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Por primera vez el acuerdo firmar los vincula a la economía

Los salarios públicos subirán 1,75% este año, 2,25% en 2019 y del 2 % en 2020 con un plus de PIB

Foto de la firma del acuerdo Gobierno-sindicatos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF firmaron este viernes el segundo acuerdo para la mejora del empleo público de la legislatura. Recoge por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país. La parte fija del incremento salarial será del 1,75% este año, del 2,25% en 2019 y del 2 % en el año 2020.
Redacción 9 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
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La oferta salarial que estaba encima de la mesa el jueves era la presentada por el Gobierno en septiembre, que incluía una subida fija nominal del 5,25%, repartida en tres años (1,5% en 2018, 1,75% en 2019 y el 2% en 2020), más una variable que podría situar el alza en el 7,75%. En términos acumulados, la subida iría del 5,34% de la parte fija hasta el 8%.

Fuentes de CCOO señalaron el jueves que los avances logrados respecto a las condiciones de trabajo permitirán la recuperación de la negociación colectiva en las diferentes administraciones, para pactar cuestiones como la jornada semanal y la vuelta al cobro del cien por cien del salario durante las bajas por enfermedad desde el primer día.

Respecto al empleo, las partes daban prácticamente por cerrado el acuerdo que contempla aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios, consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta poder superar el 100% en los sectores prioritarios, y en algunos de ellos, incluso llegar al 115%, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El acuerdo en este sentido puede suponer la creación de empleo neto en el sector público por primera vez desde 2010.

De igual forma, se contemplaban varias mejoras en materia de jornada laboral para favorecer la conciliación, de forma que el colectivo de 2,5 millones de empleados de las administraciones podrá disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral, para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad, según informó CSIF. Otro de los puntos del acuerdo sería  la posibilidad de establecer la jornada de 35 horas semanales en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y la Administración, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.

Acuerdo final firmado 

Según se recoge en el propio texto del acuerdo finalmente firmado este viernes, reconoce la labor del personal al servicio de las Administraciones, su compromiso y su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general y a la mejora de la situación económica.El pacto rubricado éste viernes  se une así al alcanzado el 29 de marzo de 2017, incluyendo en el mismo un importante  compromiso en materia retributiva.

En las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se ha acordado un marco plurianual de incremento salarial (2018, 2019 y 2020) con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad. De esta manera, por primera vez un acuerdo en la Función Pública vincula la previsión de aumento de las retribuciones a la a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los próximos años

La parte fija del incremento salarial será del 1,75% este año, del 2,25% en 2019 y del 2 % en el año 2020.

A ello hay que sumar la parte variable que estará en función del crecimiento de la economía. Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al  2,5% en 2019 y 2020, la subida  sería de un 2,5% en 2019, y un 3% en 2020. 

En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%.

Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno en materia de crecimiento del PIB y además se alcanzan los objetivos de déficit en 2020, se llegaría al final del período un 8,79 % de incremento total de los salarios públicos.

Este incremento incluye los Fondos adicionales destinados a lo largo de los tres años de vigencia del Acuerdo a homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones. Estos fondos supondrán un incremento de la masa salarial de un 0,2% en 2018, un 0,25% en 2019 y un 0,30% en 2020.

Negociación colectiva, jornadas de trabajo y conciliación

La aplicación del pacto es especialmente favorable para las Administraciones Públicas que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que les devuelve la negociación colectiva en sus ámbitos de actuación.

Así, se mantiene la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada Administracíón Pública
pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias o especiales de trabajo. Se tendrán en cuenta en especial las jornadas a turnos, nocturnas, o especialmente penosas. Todo ello condicionado al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, así como no afectar al objetivo de temporalidad máxima del 8%.

En materia de conciliación laboral se prevé una bolsa de hasta un 5% de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o discapacitados. Esta parte de la jornada deberá ser recuperada por el personal al servicio de las Administraciones Públicas en los términos que acuerde cada Administración. Se regula, además, la posibilidad de jornada intensiva para cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.

Cada Administración podrá determinar el complemento retributivo a percibir durante la situación de incapacidad temporal, pudiendo alcanzarse un máximo del 100% de las retribuciones fijas. Se establece la necesidad de justificar adecuadamente las ausencias desde el primer día y la obligación de diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública junto con los datos de absentismo laboral (portales de transparencia).

En materia de Oferta de empleo público para 2018, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto tendrán un  100% de tasa de reposición en todos los sectores, más una bolsa del 8% para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. En el caso de las Corporaciones Locales, el refuerzo podrá ser de hasta el 10%.

Aquellas Administraciones Públicas que no hayan cumplido alguno de los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, más una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar.

Además, en todos los municipios habrá una tasa adicional del 5% si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local la tasa de reposición se eleva al 115%.

La cobertura de plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional podrá llegar hasta un 30% de las vacantes dotadas presupuestariamente, en determinados casos.

Por otra parte, se continúa con el proceso de estabilización de empleo público iniciado en 2017 y se amplía a los servicios de administración y servicios generales, de investigación, así como a otros servicios públicos.

También se posibilita la extensión de estos procesos al ámbito de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios, agencias y autoridades independientes.

Grupos de trabajo

Por último, el acuerdo contempla otras medidas de diálogo social como la coordinación para la aprobación de planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad o la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de Absentismo


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