En rueda de prensa, el conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, ha explicado que la normativa "dialogada y consensuada" con todo el sector académico deja hasta un período de dos años para que se presente esta acreditación, que podrá hacerse desde cinco vías distintas según cada caso. Se trata del nivel que alcanzan los estudiantes al finalizar la Secundaria, de modo que una "inmensidad" de profesores lo tiene.
"Garantiza los derechos lingüísticos de los estudiantes y mejora la calidad del sistema", ha aclarado Huguet, añadiendo que es de "lógica" que un profesor que da clase, por ejemplo, en inglés, deba demostrar que lo sabe. De hecho, ha apuntado que más de 2.000 profesores de la categoría de personal docente investigador (PDI) han acreditado que saben catalán desde 2004 con hasta un 90% de éxito en los cursos de catalán.
Los profesores que ya trabajan en la universidad no deberán acreditar este conocimiento, salvo si desean participar en nuevos procesos de selección dentro de la universidad. Quedan exentos de la normativa los visitantes, los eméritos y los que desarrollen actividades honorarias.
El decreto también afecta a los profesores extranjeros, quienes deberán acreditar el conocimiento suficiente de castellano y de catalán, así como aquellos que enseñen una tercera lengua, como el inglés. Ambos colectivos tendrán dos años para aprender el idioma. Para Huguet, Cataluña se sitúa en el nivel de países como Suecia, Holanda y Dinamarca en la exigencia de idiomas "de baja difusión".
Después de la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogcs) cada universidad tendrá seis meses para desarrollar una normativa interna en la que, en el marco de su autonomía, despliegue el decreto y decida con qué nivel de "flexibilidad" aplicarán la norma.
Cuestión de dinero
En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación universitaria, el conseller Huguet ha dicho que las universidades más multilingües obtendrán más dinero en el capítulo de objetivos variables de docencia. "Cuantas más clases en inglés o más normalización lingüística en catalán, más dinero", ha resumido.
De hecho, un paquete de 25 millones de euros a repartir entre las públicas está en juego en el marco del Plan de mejora 2006-2010 entre aquellas universidades que alcancen los objetivos lingüísticos. Está será una vía de control de la aplicación del decreto.
Este decreto ya se había presentado en forma de acuerdo en el seno del Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) celebrado en noviembre de 2009, y hasta este martes se ha estado debatiendo con el sector el concepto de "nivel de suficiencia" y encontrar un punto de equilibrio, ha explicado. Ahora, la propuesta cuenta con el apoyo de los rectores, ha defendido Huguet.
Actualmente, las universidades de Barcelona (UB), Autònoma (UAB), Pompeu (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira (URV) y Vic (Uvic) cuentan con planes de usos lingüísticos, mientras que la Politècnica (UPC), loa Oberta (UOC), la Ramon Llull (URL), la Internacional (UIC) y la Abat Oliba (UAO) no lo tienen.
