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POLÍTICAS
La reforma de la justicia queda estancada como la educativa

Los fiscales renuncian a revisar todas las causas penales por falta de medios humanos e informáticos

Alvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

La reforma de la justicia queda estancada como la educativa. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) declara imposible cumplir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obligaba a revisar 539.543 causas penales antes del 6 de junio. Esta asociación ha pedido a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que incluya este asunto en la reunión del Consejo Fiscal del 18 de mayo y que se admira la imposibilidad material de cumplir el trámite.
Redacción 17 de mayo de 2016 Enviar a un amigo
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El Gobierno del PP impulsó una reforma legal que establece un plazo de seis meses para la instrucción de sumarios, prorrogables a 18 si se declaran como causas complejas. La ampliación del plazo debe ser solicitada por el fiscal y, por tanto, es necesario que el ministerio público revise las causas penales antes del 6 de junio, fecha en la que se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la reforma legal. Todas las asociaciones de jueces y de fiscales se opusieron a estos plazos, considerados irrealistas por casi toda la abogacía, y advirtieron de la imposibilidad de cumplirlos. Ahora, la UPF asegura en un escrito revelado por El PAIS que “no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan”. Los fiscales lo atribuyen a la falta de medios humanos informáticos, tras recordar que ni siquiera han visto elevado su plus de productividad.

A finales del pasado abril, la Fiscalía General del Estado informaba de que aún quedaban por examinar 436.355 causas penales hasta el próximo 6 de junio de un total inicial de 539.543 sumarios. El 80,9% del trabajo de revisión estaba pendiente. Sin embargo, las asociaciones de fiscales, y la UPF en particular, desconfían de esa cifra. “Dependiendo de las fuentes de datos, el número de procedimientos a revisar variaba hasta en un arco de 200.000 causas”, subraya la asociación progresista en el escrito que ha elevado al Consejo Fiscal.

“En un sistema procesal como el que tenemos cualquier “foto fija” es una foto trucada o distorsionada, pues los procedimientos evolucionan, se sobreseen, se reabren o se inhiben, dando lugar a unos números y estadísticas difíciles de controlar”, añaden. Además, las cifras de carpetas que maneja la fiscalía no siempre coinciden con las que existen en los juzgados de Instrucción, y los fiscales afirman que el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia –antes secretarios judiciales- no les hace partícipes de la tramitación y control de los procedimientos, salvo en casos de “cercanía y relación personal” con los miembros del ministerio público.“Hay una enorme diferencia entre justificar el cumplimiento de objetivos ante el Ministerio y garantizar que los fiscales estemos en condiciones de revisar en tiempo todas las causas penales”, constatan.

Los fiscales progresista denuncian "la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales" y "la carencia de unas herramientas informáticas que nos permitan conocer con exactitud el estado de todos los procedimientos", para comcluir que "por parte de la más alta instancia de la carrera fiscal se comunique anticipada y públicamente la imposibilidad de la Fiscalía de revisar todas las causas penales".

Según Confilegal.es Unión de Fiscales Progresistas mantiene en su escrito que, "pese al encomiable esfuerzo realizado -sin ninguna repercusión, por cierto, en el módulo variable de nuestro sueldo como es la productividad-, no podremos cumplir el objetivo pretendido“, esto es revisar todas las causas penales antes del 6 de junio como estaba previsto en la Ley.El citado artículo reformado 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduce plazos máximos en la instrucción, según las causas se clasifiquen como sencillas o complejas.

En el caso de las sencillas, el plazo máximo es de 6 meses y de 18 meses para las complejas, periodo que puede ser ampliado a 18 meses más, por decisión judicial, a instancia del Ministerio Fiscal, por lo que es necesario que el ministerio público revise las causas penales antes del 6 de junio, fecha en la que se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la reforma legal.

Y ahí está el problema, en la revisión y calificación de todas las causas penales. Según la UPF, la revisión y calificación de todas las causas pendientes ha sido imposible realizar por  “la imposibilidad inicial de proporcionar una cifra concreta de las causas que era preciso revisar”, “el absoluto fracaso de la aplicación Fortuny como sistema de registro de la Fiscalía” y ” la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales”.

A ello se sumaría también “los refuerzos de personal interino en muchas ocasiones profano en las funciones diarias de un fiscal” o “la lamentable escasez de fiscales sustitutos como consecuencia de una previa reforma legal criticada duramente por nuestra asociación”, según el escrito de esta asociación de fiscales.

A todo ello, los fiscales progresistas también incluyen otros factores externos, como la diferente repercusión que han tenido los remedios procesales que prometía la nueva legislación, Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y concretamente el art artículo 284 en la gestión de los delitos sin autor, que en determinados territorios no ha tenido el reflejo esperado en la posibilidad del control de causas por la fiscalía.

Por último, recuerdan que “la implantación de LEXNET, en territorio ministerio y en algunas comunidades autónomas, que ha traído de cabeza a los propios fiscales jefes y a las oficinas, complicando así la gestión de ambos obstáculos en el día”.


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