Los 76 rectores integrados en CRUE Universidades Españolas han acordado una estrategia para trasladar al Congreso de los Diputados y al Gobierno central la necesidad de situar los "problemas" de la universidad "en primera línea de debate y preocupación", mediante un Pacto de Estado que dé respuesta a la "situación de urgencia de la vida universitaria". La organización espera que este acuerdo pueda sustanciarse en una nueva ley de universidades o en una "reforma profunda" de la actual.
Así lo ha explicado el presidente de la Conferencia de Rectores y titular de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, en rueda de prensa en La Nau de València tras la Asamblea General Ordinaria, acompañado por el rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, como institución anfitriona del encuentro.
La CRUE ha dado luz verde a los puntos clave de su agenda política para 2018. Entre ellos figuran la exigencia de mayor financiación estatal para las universidades, el desarrollo de medidas que mejoren la situación actual del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las tasas universitarias y un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.
La hoja de ruta de la interlocutora de 76 universidades españolas pasa por dos ejes: el "fortalecimiento" del sistema universitario de España y también de las comunidades universitarias. Para conseguirlo, trasladará a los agentes sociales -consejos de universidades, empresarios, sindicatos y otras organizaciones– su propuesta para alcanzar un "consenso" que permita reclamar al Congreso ese Pacto de Estado. "No hay futuro en España si no hay un buen futuro para la universidad", ha subrayado Fernández al respecto.
El presidente ha insistido en la voluntad de la Conferencia de Rectores de que "la universidad sea un tema de debate fundamental" y el Gobierno tenga en cuenta su "situación complicada y difícil", derivada de problemas tanto estructurales como "urgentes". La organización se ha ofrecido así a presentar un informe anual ante la cámara baja sobre los avances y problemas de la universidad española.
En materia de financiación, la CRUE defiende el establecimiento de criterios mínimos a nivel estatal para asegurar la suficiencia de las universidades públicas, teniendo en cuenta tanto la actividad docente como la investigadora. Pide así aumentar el porcentaje real del PIB destinado a I+D+i, medidas para alcanzar los objetivos de inversión privada y el desarrollo del sistema de mecenazgo, dado que "a estas alturas no hay una ley que permita ejercerlo con garantías, con beneficios fiscales", ha lamentado Fernández.
Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer el sistema universitario, la Conferencia también ve necesario que los claustros y consejos sociales cuenten con "mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un marco estatal mínimo de regulación".
Por otro lado, la Asamblea de la organización ha abordado el desarrollo de una 'Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020' para, entre otras cuestiones, aumentar las incorporación de estudiantes y profesores extranjeros mediante el fomento de la oferta de títulos bilingües.
"Plena reposición" de las plantillas
Respecto a la situación del personal universitario, CRUE se ha marcado como objetivo conseguir la "plena reposición" de las plantillas y la estabilización de los trabajadores temporales, además de mejorar los sistemas de evaluación y acreditación, definir la carrera investigadora y una reserva de plazas tanto para investigadores como para el Personal Docente Investigador (PDI) y el de Administración y Servicios (PAS) con discapacidad.
En cualquier caso, Fernández ha defendido la necesidad de abordar la problemática de los trabajadores "con una visión de conjunto" y ha asegurado que la Conferencia pondrá encima de la mesa su situación cuando traslade al Gobierno los problemas de las universidades.
Minimizar los efectos de la LOMCE
Para los estudiantes, la organización reclama una bajada de las tasas públicas, un aumento el número de becas y la eliminación de barreras con calificaciones superiores al 5 -de nota sobre 10-, para defender los intereses de los universitarios y la "igualdad de oportunidades". Otras medidas que defiende son "minimizar los efectos de la aplicación incompleta de la Lomce", nuevas políticas de empleo para los egresados, revisar las condiciones del seguro escolar y elaborar un nuevo reglamento disciplinario del estudiante.
La CRUE se ha fijado como meta combinar el nivel de entrada actual de estudiantes al sistema universitario español con una mayor excelencia académica, para lo que tratará de "velar siempre por que la equidad social sea un elemento fundamental" y estará "en permanente alerta" de las matrículas y las becas. En definitiva, "que no haya un estudiante con capacidad y ganas que se quede fuera por cuestiones económicas", ha enfatizado Fernández.
Nueva Selectividad y mayor autonomía política y gestora
El presidente de la CRUE ha valorado satisfactoriamente las características que tendrá la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad -con un diseño similar a la del año pasado y a la antigua Selectividad y fechas más ajustadas al curso académico-, tras la aprobación reciente de la orden.
"En general no ha habido inquietud" entre las universidades, ha asegurado, para calificar la prueba de "muy continuista" y destacar que es "ampliamente sentida por los rectores como muy satisfactoria". Ha recordado, eso sí, la "actuación muy decidida" de la CRUE durante el curso pasado para alcanzar este acuerdo que "se ha mantenido" por parte del Ministerio de Educación, con el que ha subrayado que la organización ha estado "en diálogo permanente".
Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer el Sistema Universitario Español, el presidente de Crue Universidades Españolas señaló que «los claustros y los consejos sociales necesitan mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un marco estatal mínimo de regulación que ordene el Sistema Universitario Español», subrayó Roberto Fernández.
Respecto de la mejora de la financiación del Sistema Universitario Español, el presidente de Crue Universidades Españolas puntualizó que «el dinero no lo arregla todo. Pero sin dinero se pueden hacer pocas cosas», y por ello pidió «el establecimiento de criterios mínimos a nivel estatal para asegurar la suficiencia financiera de las universidades públicas, teniendo en cuenta todas las funciones a desarrollar por la universidad, singularmente la docente y la investigadora; el incremento del porcentaje real del PIB destinado a I+D+i; el establecimiento de políticas para alcanzar los objetivos de inversión privada; y el desarrollo del sistema de mecenazgo». En este último punto, Roberto Fernández lamentó que «a estas alturas no exista una ley de mecenazgo que permita poder ejercerlo con garantías, con beneficios fiscales».
Como punto final de la revisión del marco legal, el presidente de Crue Universidades Españolas ofreció la presentación voluntaria de un informe anual ante las Cortes sobre los avances y problemas de la Universidad.
En el apartado de «fortalecimiento de las comunidades universitarias», el presidente de Crue Universidades Españolas reclamó «la reducción de las tasas públicas, un aumento del número de becas y la eliminación de barreras con calificaciones superiores al 5» para defender los intereses de los estudiantes y la igualdad de oportunidades.
Además, Roberto Fernández pidió «políticas de empleo de los egresados, minimizar los efectos derivados de la aplicación incompleta de la Lomce, revisar las condiciones del seguro escolar y la elaboración de un nuevo reglamento disciplinario del estudiante». Sin dejar el apartado de fortalecimiento de las comunidades universitarias, Roberto Fernández indicó igualmente que, dentro del desarrollo de políticas de personal, se marcará como objetivo «mejorar los sistemas de evaluación y acreditación del profesorado, definir la carrera investigadora en las universidades, conseguir la plena reposición de las plantillas y la estabilización del personal temporal, así como la reserva de plazas para personal investigador, PDI y PAS con discapacidad.
También adelantó el presidente de Crue el desarrollo de una «Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020» que busque, entre otras cosas, «aumentar la incorporación de estudiantes y PDI extranjeros». Uno de los canales para conseguirlo será «el fomento de la oferta de títulos bilingües».
Finalmente, se aprobó el nombramiento de nuevos presidentes para las comisiones sectoriales de Asuntos Estudiantiles, Gerencias, Internacionalización y Cooperación, y Sostenibilidad:
Crue-Asuntos Estudiantiles estará presidida a partir de ahora por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, que sustituye a José Orihuela, rector de la Universidad de Murcia.
Julio Abalde, rector de la Universidade da Coruña, ocupará la presidencia de Crue-Gerencias, en sustitución de Franciso Mora, rector de la Universitat Politècnica de València.
La sectorial de Internacionalización y Cooperación de Crue Universidades Españolas estará desde hoy bajo la presidencia de Joan Elías, rector de la Universitat de Barcelona, que releva a Daniel Hernández Ruipérez, rector de la Universidad de Salamanca hasta diciembre 2017. El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda ocupará la presidencia de Crue-Sostenibilidad sustituyendo así a Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá.
