martes,26 octubre 2021
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Tras las declaraciones de los sicarios

Los federales toman el control de la investigación de los estudiantes asesinados en México

Redacción
La policía federal de México ha tomado Iguala por el caso del medio centenar de estudiantes que desaparecieron durante una revuelta y que encontraron muertos en una fosa común. Esta decisión del gobierno central se ha tomado después de que los dos sicarios que confesaron las asesinatos apuntase que fue el jefe de policía de la ciudad quien les ordenó el secuestro.

Mientras continúa la búsqueda de los jóvenes, desaparecidos desde hace 10 días, las autoridades temen que algunos de ellos estén entre los 27 cuerpos hallados en fosas comunes durante el fin de semana.

Al menos 400 efectivos de la policía federal y el cuerpo especial de Gendarmería están a cargo desde este lunes de la seguridad de Iguala, informó el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.

Una vez llegaron a la población, los efectivos desarmaron a los policías municipales, quienes serán trasladados a una base militar de evaluación.

La decisión busca que "los hechos delictivos que han trastocado la vida de esa región no queden impunes y se logre el esclarecimiento, y se ubique y sancione a los responsables conforme a la ley", explicó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Rubido, en conferencia de prensa.

El funcionario agregó que los uniformados federales desarmaron a los policías municipales de Iguala que aún se encontraban operativos, quienes serán sometidos a "exámenes de control de confianza" y enviados a realizar actividades de capacitación a un centro de adiestramiento militar en el estado Tlaxcala, en el centro-sur del país.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado, un grupo de policías municipales y presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos dispararon contra estudiantes de una escuela normal y un ómnibus de un equipo de fútbol juvenil.

Esos hechos, en los que murieron seis personas y 25 quedaron heridas, tuvieron lugar después de que los alumnos tomaran sin autorización varios ómnibus para regresar a su escuela luego de haber hecho una colecta en Iguala.

Tras esos episodios se denunció la desaparición de 43 jóvenes que, según varios testigos, fueron subidos a patrulleros de la policía municipal.

Este fin de semana, autoridades descubrieron seis fosas clandestinas en las afueras de Iguala, en las que encontraron al menos 28 cadáveres y presumen que varios de ellos pueden pertenecer a algunos de los estudiantes desaparecidos.

Esos restos están calcinados y son sometidos a exámenes de ADN cuyos resultados pueden demorar entre 15 días y dos meses, dijeron autoridades.

El procurador del estado Guerrero, Iñaky Blanco, explicó que un policía municipal y dos civiles -los tres, detenidos- admitieron que asesinaron a por lo menos 17 jóvenes en una colina cercana al sitio donde están las fosas.

Según Blanco, los desaparecidos eran originalmente 58, pero 15 de ellos -algunos, heridos- consiguieron huir y regresaron a sus viviendas después de ocultarse durante varios días.

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asumió este fin de semana la investigación del caso, debido a los indicios de que el crimen organizado participó de los ataques, y detuvo a 22 policías municipales y ocho civiles.

Fuentes de la PGR dijeron que en el caso podrían estar involucrados funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, cuyo titular es Jesús Martínez.

Asimismo, familiares de los desaparecidos, estudiantes y activistas humanitarios reclamaron la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien el 7 de mayo pasado firmó un convenio para dejar bajo el mando de autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala.

Mientras tanto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que estaba en el centro de las sospechas, se encontraba prófugo esta tarde.

El fiscal Blanco anunció que hoy presentaría ante la legislatura estadal la solicitud de juicio de procedencia para que pierda los fueros y pueda ser juzgado.

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de centroizquierda) resolvió expulsar de sus filas a Abarca y ratificar el pedido de desafuero, informó el jefe de sus diputados federales, Miguel Alonso Raya.

Abarca tenía previsto rendir su segundo informe anual al día siguiente del ataque a los jóvenes y buscaba postular para sucederlo a su esposa, hermana de Alberto Pineda Villa, conocido narcotraficante del cartel de los Beltrán Leyva, indicó la agencia de noticias ANSA.

Ese medio se hizo eco de versiones según las cuales fue Abarca quien ordenó los asesinatos de los estudiantes.

Sin embargo, uno de los policías detenidos afirmó que la orden de detener a los 17 estudiantes la dieron el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado, y un líder de la banda Guerreros Unidos al que sólo se conoce por su apodo, El Chucky, señaló Blanco.

La desaparición de los jóvenes fue precedida por el asesinato de seis personas, entre ellos tres alumnos de la misma escuela normal, cuando se dirigían a Iguala a recaudar fondos.

Con ese dinero buscaban tomar algunos micros e ir a la capital mexicana para sumarse a la marcha conmemorativa del 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que lamentaba "de manera particular la violencia que se ha dado", que se sentía "profundamente indignado" y "consternado", y que su gobierno hará la máxima cooperación posible para "conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables".

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