jueves,7 julio 2022
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El informe anual 2021 del emisor urge 7 tipos de reformas estructurales: empleo, FP,afrontar la desigualdad, tamaño empresarial, otros del gasto público y luchar contra el cambio climático.

Los hogares pobres sufren más la crisis y los ricos especulan al deber casi un 50% más de lo que valen sus activos, según Banco de España

Los hogares pobres son los que más sufren la crisis, debido a que afrontan mayor inflación, al dedicar mayor parte de su renta a la energía y los alimentos, productos que suben por la inflación casi el doble que los consumidos por las personas de mayor renta y riqueza, endeudadas además para especular, pues sus deudas siguen siendo casi un 50% superiores al valor de los activos, con riesgo para ellos y el sistema financiero. Estos son algunos de los mensajes del 'Informe anual 2021' del Banco de España, que pide un pacto de rentas para evitar la espiral inflacionista y urge siete tipos de reformas estructurales para crear empleo, elevar la formación y capital humano, afrontar la desigualdad, aumentar el tamaño empresarial, sacar más provecho a las ayudas europeas, controlar el gasto público y luchar contra el cambio climático.

La desigualdad no solo afecta a personas y hogares, sino a empresas, según este ‘Informe anual 2021′ del Banco de España: En los sectores más afectados por la pandemia, el porcentaje de empresas con endeudamiento elevado se encuentra 7 puntos porcentuales más alto que en 2019.En cuanto a los hogares, la evolución favorable del mercado de trabajo y de las rentas también estaría contribuyendo a la recuperación de su situación económico-financiera. En todo caso, en el primer decil de riqueza neta, si bien la deuda sobre activos se habría reducido, las deudas seguirían siendo casi un 50% superiores al valor de los activol, lo que señalaría la vulnerabilidad financiera de este colectivo.

El texto de este Informe y el discurso de presentación de su gobernador piden una estrategia integral de reformas estructurales ambiciosas con vocación de permanencia, enunciando en concreto 7 retos que exigen grandes consensos políticos y sociales:

Impulsar la creación de empleo y de reforzar su estabilidad, reduciendo las tasas de desempleo y de temporalidad, especialmente a los jóvenes, un colectivo que, desde la crisis financiera global, también ha presentado una tasa de parcialidad creciente en el empleo no deseada: Reducir esta elevada precariedad es fundamental, pues tiene efectos económicos adversos en múltiples dimensiones. Por ejemplo, la precariedad en el empleo afecta al proceso de acumulación de capital humano de los trabajadores y, por esa vía, puede generar efectos muy persistentes sobre su carrera laboral. Desde la aprobación de la reforma laboral, la contratación indefinida se ha acelerado significativamente y la contratación temporal se ha reducido, pero aún es pronto para poder evaluar el impacto de la reforma laboral, una evaluación que, en cualquier caso, deberá realizarse en múltiples dimensiones: impacto sobre el empleo, dado que, en principio, la reducción de la temporalidad podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal.

-Formación e incremento del capital humano. Abordar este desafío es especialmente relevante en la coyuntura actual, en la que confluyen un intenso proceso de digitalización de la actividad económica, un acusado envejecimiento poblacional y distintos factores que pueden exigir una profunda reasignación sectorial de la actividad. En este sentido, el sistema educativo debe ser flexible y dar una respuesta decidida a los cambios en la demanda de formación que ya están teniendo lugar y que, previsiblemente, se intensificarán en los próximos años. Asimismo, aprovechar las oportunidades que plantea el proceso de digitalización exige incrementar las competencias digitales de la población, en especial de las personas mayores, de menor nivel educativo y de menor renta.

-Hacer frente a la desigualdad. Los niveles de desigualdad en España, que ya eran elevados antes del estallido de la pandemia, probablemente habrán aumentado como consecuencia de la crisis sanitaria, a pesar del importante papel mitigador que han desempeñado las políticas públicas. Para reducir los efectos —económicos y sociales— adversos que implican unos elevados niveles de desigualdad, son necesarios el despliegue y la evaluación continua de actuaciones públicas en dimensiones muy diversas. Por ejemplo, en el ámbito de la regulación del mercado laboral y en el de las políticas educativas. Pero también en materia de las políticas de rentas y de las políticas de vivienda. En particular, incrementar el nivel educativo de los colectivos más desfavorecidos es una estrategia muy efectiva para elevar sus ingresos, igualar las oportunidades laborales ex ante y mejorar las oportunidades de las generaciones futuras. En cuanto a las políticas de rentas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones que se prevén en la Ley, es necesario que las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital en nuestro país se sigan ajustando, de forma que este instrumento pueda cumplir eficazmente con su objetivo de erradicar la pobreza extrema y, en paralelo, se eviten efectos indeseados. Sin embargo, algunas medidas como el control de rentas, podrían no tener el efecto deseado o incluso, en el medio plazo, suponer efectos adversos.

Incrementar el tamaño empresarial, facilitar la reasignación sectorial y fomentar la innovación. Sería conveniente fomentar que las compañías de menor tamaño puedan acceder a una mayor diversidad de fuentes de financiación externa en condiciones más favorables y reforzar las políticas de apoyo a la innovación empresarial. Algunas iniciativas recientes parecen apuntar en la dirección correcta, como el Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que pretende impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas,la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. También la reforma de la Ley Concursal, que introduce cambios significativos en el ámbito concursal y preconcursal, y que podría contribuir a corregir parte de las ineficiencias que presentan los mecanismos de insolvencia actuales.

Sacar el máximo provecho a la ejecución del programa NGEU. El impacto económico a corto plazo del uso de estos fondos en 2021 fue inferior al incorporado en nuestras proyecciones macroeconómicas. En todo caso, una parte significativa del crecimiento económico esperado para este y los siguientes años depende crucialmente del potencial efecto multiplicador sobre la actividad del uso de los fondos NGEU. En este sentido, uno de los factores que más puede influir en la maximización de este impacto y, por tanto, en el éxito del programa NGEU en nuestro país es llevar a cabo una rigurosa selección de los proyectos de inversión que se han de financiar con cargo a este mecanismo. Si en el marco del programa NGEU se efectuara una adecuada selección de los proyectos, que se viera acompañada, además, de diversas reformas estructurales que redujeran las rigideces existentes en los mercados de productos y de trabajo, contribuyendo de esta forma reducir la tasa de paro estructural y a impulsar el avance de la productividad, la tasa de crecimiento potencial de la economía española al final de esta década podría llegar a situarse en el entorno del 2 %, casi 1 pp por encima de un escenario sin proyectos NGEU y sin reformas estructurales.

-Consolidación fiscal. Con una perspectiva de medio plazo, es preciso reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, lo que exigirá implementar con rigor un plan de consolidación fiscal plurianual, una vez que se hayan superado la pandemia y los efectos económicos adversos del conflicto en Ucrania. Si bien el necesario ajuste presupuestario se debe ejecutar de forma gradual, serían deseables la definición y la comunicación temprana de este plan integral, en el que han de participar todas las Administraciones Públicas (AAPP). Es necesario que la política de gasto de las AAPP sea objeto de una revisión exhaustiva, así como una revisión integral del sistema tributario español para lograr que las distintas figuras impositivas alcancen sus objetivos de la manera más eficaz y eficiente posible. Hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos.El Banco de España ha señalado durante los últimos años la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas —asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables—, así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas. Además, se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes detrabajadores.

Lucha contra el cambio climático y la transición ecológica hacia una economía más sostenible, los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Abordarlos de forma decidida implicará un profundo cambio estructural en nuestro modelo de crecimiento económico, que tendrá implicaciones muy relevantes en prácticamente todos losámbitos de la actividad. Este proceso transformacional presentará, previsiblemente, una incidencia muy desigual entre las distintas regiones, ramas dactividad, empresas y familias españolas, y podrá afectar de manera más intensa a algunos de los hogares y de las empresas más vulnerables. Los Gobiernos deben desempeñar un papel protagonista., damentalmente, a través de la imposición medioambiental, del despliegue de medidas compensatorias que mitiguen temporalmente los costes de la transición para los colectivos más vulnerables, de la inversión pública y de la regulación de la actividad económica. De nuevo, una respuesta plenamente europea para afrontar el reto global del cambio climático sería más eficaz y eficiente. En particular, además de con la coordinación impositiva, a través de la creación de un instrumento común de financiación europeo, que facilite la realización de las considerables inversiones comunes necesarias para cumplir los objetivos de cero emisiones netas y alejar los escenarios de riesgo climático, con independencia del espacio fiscal disponible en cada país. Avanzar, de la mano del sistema financiero, en la incorporación de las consideraciones climáticas en los marcos operativos de política monetaria, de
estabilidad financiera, de supervisión y de regulación es una prioridad en la actualidad y de cara al futuro más inmediato.

El sector financiero ha recuperado los niveles de rentabilidad previos a la pandemia, pero el 10% de los españoles con más rentas y riqueza sus deudas siguen siendo casi un 50% superiores al valor de Sus activos

Respecto al sector financiero,  el gobernador dijo que ha recuperado los niveles de rentabilidad previos a la crisis de la pandemia y se ha normalizado la actividad crediticia, pero en el 10 % de las mayores rentas españolas las deudas seguirían siendo casi un 50% superiores al valor de los activos, lo que señalaría la vulnerabilidad financiera de este colectivo.

Otros retos financieros citados fueron el ajuste de la capacidad
y la creciente competencia de empresas tecnológicas, así como los potenciales efectos negativos asociados a los riesgos climáticos y la fuerte expansión es el de los criptoactivos, representaciones digitales de valores y derechos con base en tecnologías de bases de datos descentralizadas. Añadió que su rápido desarrollo plantea riesgos relevantes si no se efectúa de manera segura, dentro de un marco regulatorio que mitigue los riesgos potenciale, entre ellos los de mercado, liquidez, operacionales, reputacionales y, sobre todo, los de conducta frente a los usuarios, por su falta de transparencia y de regulación.

«Es fundamental que las medidas de apoyo fiscal se diseñen de forma muy focalizada hacia los hogares y las empresas más vulnerables»

En la política fiscal, dijo que es imprescindible que, en el marco de una recuperación aún incompleta, la política presupuestaria ayude a contrarrestar los efectos adversos que la guerra en Ucrania supone sobre la actividad, y juzgó fundamental que estas medidas de apoyo se diseñen de forma muy focalizada hacia los hogares y las empresas más vulnerables.

En particular, en la coyuntura actual sería deseable centrar los esfuerzos en el apoyo a los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las empresas más vulnerables a esta nueva perturbación. Además de ser focalizadas, es importante que las medidas presupuestarias que se implementen tengan una naturaleza temporal y no supongan una distorsión significativa sobre las señales de precios. La necesidad de evitar una realimentación del actual proceso inflacionista es un argumento adicional para eludir un impulso fiscal poco selectivo y un uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto.

«La desindexación debe ser parte del pacto de rentas entre los agentes sociales, evitando fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia»

La desindexación debe ser parte del pacto de rentas entre los agentes sociales, que contribuiría a evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, que sólo agravaría los efectos nocivos que se derivan del episodio inflacionista actual y del conflicto bélico en Ucrania. En particular, a través de este pacto, empresas y trabajadores acordarían compartir la inevitable merma de renta para la economía nacional que implica el aumento de los precios de las importaciones de materias primas. A la hora de determinar las características concretas de este pacto de rentas, sería necesario atender al impacto asimétrico de las perturbaciones actuales entretrabajadores, empresas y sectores.

Dada esta heterogeneidad, se debe combinar la necesaria coordinación a escala nacional con mecanismos que permitan adaptar el acuerdo a las diferencias de productividad y de actividad que existen entre empresas y sectores. De igual modo, si hay segmentos de los hogares cuyas condiciones de vida se han visto particularmente afectadas de forma adversa por el encarecimiento de la energía, sería deseable que el pacto de rentas implicase una menor merma de recursos para estos agentes. En definitiva, estas consideraciones se traducen en la
necesidad de que un eventual pacto de rentas evite adoptar medidas excesivamente uniformes, que resultarían demasiado rígidas para algunos segmentos de agentes.

También sería deseable que se evitaran fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia. El objetivo es, precisamente, reducir el riesgo de que se desencadene una realimentación de incrementos entre los salarios y los precios. Además, sería conveniente que el pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales en lo relativo tanto a los incrementos salariales —donde las referencias nominales de la negociación deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos y estar inspiradas en la evolución prevista de la inflación subyacente— como a la protección del empleo. Asimismo, estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales.

Mientras la inflación baja en la eurozona del actual 7,5% al 2%, «el proceso de incremento de los tipos de interés debe ser gradual»

En el área del euro la inflación alcanzó un 7,5% el pasado mes de abril, lo que supone el valor máximo desde su creación. Aunque la mayor parte de este incremento se ha debido al repunte de los precios de la energía y, en menor medida, de los alimentos, la inflación subyacente también se ha elevado de forma apreciable. El consenso de las proyecciones macroeconómicas anticipa que la inflación se mantendrá elevada en los próximos meses, pero que, con posterioridad podrá reconducirse hacia el 2%

En una coyuntura particularmente incierta, estamos enfatizando que el proceso de incremento de los tipos de interés debe ser gradual. Se trata de evitar movimientos abruptos, que podrían ser particularmente perjudiciales en un contexto de elevada incertidumbre como el actual.Para poder adoptar este enfoque gradual, resulta fundamental que las expectativas de inflación se mantengan ancladas y que no se materialicen efectos indirectos y de segunda ronda de una magnitud que pudiera
poner en riesgo ese anclaje.

El gobernador destaca las propuestas de la UE para aumentar la autonomía de decisión y de acción en ámbitos tan relevantes como el energético, el tecnológico o el digital

Entre las principales iniciativas que en los últimos meses están
despertando un creciente interés en el debate institucional europeo, el gobernador destacó al presentar el informe anual del Banco de España las propuestas de la UE para aumentar la autonomía de decisión y de acción en ámbitos tan relevantes como el energético, el tecnológico o el digital.  Sería deseable que, sobre la base de la experiencia acumulada con el programa NGEU, hubiera una respuesta fiscal común frente a los retos que supone la guerra en Ucrania, incluida la mutualización del gasto público necesario para afrontar sus efectos sobre las economías de los EEMM.

Tras referirse a la elevada disparidad también de los desequilibrios presupuestarios actuales en los EEMM, dijom que exigiría un enfoque más individualizado de las reglas, simplificarlo y  combinar una regla de crecimiento del gasto público con el ancla en el criterio de la ratio de deuda pública sobre PIB.

Otra área en la que dijo resulta indispensable avanzar es la ampliación de los canales —públicos y privados— de compartición de riesgos en la UE: Necesitamos un mecanismo de estabilización macroeconómica permanente en la UEM que complemente la labor de la política monetaria, para lo cual debería tener una dotación suficiente, así como capacidad impositiva y de endeudamiento.

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