En Alemania, los demandantes de empleo necesitados de asistencia pueden solicitar el seguro básico con el fin, entre otras cosas, de garantizar su subsistencia. Sin embargo, según el derecho germano, quienes se desplacen a Alemania con el único objetivo de beneficiarse de estas prestaciones o de buscar trabajo quedan excluidos. El objetivo es evitar que Berlín tenga que soportar una carga excesiva por las prestaciones sociales.
La sentencia se basa en una demanda presentada por una rumana residente en Leipzig que solicitó la ayuda social conocida como "Hartz IV". La oficina de empleo rehusó entonces darle la ayuda solicitada sobre la base de que la demandante no aceptaba ningún trabajo. El Tribunal Social de Leipzig elevó la demanda al Tribunal de la UE.
Este tribunal apuntó que la mujer no dispone de "suficientes medios para vivir" en el país y por ello, según el derecho europeo, no tiene derecho alguno a residir en Alemania y no puede acogerse a la ley contra discriminación de la UE. Cuando el período de residencia es superior a tres meses, la UE condiciona el derecho de residencia a que las personas que no ejercen una actividad económica dispongan de recursos propios suficientes.