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POLÍTICAS
Lo destaca la Comisión UE junto a disparidad de indicadores

Madrid y Valencia,ejemplos de limpieza contra la corrupción para Europa ante estas elecciones 2019

Carles Desfilis, Valencia Extra

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunitat Valenciana han pasado los últimos 4 años de ser las dos regiones más corruptas de España a liderar la lucha antifraude, según el informe de la Comisión Europea para evaluar a España durante el presente semestre europeo. Sin contar los casos de carácter nacional, a Madrid se le atribuyen 67 de los casos de corrupción registrados hasta ahora y a Valencia 72.Los resultados electorales y el inicio de la nueva legislatura marcarán nuevas pautas a este asunto
Redacción / actualizada 21 de marzo de 2019 Enviar a un amigo
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En efecto, la disolución de las Cortes anunciada en febrero y que ha durado hasta esta semana alejó a España de la protección a los denunciantes por corrupción y otras iniciativas que ahora se podrian retomar. Al anunciar el presidente del Gobierno el 15 de febrero su intención de adelantar las elecciones generales al 28 de abril (un mes antes que las municipales, autonómicas y europeas de este 26 de mayo), España se ha alejado aún más de las prácticas e indicaciones europeas para dicha protección, marcados por una nueva directiva que le cita  como uno de los cuatro países miembros de la UE, junto Bulgaria, Chipre y Lituania, donde el nivel de protección de los denunciantes es más bajo. En marzo se alcanzó un acuerdo para que el alertador pueda salir de los canales internos de denuncia e ir a fiscalía . Las reglas aprobadas por el Parlamento Europeo en su pleno de este 16 de abril establecen estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones relativas a áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.

Dentro de unos dos años podrá ademas surtir efectos el hoy aún proyecto de directiva europea, según el cual el fraude, la corrupción y otras irregularidades dentro de organizaciones o empresas públicas o privadas amenazan gravemente el interés público, e incluso socavan los valores de la Unión Europea. Cita como ejemplo el informe europeo los principales escándalos de los últimos años y meses, desde las revelaciones de LuxLeaks hasta los papeles de Paradise y de Panamá, pasando por el Dieselgate o la consultora Cambridge Analytica. 

Los informes especializados recidentes (The Global Competitiveness Report 2017-2018 de la UE y The Cost of Non- Europe in the area of Organised Crime and Corruption, Annex II, del Parlamento Europeo) dejan en el aire la conclusión de que la corrupción es mal negocio para el territorio que la sufre, además de tener un elevado coste de financiación de la política de cohesión. Pero  España lidera las prácticas de corrupción en Europa según la propia UE, aunque Transparencia Internacional no lo ve. En las orientaciones de inversión sobre la financiación de la política de cohesión 2021-2027 para España,la corrupción aparece como el segundo de los 7 factores dañinos: simplificación de los procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, puesta en práctica de medidas mejoradas y más eficientes para evitar y combatir los conflictos de intereses, el fraude y la corrupción.

Dice respecto a la corrupción este informe europeo:

-"Las puntuaciones de España en los indicadores de lucha contra la corrupción se han mantenido relativamente estables durante los últimos años, pero existen amplias variaciones autonómicas en la calidad de la gobernanza. España obtiene una puntuación de 57 sobre 100 en el índice de corrupción del Informe de Competitividad Mundial de 2018, pero existen divergencias crecientes en los resultados de cada comunidad autónoma. España tiene una de las mayores variaciones regionales en el índice europeo de calidad de la gobernanza de 2017, que refleja la percepción y las experiencias de los ciudadanos en lo relativo a la corrupción y la medida en que califican sus servicios públicos como imparciales y de buena calidad en su región de residencia. España aún no cuenta con una estrategia nacional para evitar la corrupción, pero se han creado planes de prevención y agencias de lucha contra la corrupción en algunas comunidades autónomas o municipios (Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en el ayuntamiento de Madrid). La aplicación de las reformas de 2015 sobre transparencia, financiación de los partidos políticos, divulgación de patrimonio y conflictos de intereses está progresando, y se han presentado planes para abordar otras lagunas pendientes.

- El Consejo de Transparencia está tratando una cantidad importante de denuncias relacionadas con el acceso a la información, a pesar de los limitados recursos humanos (Entre 2015 y agosto de 2018, se registraron 15 392 solicitudes en el portal de transparencia. El Consejo admitió a trámite el 58 % de ellas e incoó un total de 95 procedimientos: www.consejodetransparencia.es). Finalmente, el Parlamento nombró a un director de la Oficina de Conflictos de Intereses en septiembre de 2018. La Oficina ha cooperado con organismos autonómicos similares, pese a la ausencia de mecanismos o instrumentos formales para canalizar esa cooperación. Se han publicado todas las declaraciones de patrimonio correspondientes al período 2014-2018 de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de altos funcionarios. En lo que respecta a otras categorías de funcionarios a escala central, autonómica y local, las normas sobre divulgación del patrimonio y conflictos de intereses siguen sin imponer obligaciones similares y no están racionalizadas en todos los niveles. Algunas comunidades autónomas han modernizado su regulación de los conflictos de intereses en los dos últimos años: Comunidad Valenciana (2016),  Navarra (2018) y Aragón (2017). Además, el Parlamento está debatiendo un proyecto de ley general contra la corrupción, que aborda diferentes aspectos, incluida la protección de los denunciantes, la tipificación del enriquecimiento ilícito y una posible excepción de los limitados plazos de instrucción recogidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-Contratación pública. El éxito de la nueva ley de contratación pública dependerá, en gran medida, del grado de ambición en su aplicación. La ley, que entró en vigor en marzo de 2018, tiene por objeto mejorar la competencia y garantizar la transparencia y los mecanismos de control efectivo en la contratación pública. Establece una nueva estructura de gobierno para la contratación pública española y la obligación de desarrollar una estrategia de contratación pública a escala nacional para, entre otros fines, luchar contra la corrupción, aumentar la profesionalización y fomentar la eficiencia económica.La nueva estructura de gobernanza establecida en la ley está en proceso de creación. El Comité de Cooperación, encargado de garantizar la cooperación de las autoridades centrales, autonómicas y locales en materia de contratación, fue creado en febrero de 2018. Se está creando la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Su presidente fue nombrado en julio de 2018. La Oficina goza de independencia funcional garantizada por ley, pero actualmente carece de los recursos suficientes para una realización efectiva de sus objetivos y está lejos de tener una posición prominente. Esto podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con otras instituciones y organismos. La elaboración y adopción de la estrategia de contratación aún están pendientes. La ley establece que la estrategia debe ser elaborada por el Comité de Cooperación, en el que están representados todos los niveles de gobierno y la oficina independiente. Las medidas propuestas en la estrategia tienen que estar basadas en un sólido análisis de los diversos problemas detectados durante la supervisión. Además, la implicación activa en la elaboración de la estrategia y la responsabilización en todos los niveles de gobierno es fundamental para la mejora de la contratación pública en toda España.

Los denunciantes critican la laxitud española: casos de corripción más recientes

Sin embargo, los denunciantes critican que, en España, desde la presentación en el Congreso por parte de Ciudadanos de su propuesta de ley anticorrupción “no parece haberse hecho nada al respecto exceptuando enmiendas en mayor o menor número por parte de todos los grupos”.  Pero ahora Ciudadanos y el PP, además de acercarse a Vox, han dejado fuera de sus programas electorales medidas contra la corrupción, de manera que solo Unidas Podemos y el PSOE prestan alguna atención a este asunto, aunque las diferencias PSOE-Podemos dificultan el Pacto Anticorrupción que propone Sánchez, según informo ibercampus.es​​​​​​. Tras esa comparación de los primeros programas electorales en aparecer hace dos semanas, eldiario.es informa que Casado y Rivera no hacen ninguna referencia en sus intervenciones y Sánchez hace alusiones genéricas a la corrupción, pese a que acabó tumbando al Gobierno de Rajoy.

"Han robado tanto que somos incapaces de citar todos sus 'Casos aislados', se decía recientemente. Los denunciantes y alertadores, que volvieron a concentrarse frente a las puertas del Congreso de Diputados el lunes 22 de abril para solicitar protección mediante la urgente aprobación de la Ley Integral de Protección al Denunciante, ponen el panorama peor que  la Comisión europea. Dicen incluso que es uno de los cuatro países de los 34 que componen la OCDE que no ofrece ningún tipo de protección legal a los filtradores de corrupción, según la Plataforma por la Honestidad, que impulsa un anteproyecto de Ley de Protección de Denunciantes.Se trata de una normativa que pretende instaurar un protocolo para que nadie tenga que pasar por aquello que han vivido denunciantes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura, miembros de la plataforma, que este martes se han reunido en abril representantes de PSOE, Podemos, Compromís y PNV. Tambien con Ciudadanos.

Entre los casos de corupcion más recientes en Valencia se citan además de Gurtell los de financiación ilegal del PP (2010) ligado al mismo (este caso acumula ocho años),. Contratos de Fitur (2010), Caso Cooperación (octubre 2010), Caso Brugal (julio 2010), Caso Emarsa (2011), Caso Valmor (mayo 2014), Caso Avialsa (29 de mayo de 2015), Caso IVAM,  Caso Palau (25 de enero de 2015),  Caso Taula (25 enero de 2016),  Fórmula 1 (2018), Visita del Papa (febrero de 2018).

Disparidad de indicadores financieros, sociales y digitales en el informe europeo interesado por la corrupción en España
En su reciente informe España 2019 de finales de febrero donde cita a Valencia y Madrid como ejemplos ante la corrupción, la Comisión Europea, al realizar un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, hace una docena de advertencias sobre la importancia del desarrollo digital y las vulnerabilidades ante el mismo de infraestructuras, educación y sanidad, tras constatar en general la mejora de indicadores financieros y el retroceso en buena parte de indicadores sociales desde 2012 o 2013 hasta 2018. 
Indicadores normalizados.Los indicadores normalizados incluidos en el informe de la Comisión Europea sobre España 2019 señalan que entre el 2013 y finales del 2018 se registraron mejoras en los ámbitos financieros, aunque no en los sociales, y algunos de estos últimos los pone en relación con que España no aprovecha el potencial de crecimiento digital. Ha seguido la concentracion bancaria (los cinco mayores bancos han elevado su cuota o % en los activos totales diez puntos, del 54,7% a cerca del 64% ), los indicadores de solvencia bancarios (la rentabilidad del capital ha pasado paulatinamente del 5,8% al 8,9% de 2018),  préstamos bancarios al sector privado siguían en negativo en % de variación interanual en 2018 y la deuda  externa bruta en % del PIB ha subido la pública del 41,2%al 48,4% mientras la privada ha bajado en estos 6 u´timos años desde el 52,4% al  40,9%. En cambio, la brecha de género en el empleo ha pasado del 9,6% en 2013 al 12,1% en 2018 en media de los tres primeros trimestres, ha crecido algo la desigual de renta pese a que han mejorado en general los indicadores del mercado de trabajo, pero  los indicadores de educación y formación (en este caso del 2013 al 2017) muestran retrocesos en sus ambitos princpales: el % de personas de 25-64 años que reciben educación o formación bajó del11,4% al 9,9%, y el % de la población de 30-34 años en posesión de un título de enseñanza superior ha retrocedido estos cinco años del 42,3% al  41,2%. Al mismo tiempo, el Gasto de la Administración Pública, por función (% del PIB) bajó de 2012 a 2016 en los tres principales destinos: protección social, del  17,6% al 16,8%, Salud del 6,2% al 6%, y educación del 4,2% al 4%. Mientras, creció el copago en la asistencia sanitaria (en % del gasto sanitario total del 22,8% en 2012 al 23,8% en 2016), las personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumentaron en % de la población total del 20,8% en 2012 al 21,6% en 2017,  mientras creció la tasa de personas empleadas en riesgo de pobreza en % de personas empleadas del 10,8% al 13,1% tambien de 2017, aunque bajó la proporción de la población que vive en hogares con baja intensidad laboral en % de las personas de 0-59 años desde el 14,3% al 12,8%.
-El apoyo al crecimiento sostenible en España exige inversiones para fomentar la innovación y la eficiencia de los recursos, promover las cualificaciones y la empleabilidad, mejorar la infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías y ampliar las conexiones energéticas con Europa, así como promover la calidad del empleo y la inclusión social. La formación de capital en España repuntó tras la crisis, aunque principalmente en el sector privado. Mayores inversiones —tanto públicas como privadas— en investigación y desarrollo, en particular en las pequeñas y medianas empresas, así como en la digitalización y la eficiencia de los recursos, reforzarían la competitividad y la capacidad de innovación de la economía, si estas inversiones se realizaran en sinergia con una inversión en cualificaciones (Página 4). y Cuadro C.2 (Principales indicadores del cuadro de indicadores sociales)
-España está avanzando en materia de digitalización, pero no aprovecha plenamente el potencial de crecimiento que ofrece. España es uno de los países de la UE con mejores resultados en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos digitales, pero todavía hay margen para seguir mejorando. A pesar de una mejora significativa de la infraestructura, la implantación de la banda ancha ultrarrápida sigue siendo baja. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, señalan a menudo la escasez de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación como un factor restrictivo para la producción (página 7). Afirmaciones ampliadas en la pag 73 en estos térmiunos: España tiene un número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación en su población activa inferior a la media de la UE (2,9 % frente al 3,7 %), y una de cada cinco empresas españolas (tanto grandes como pequeñas y medianas) declaran tener serias dificultades para contratar a ese tipo de especialistas. Además, las pequeñas y medianas empresas van a la zaga de las grandes en cuanto a digitalización, con la falta de conocimientos y cualificaciones técnicas entre sus trabajadores como principales barreras. En respuesta a esta situación, la estrategia Industria Conectada 4.0, adoptada en 2015, ha puesto en marcha varias actuaciones dirigidas a impulsar la digitalización entre las empresas (63). La Agenda Digital para España data de 2013, y tiene previsto actualizar su enfoque sobre problemas específicos. El Gobierno está trabajando en la Estrategia de Nación Emprendedora.
-Otras iniciativas de la Comisión que contribuyen a impulsar la transformación estructural de la economía: La acción piloto sobre la transición industrial ayuda a desarrollar una estrategia global para la transformación económica regional basándose en la estrategia de especialización inteligente, los clústeres empresariales y la digitalización de los planes de la industria de las regiones. La acción fomenta la cooperación interregional y la creación de cadenas de valor distribuidas por distintas regiones europeas, determina las oportunidades de colaboración y financiación a nivel europeo, nacional y regional, y promueve asociaciones regionales y de clústeres centradas en el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas en materia de políticas de innovación. Más información.(página 20)
-Mientras que los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, se sitúan en la actualidad claramente por encima de su media del período 2005-2017 (+ 0,7 puntos porcentuales) y los impuestos sobre la renta de las personas físicas son ligeramente superiores (+ 0,2 puntos porcentuales), las cotizaciones sociales (- 0,2 puntos porcentuales) y, en particular, los impuestos sobre los rendimientos de las sociedades (-0,4 puntos porcentuales) siguen por debajo de ese nivel. El proyecto de plan presupuestario de 2019 contenía medidas fiscales que, según las estimaciones de las autoridades, reportarían ingresos adicionales de en torno al 0,6 % del PIB. Entre dichas medidas figuraban el aumento del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuestos medioambientales e impuestos sobre el patrimonio, y la introducción de nuevos impuestos sobre la economía digital y sobre las operaciones financieras (página 38)
-Con el apoyo del Fondo Social Europeo, la EOI (Escuela de Organización Industrial), en colaboración con Google, imparte formación digital a jóvenes desempleados en toda España. A través de cursos en línea masivos y abiertos (CEMA), tutorizaciones individuales y subvenciones a la contratación, esta iniciativa permite a jóvenes especializarse en ámbitos digitales muy demandados en el mercado de trabajo (por ejemplo, desarrollo web o de aplicaciones móviles, macrodatos, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad). En 2017, 1 131 personas obtuvieron un certificado CEMA, 200 fueron admitidas a una actividad de tutorización y 61 acudieron a cursos presenciales. El 95 % de ellas encontraron un empleo o reanudaron los estudios gracias al programa (pag 52).
-El recién aprobado Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 incluye un aumento del número de asesores para nuevos demandantes de empleo (más de 3 000), una revisión de los incentivos a la contratación actuales y medidas de orientación, formación y fomento del emprendimiento y de la igualdad de oportunidades. El Plan también prevé una revisión del sistema de Garantía Juvenil y medidas de refuerzo de la adquisición de cualificaciones, incluidas las digitales, y de apoyo al empleo en las zonas rurales, en consonancia con el reto demográfico descrito en la sección 4.4. El presupuesto de 660 millones EUR anuales asignado al Plan es aún provisional, y se basa parcialmente en los recursos previamente asignados. La ejecución del Plan es voluntaria y entra en el ámbito de competencias de las comunidades autónomas (pag 55)
-En 2017, el Gobierno adoptó el Marco Común de Competencia Digital Docente, con el fin de mejorar las competencias docentes en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y diseñó una cartera de competencias digitales para mejorar el trabajo del profesorado en ese aspecto. La correspondencia entre la formación profesional (FP) y las necesidades del mercado de trabajo aún constituye un reto en España. En 2016, la proporción de estudiantes de formación profesional inicial (enseñanza secundaria) aún estaba muy por debajo de la media de la UE. En 2017, la tasa de empleo de los titulados en formación profesional (de entre 20 y 34 años) se situó en el 58,5 %, frente al 76,6 % de la UE. Alrededor del 26 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años con un título de formación profesional en 2016 afirmó haber disfrutado de aprendizaje en el medio laboral durante sus estudios, cifra por debajo de la media de la UE. Además, la cooperación entre los proveedores de formación profesional y los empresarios locales parece insuficiente para aumentar la contribución de la formación profesional al desarrollo de la economía local (pag 59).
-Los niveles de competencias digitales básicas y avanzadas se mantienen por debajo de la media de la UE. Pese al creciente número de españoles presentes en el entorno en línea, el porcentaje de personas de entre 16 y 74 años con competencias digitales básicas, situado en el 55 % en 2017, aún es inferior a la media de la UE (57 %) (cuadro de indicadores digitales, 2019). Algunas comunidades autónomas han implementado el marco de competencias digitales y dado reconocimiento al nivel de competencias digitales de los ciudadanos. La inclusión digital parece fuertemente vinculada a los niveles de renta, ya que solo en el 2 % de los hogares con renta alta no se ha usado nunca Internet, mientras que en los hogares con renta baja ese porcentaje asciende al 30 %. Mientras que el número de titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) está creciendo (21,6 titulados en educación superior por cada mil habitantes de entre 20 y 29 años frente al 19,1 de la UE, pero con una brecha de género considerable), los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación todavía representan un porcentaje bajo de la población activa (2,9 % frente a 3,7 % de la UE). En 2018, el Gobierno puso en marcha un Plan de Formación en Competencias Digitales y Tecnológicas para ayudar a los titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a satisfacer mejor la demanda de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación por parte de los empresarios. El Gobierno también ha puesto en marcha iniciativas para aumentar el número de titulados en esos campos, con especial énfasis en programación informática y el objetivo de alcanzar una mayor participación en ellos de mujeres en edad escolar (pag 61).
-Una mayor inversión en I+D, tanto pública como privada, así como en digitalización y cualificaciones digitales, serviría de impulso a la capacidad de innovación de la economía, si actúa de forma sinérgica con la inversión en educación y las políticas del mercado de trabajo (véase la sección 4.3) (pag 67).
-En comparación con la UE, el nivel de innovación de España es moderado. En 2017, los resultados de España en lo que se refiere a innovación, medidos según el cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018, mejoraron con respecto a la media de la UE de 2010, pero se mantuvieron por debajo de la media de la UE. El índice sintético de innovación concede una puntuación especialmente baja a las inversiones de las empresas en innovación; los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas innovadoras y entre el mundo académico y las empresas, y la proporción de empresas innovadoras. España también obtiene unos resultados inferiores a la media de la UE en servicios intensivos en conocimientos (pag 71).
-Pese a las importantes inversiones en infraestructuras, la implantación de conexiones de alta velocidad sigue siendo baja, como muestra que solo el 30 % de los hogares españoles está abonado a una conexión de banda ancha ultrarrápida.Por otra parte, las suscripciones de fibra hasta el hogar han superado a otras tecnologías (cable y ADSL). En lo que respecta al despliegue del 5G, tanto las operadoras como las autoridades públicas están preparando el terreno a través de proyectos piloto. La franja de 3,4-3,8 GHz ya ha sido asignada y está libre para ofrecer servicios 5G, y se espera que se produzca una subasta de 700MHz a principios de 2020 (pag 74)
-Aún persiste la brecha digital entre los hogares urbanos y rurales. La banda ancha rápida solamente alcanza al 37,4 % de los hogares rurales, mientras que el despliegue de redes de fibra (FTTP) es solo del 20,9 % de los hogares en las zonas rurales menos pobladas, frente al 71,4 % total nacional, lo que agranda la brecha digital, cuyos niveles en lo que respecta a la diferencia de cobertura total y rural de la fibra hasta los hogares están entre los más elevados de todos los Estados miembros de la UE. En cuanto a la red fija ultrarrápida (>100Mbps), la cobertura media ha crecido con rapidez (83,6 %), pero aún persisten importantes disparidades autonómicas. La adquisición de competencias digitales podría desempeñar un papel en el cierre de esta brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales (pag 80).
-España se encuentra entre los países de la UE con mejores resultados en cuanto a la prestación de servicios públicos digitales. La inversión del país en el ámbito de los datos abiertos de las administraciones públicas es notoria. La mayor parte de la estrategia «digital por defecto» (72) está ya en marcha. No obstante, adaptar los procedimientos administrativos al nuevo paradigma en todas las administraciones públicas (a escala nacional, autonómica y local, así como a otras entidades como las universidades públicas) exige una mayor inversión pública para llevar a efecto los cambios tecnológicos y organizativos que se exigen. También exige alcanzar un acuerdo entre las administraciones públicas competentes para garantizar la plena interoperabilidad de todos los diferentes sistemas y plataformas dentro del alcance de sus respectivas competencias. Las dificultades para llegar a dicho acuerdo han llevado a retrasar dos años la plena aplicación de los objetivos completos del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. No obstante, aún hay margen de mejora en lo que se refiere al índice de adopción de servicios públicos digitales por los usuarios finales, que se sitúa solo en el 76 % (pag 80 y 81).

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