jueves,18 agosto 2022
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La ganadería industrial, a debate durante los últimos años, se desarrolla en España sin ningún pudor, fomentando la despoblación de las zonas rurales.

Macrogranjas para la España vaciada

Consejera de Ibercampus, ex directora de Comunicación de la UAM, jubilado
Europa está reaccionado contra las explotaciones intensivas de animales, especialmente cerdos, donde malviven sometidos a todo tipo de vejaciones. Pero no solo los animales sufren las consecuencias de tan desastrosa superproducción, los pueblos circundantes tienen que soportar malos olores, proliferación de moscas y contaminación, a corto plazo, de los acuíferos.

Nadie querría vivir en un idílico pueblo donde la pestilencia se percibe hasta treinta kilómetros a la redonda. Alemania es el segundo productor de cerdos de la Unión Europea seguido muy de cerca por España; ambos países produjeron en 2020 cerca del 50 por ciento de carne de cerdo de toda la UE. Ambos países se encuentran a la cabeza de la producción de animales en macrogranjas en detrimento del pequeño ganadero.

Las explotaciones pequeñas están desapareciendo y la ganadería ecológica es prácticamente inexistente. Ante esta paradoja, los ciudadanos cada vez están más concienciados de consumir carne de calidad y, según varias encuestas, estarían dispuestos a pagar más por una carne de mayor calidad.

Nuestros vecinos franceses viven los debates sobre el modelo productivista en el campo como un desgarro íntimo, pues el prestigio y renombre de sus productos se basa en su calidad y, al mismo tiempo, su idea de soberanía alimentaria se apoya en la capacidad de producir a escala industrial, pues Francia es el primer país agrícola de la Unión Europea.

Así las cosas, en recientes sondeos, el 82% de los franceses sería partidario de acabar con la ganadería industrial. Otros países europeos como Reino Unido han realizado campañas contra la ganadería intensiva. Un informe encargado por el propio gobierno a una comisión formada por el sector agrícola, ganadero, la industria alimentaria, las universidades y el sistema público de salud, recomendó que se redujera el consumo de carne. El documento defiende que uno de los modos de reducir las emisiones de carbono es reducir el consumo animal.

Los holandeses, muy preocupados por la producción de animales a gran escala, han llevado a su gobierno a centrarse en la reducción de granjas y, desde 2019, el Ministerio de Agricultura subvenciona la clausura voluntaria de granjas cercanas a zonas pobladas para evitar problemas de olores.

En España, plataformas vecinales y asociaciones están luchando contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía -Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora y Ávila-. La preocupación de estos pueblos es el deterioro de la calidad de vida. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación. ¿Quién querría vivir en un pueblo con malos olores, moscas y agua contaminada?

Si se comparan municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una carga porcina intensiva -5.000 a 100.000 animales- con otros de población similar y sin macrogranjas, una mayoría absoluta de las primeras localidades pierden habitantes, por lo que está demostrado que se da una relación directa entre ganadería porcina industrial y despoblación.

Investigadores como Jorge Blanco (Demografía de la Universidad Complutense), explica que este tipo de industrias “transforman la economía de zonas rurales, que suelen estar basadas en la agricultura y la ganadería extensiva en una dirección que no repercute en la vida del pueblo, por lo que se elimina la riqueza asociada a actividades laborales diversas”.

En otra línea, la despoblación rural es achacable a la falta de oportunidades laborales en estas zonas, la carencia de servicios públicos, y una estructura demográfica con personas de avanzada edad. La instalación de macrogranjas no resuelve el problema laboral ni sirve para fijar habitantes porque, aunque pregonen que van a contratar a un montón de parados, en la práctica no es así, apenas contratan a dos o cuatro personas que no siempre son del municipio y no se instalan en él.

En España hay en la actualidad 1.380 municipios que concentran 4.000 macrogranjas destinadas a la cría y el engorde intensivo de aves de corral y de cerdos. Y siguen en marcha proyectos para la creación de nuevas instalaciones con capacidad de 40.000 aves y en el caso de cerdos, dos o tres mil madres productoras.

Tomando como referencia proyectos similares, las 3.000 cabezas (entre madres y verracos) y los 74.491 lechones que se producirían en la granja, consumirán 16 millones de litros de agua al año (equivalente al 40% del consumo de unos 1.000 habitantes del municipio), emitiendo 34 toneladas de amoniaco y 83 de metano al aire, además de generar el equivalente a 5,1 piscinas olímpicas de purín que se verterán en 122 hectáreas de cultivo (equivalen a 171 campos de fútbol) convirtiéndose en 26 toneladas de nitrógeno.

Las macrogranjas se han convertido en protagonistas de un debate en el que confluyen medioambiente, calidad de alimentos y bienestar animal. La gran cantidad de emisiones de metano es una de las implicaciones medioambientales más preocupantes de las macrogranjas a nivel mundial. Solo las macrogranjas de cerdos emitieron en 2019 cerca de 100.000 toneladas de metano, el 45 por ciento del total de las emisiones de metano de toda la ganadería porcina de España.

Esto ha provocado que la Comisión haya denunciado a España por aplicar de forma “deficiente” la directiva de nitratos. Los avisos comenzaron en 2015 y la denuncia ante el Tribunal europeo llegó en diciembre de 2021. La falta de protección de las aguas ante los vertidos de nitrato ha crecido tanto que el 25% del territorio español es vulnerable ante este tipo de concentración que se denomina “difusa”. Son más de 122 millones de hectáreas, más de la mitad de la superficie agraria útil de España, según el Ministerio de Agricultura.

Además, la concentración de una cabaña tan grande, especialmente porcina que supera los 30 millones de cabezas, ha hecho que España incumpla sistemáticamente los niveles permitidos de emisiones de amoniaco en la atmósfera. El porcentaje de zonas vulnerables por contaminación de nitratos de la ganadería y la agricultura sobre la superficie total de cada comunidad autónoma, arroja cifras muy elevadas en Aragón, con el 51% de la superficie, seguido por Castilla La Mancha con el 47,2%.

Solamente en la provincia de Cuenca, hay más más cerdos que habitantes, y continúan en marcha proyectos para la instalación de nuevas macrogranjas. Los datos no dejan lugar a duda, en 2020 había censados en la provincia 199.828 habitantes; por su parte el censo de cabezas de cerdo según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha era de más de 530.000 cerdos.

Plataformas como Pueblos Vivos luchan como organizaciones ciudadanas para parar este sector intensivo, si bien el ejecutivo considera a la ganadería como un sector estratégico para el desarrollo económico de la región, no ha de ser a consta de inundar de macrogranjas. Pues dan más problemas que beneficios. Donde se instalan, la población sigue bajando; sin agua limpia no hay vida, ni pueblos.

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