domingo,29 mayo 2022
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Hasta 14 de cada 20 euros que genera su labor salen solo en el IBI, pese a que cada inspector aporta un millón de euros al año

Los inspectores fiscales denuncian externalización y fraude de sus servicios en ayuntamientos de «todos los colores»

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) criticó este jueves la externalización de servicios por parte de ayuntamientos de"todos los colores políticos", práctica fraudulenta que acumula sentencias en contra desde hace años; la anulación del impuesto de plusvalía, "una auténtica amnistía fiscal, entre comillas, para aquellos que habían defraudado entre 2018 a 2021", y también la falta de recursos y autonomía. Así, están desbordados y centran hasta 14 de cada 20 euros que genera sus labores solo en el IBI, desatendiendo otros impuestos o actividades por las que preguntó Ibercampus:: la especulación, carestía y falta de oferta para construir en parcelas cedidas por ayuntamientos a constructoras a cambio de urbanización y otros especuladores que no venden durante años a la espera de mayores precios, o el hecho de que apenas 200 de los 8.000 municipios desgravan parte de la la inversión de familias en placas solares de autoconsumo, en línea con los intereses del oligopio eléctrico; "nuestros límites y marco son el tributo local, eso es cosa de la política municipal y excede nuestra labor", respondieron el presidente y vicepresidente.

Pese a que un inspector local puede generarar al año un millón de euros en ingresos por el fraude fiscal a los municipios, coste por tanto mínimo respecto al coste de la Plaza, la razón de esta externalización masiva se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario”, declaró Arturo José Delgado, presidente de la ANIPHL, quien con el vicepresidente Antonio Arenales participó en el encuentro Una visión de la Reforma Fiscal desde la óptica de la Hacienda Local, organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Arturo José Delgado precisó que estas prácticas se llevan a cabo en ayuntamientos “de todos los colores políticos”, que traspasan líneas rojas al suscribir contratos no muy distintos -cuando no iguales- a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial. Las empresas que llevan a cabo estas tareas pueden cobrar unas comisiones de hasta el 35%, y su trabajo no se limita a asistir a los funcionarios, sino que llegan incluso a conocer los planes reservados de la Inspección, e incluso -más grave todavía- los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección. Son prácticas ya juzgadas fraudulentas por distintos tribunales.

Los representantes de la ANIPHL denunciaron la situación de “grandes olvidadas” de las haciendas locales dentro del sistema tributario español, y de la obsolescencia de su estructura. “La tributación local mantiene un diseño del siglo XIX. Estamos con un planteamiento preconstitucional, pero no del régimen anterior, sino de hace dos siglos”, declaró su presidente.

Esto se hace notar en una excesiva tutela estatal que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección de los mismos, como en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) puesto como ejemplo por Antonio Arenales: el fraude se produce cuando los contribuyentes lo comunican a la Agencia Tributaria, pero esta no presta mucho interés, porque no es un impuesto suyo. Los recibos que se emiten son incorrectos porque no se ajustan a la realidad.

La Plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) son otros tributos locales que la ANIPHL señaló como situados en “una inseguridad jurídica permanente”.

Los inspectores de hacienda pública local critican que los tributos municipales mantengan «un diseño del siglo XIX», basado en algunos casos en la reforma de 1845 aunque con otros nombres, y abogan por un análisis «global, valiente e imaginativo» que quizá dé lugar a un sistema tributario «completamente distinto». Asi, las entidades locales y sus inspectores fiscales trabajan con impuestos que apenas suman entre 20.000 y 25.000 millones de euros de recaudación anual, más de 14.000 procedentes solo del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Delgado señalo como «uno de los más graves problemas» la externalización en empresas privadas de la inspección tributaria municipal y, en consecuencia, de la lucha contra el fraude fiscal, a través de una «contratación presuntamente fraudulenta» por parte del ayuntamiento que disfrazan como «apoyo y asistencia» lo que en realidad es una «sustitución de la labor completa de inspección» pública: Esta práctica subsiste todavía, con el riesgo que supone dejar una base de datos muy importante en manos privadas, aunque hace años estas empresas estaban más extendidas y en ocasiones llegaron a cobrar comisiones «desproporcionadas», en algunos casos de cerca del 80 % del fraude detectado.

Entre los que han denominado «agujeros negros en la inspección local», en relación a «posibles situaciones fraudulentas», incluyeron también la modificación de la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocida como plusvalía municipal- tras la sentencia ddel Tribunal Constitucional, una auténtica amnistía fiscal, entre comillas, para aquellos que habían defraudado entre 2018 a 2021, a los que no se puede cobrar el impuesto (de plusvalía) ni aún con la nueva normativa.

‘Paraísos fiscales’ en ayuntamientos con pocos cientos de habitantes pero con «decenas de miles» de vehículos registrados

También han incluido en esos «agujeros negros» el «tema estrella de los paraísos fiscales» en que se han convertido determinados municipios que cobran tipos muy reducidos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), en algún caso localidades de pocos cientos de habitantes pero con «decenas de miles» de vehículos registrados por parte de empresas de alquiler y renting.

Para los responsables de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, el problema es que la administración, «conociendo ese problema desde hace décadas», no cambia simplemente que el obligado al pago del impuesto sea el domicilio fiscal de la empresa y no «cualquier pequeña sucursal que puede ser fingida»

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