin cambiar el marco regulatorio ni la dotaciones financieras, es como ponernos a discutir del número de las sandalias de Kung Fu, que siempre las llevaba colgadas al hombro; tiene poco sentido".
Para el máximo responsable de la universidad valenciana, lo realmente urgente en este momento es "responder a dos problemas graves". El primero de ellos, ha enumerado, es "la asfixia económica y financiera en la que están entrando las universidades españolas, que es tremenda" y se ha referido al caso concreto de las de la Comunitat Valenciana, "que están en 2013 con el presupuesto de 2006 y con unas deudas a las que tiene que hacer frente". La otra cuestión es la del acceso y promoción del profesorado en las universidades.
Julià también ha recordado que en esa comisión de expertos había dos "reputados" juristas que han emitido un voto particular en el que expresan que el planteamiento del sistema de gobernananza, incluyendo lo referente a la elección del rector, "es difícil sostenerlo desde el ordenamiento jurídico" español por lo que ha considerado que es la Abogacía del Estado la que debería dirimir.
Al respecto, Azcárraga -que ha hecho notar que muchos rectores españoles han sido profundamente críticos con el informe y que muchos reproches se han centrado en la elección del rector- se ha mostrado crítico al aseverar que "la lectura de la adenda (de los juristas) produce vergüenza ajena".
Por su parte, José Capmany ha subrayado que el informe de los expertos es "claro en cuanto a la necesidad de una mayor financiación, a que los niveles de financiación universitaria ni siquiera se acercan a los ideales y en lo que se refiere a un cambio en los criterios que hay que utilizar" para calcular la aportaciones. De este modo, ha defendido que la financiación por objetivos es "un paso importante" -otra cosa es que sea aplicable en las circunstancias actuales, ha matizado- porque "refleja la autonomía universitaria pero también la responsabilidad que ello conlleva".
José A. de Azcárraga ha aludido a lo que ha llamado una "burbuja clarísima" debida a que "las universidades han multiplicado el número de estudios de una manera que no era la más adecuada, no solo al problema económico, sino simplemente a la racionalidad del sistema universitario".
"Las universidades españolas son buenas pero no son, en opinión de los que hemos hecho el informe, tan buenas como podían serlo y eso es atribuible a las estructura que ahora mismo tienen; hay directivos que podían haber actuado con mas visión de lo que lo han hecho", ha argumentado.
Esta situación puede solucionarse, al parecer del especialista, "no proliferando los estudios que existen en otros sitios y teniendo una política de becas adecuada que permita que las personas se puedan desplazar".
