Los tratados comunitarios respetan la organización interna de los Estados miembros de la UE siempre que se garantice la democracia. El Tratado de Reforma de Lisboa –actualmente en proceso de ratificación por los Estados-, en su art. 4.2, es bien claro al respecto: "La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro".
Esta es la razón por la cual conviven en la Unión Estados muy centralizados como son los casos, por ejemplo, de Francia o de Portugal, junto con otros muy descentralizados de los que también son buenos ejemplos Alemania y España.
En el proceso de integración europeo, las regiones se conciben como una división administrativa que afecta fundamentalmente a la cohesión económica y social pero, afortunadamente, sin ninguna otra connotación política. Se esté de acuerdo o no, la UE que se está construyendo no es la Europa de los pueblos o la de los ciudadanos, sino la de los Estados. Los Estados constituyen el soporte de la integración ya que son las partes contratantes en los tratados, los que atribuyen competencias a la Unión y los que dirigen la extensión y profundidad del proceso. Y así es previsible que continúe en el futuro porque los tímidos avances hacia una Europa federal que podían intuirse en el Tratado de Maastricht o en el fenecido Proyecto de Tratado sobre la Constitución para Europa, han quedado laminados por muchos años por el nuevo Tratado de Reforma de Lisboa.
En la construcción europea las regiones no son entidades políticas sobre las cuales se vertebre o se proyecte vertebrar el futuro de Europa. La historia europea demuestra con suficientes hechos que ello significaría la negación de la integración, el camino hacia la destrucción de Europa y la vuelta a los conflictos del pasado. Como ya dijera F. Mitterrand –un ferviente nacionalista en su juventud y posteriormente un gran europeísta al que debemos mucho- en su discurso de despedida en el Parlamento Europeo en los inicios de 1995: el nacionalismo es la guerra. Y ciertamente, el nacionalismo es el cáncer político y económico de los Estados que lo padecen y el caldo de cultivo de las demagogias, los conflictos y los odios. Sobre los nacionalismos no se puede construir nada aunque sí se puede destruir todo.
Los nacionalismos son alentados por determinados políticos que exacerban a los pueblos buscando su privilegio personal y el de su clase social. No cabe distinguir entre nacionalistas de derechas y nacionalistas de izquierdas, porque todos, cualquiera sea la cara que adopten, son igual de retrógrados. Bajo la bandera de una supuesta defensa de una cultura propia –como, por ejemplo, el idioma-, que los nacionalistas defienden como diferente y por supuesto superior a las demás, sólo buscan el privilegio económico.
Los nacionalistas destacan por su insolidaridad. Para justificar sus reivindicaciones, suelen esgrimir como prueba que las balanzas fiscales son desfavorables para su territorio; es decir, que la diferencia entre lo que aporta su región en concepto de tributos al presupuesto del Estado central es mayor que lo que reciben del mismo vía gastos. A este preceder hay que responder que la metodología que utilizan en su elaboración se fundamenta, entre otras muchas componendas, sobre una gran falacia económica: considerar el territorio como base de los tributos. Olvidan que los sujetos de los tributos son las personas (físicas y jurídicas) y no los territorios.
Por otra parte, las diversas e imprecisas metodologías sobre las que sustentan la elaboración de las balanzas fiscales sólo reflejan una parte del conjunto de las relaciones económicas que existen entre la región objeto de análisis y el entorno tomado comparación. Si se considerasen todas ellas, lo cual exigiría aplicar la metodología de la balanza de pagos, los resultados probablemente serían muy diferentes.
Una información errónea e interesada que los políticos nacionalistas transmiten a los ciudadanos es que la independencia de su región del Estado al que pertenece, es compatible con la continuidad de la misma como miembro de la Unión Europea. Eso es justamente lo que pretendían como objetivo final el -amable- Estado asociado del País Vasco a España que se inventó Ibarreche y el no menos original Estatuto de Cataluña de Maragall –Cataluña es una nación- aprobado por Parlamento de Cataluña y que fue suavemente maquillado por el Parlamento español. Ambos compartían la misma finalidad: una independencia encubierta de ambas regiones de España, sin perder sus privilegios en el Estado y sin cuestionase su continuidad en la Unión Europea.
Al margen de que ambos supuestos choquen frontalmente con la Constitución española, su pretensión de permanencia en la UE es incompatible con los tratados en vigor. Si en alguno de los Estados hoy miembros de la Unión se produjera la independencia de cualquiera de sus regiones, el nuevo Estado independiente no podría continuar siendo miembro de la Unión. Pasaría a ser considerado como un país tercero y por lo tanto vendría obligado a solicitar su ingreso en la Unión; y para ser admitido, se requiere la unanimidad de los Estados miembros. No sirven de ejemplos los casos de Chipre, la ex Checoslovaquia o la ex Yugoslavia, que se han desmembrado como Estados y los nuevos que han surgido se han integrado o se integrarán en un futuro en la UE. En todos esos casos, la separación se ha producido antes de la entrada en la UE.
