viernes,21 enero 2022
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Grandes empresas, bancos y aseguradoras podrán así publicar sus indicadores de impacto con ese lavado verde y social

Los lobbies europeos logran calificar de sostenible la energía nuclear y del gas, además de eludir salvaguardas sociales

Los lobbies europeos han logrado calificar de sostenible aunque no sea realmente verde o ecológica la energía nuclear y del gas, con apoyo de Francia, que produce la mayoría de su electricidad mediante la fisión del átomo, y el rechazo de España. Los grandes grupos de interés también han conseguido eludir la dimensión social incluida en el concepto de sostenibilidad del proyecto de la Unión, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Grandes empresas, bancos y aseguradoras podrán así publicar los indicadores de la proporción e impacto de sus actividades clasificadas como sostenibles con esos lavados verde y social de sus actividades.

El Reglamento de taxonomía (2020/852) obligará a las grandes empresas, bancos y aseguradoras a publicar indicadores de la proporción de sus actividades clasificadas como sostenibles. Entró formalmente en vigor el 20-7-2020, a fin de sustituir al previo Reglamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Aunque el nuevo Reglamento define criterios armonizados para calificar una actividad económica como ambientalmente sostenible,  la Comisión Europea y las autoridades europeas de supervisión quedaron encargadas de completar la normativa con actos delegados y normas estándares de regulación.

Desde entonces aumentó la intensidad de las reuniones de los grupos de trabajo especializados y de los lobbies, sobre todo en dos aspectos principales: el de la energía nuclear y el gas y el de los indicadores o al menos salvaguardas sociales. En el primero se supo este fin de semana que la Comisión ha resuelto finalmente en el proyecto enviado a los Estados miembro considerar la energía nuclear y el gas como energías verdes o ecológicas, ante lo que España ha expresado este domingo su rechazo. En cuanto a los indicadores o salvaguardas sociales, quedan por ahora y nuevamente pendientes de definición, pese a las reiteradas promesas de la Comisión en el sentido de que se aprobarían y entrarían en vigor antes e acabar el año 2021.

La Taxonomía Europea es un sistema de clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles. Forma parte del plan europeo de finanzas sostenibles, que dictaminó el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en 2018 siendo ponente Carlos Trías Pintó (miembro del Consejo Editorial de Ibercampus), junto al posterior Pacto Verde Europeo o Green Deal. Esta clasificación determina qué se considera sostenible y qué actividades lo son, aunque entre los acalorados y largos debates se ha relegado el original concepto de sostenibilidad como resultado de tres dimensiones (medioambiental, social y económica), a fin de evitar el impacto o dimensión social.

El Plan de Acción para una economía más ecológica y limpia publicado por la Comisión Europea en marzo de 2018 establece las estrategias para que el sistema financiero respalde la agenda de la UE relativa al clima y el desarrollo sostenible. Sus objetivos eran que, gracias a esta hoja de ruta, los inversores tendrían más seguridad a la hora de invertir en actividades sostenibles. Además, ayudaría a las empresas a planificar la transición hacia una economía alineada con los objetivos de Europa para 2030.

La Comisión elaboró para ello una lista de actividades ambientalmente sostenibles, con ayuda de un grupo de expertos técnicos en finanzas sostenibles (TEG). Pero todos los objetivos de sostenibilidad de la Taxonomía Europea están relacionados, de una u otra manera, con la naturaleza, como reconocen los bancos, sin que aparezca para nada hasta ahora la dimensión social de la sostenibilidad, pese a los compromisos internacionales y legales de carácter interno asumidos por la Unión Europea.

En efecto, dentro de las 31 páginas que ocupó en los boletines oficiales el citado Reglamento de Taxonomía, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, los objetivos o dimensiones sociales de la sostenibilidad aparecen citados hasta 18 veces, en concreto en el considerando 4 sobre su alcance jurídico, que dice textualmente:

La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión, y el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reflejan las dimensiones social y medioambiental del proyecto.

Previamente, el considerando 2 del mismo texto legislativo enmarca también así la dimensión social en los compromisos internacionales de la UE:

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 2030»). La Agenda 2030 se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad, a
saber: económica, social y medioambiental. La Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible vincula los ODS al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya
de partida dichos objetivos. En sus Conclusiones de 20 de junio de 2017, el Consejo confirmó el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, en estrecha cooperación con sus socios y otras partes interesadas. El 11 de diciembre de 2019, la Comisión publicó su Comunicación sobre el «Pacto Verde Europeo».

Pese a todo ello, la taxonomía, como posteriormente los actos delegados de la Comisión, han olvidado el aspecto social para limitarse a considerar que una actividad es sostenible desde un punto de vista ambiental si cumple con alguno de los siguientes objetivos:

  • mitigación del cambio climático,
  • adaptación al cambio climático,
  • uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos,
  • transición hacia una economía circular,
  • prevención y control de la contaminación, o
  • protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Con este análisis la banca dice a sus clientes empresariales que aumentan la información que obtenemos de cada proyecto, a fin de saber cómo contribuye a los ecosistemas y el retorno económico para la compañía. 

Un primer acto delegado dela Comisión sobre actividades sostenibles para los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático se aprobó en principio el 21 de abril de 2021 y se adoptó formalmente el 4 de junio de 2021 para el escrutinio de los colegisladores. En 2022 se publicará un segundo acto delegado para el resto de objetivos.

La publicación de ese primer acto delegado fue acompañada por la adopción de una Comunicación de la Comisión sobre Taxonomía de la UE, informes de sostenibilidad empresarial, preferencias de sostenibilidad y deberes fiduciarios: dirigir las finanzas hacia el acuerdo verde europeo,  que tenía como objetivo transmitir mensajes clave sobre cómo las finanzas sostenibles caja de herramientas facilita el acceso a la financiación para la transición. Esta Comunicación se basa en el informe de financiación de la transición adoptado por la Plataforma de Finanzas Sostenibles en marzo de 2021.

El 6 de julio de 2021, la Comisión adoptó el acto delegado que complementa el artículo 8 del Reglamento de Taxonomía para su control por parte de los colegisladores. Este acto delegado especifica el contenido, la metodología y la presentación de la información que deben divulgar las empresas financieras y no financieras sobre la proporción de actividades económicas ambientalmente sostenibles en sus negocios, inversiones o actividades crediticias.

Tras el acuerdo político sobre el Reglamento sobre taxonomía entre los colegisladores, en 2020 la Comisión puso en marcha un trabajo en profundidad para evaluar si incluir o no la energía nuclear en la taxonomía de la UE de actividades medioambientalmente sostenibles. Como primer paso, el Centro Común de Investigación, el servicio interno de ciencia y conocimientos de la Comisión, redactó un informe técnico sobre los aspectos de la energía nuclear de «no causar daños significativos». Esta publicación es un informe Science for Policy del CCI, cuyo objetivo es proporcionar apoyo científico basado en pruebas para el proceso de elaboración de políticas europeas. El informe científico no implica una posición política de la Comisión Europea. Este informe ha sido revisado por dos grupos de expertos, el Grupo de Expertos en protección radiológica y gestión de residuos en virtud del artículo 31 del Tratado Euratom, así como el Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes sobre impactos ambientales.

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