Esta medida, reclamada la vispera en la reunión del nuevo lider del PSOE Pedro Sánchez con el presidente del Gobierno, beneficiará a quienes lleven más de un año en paro, y como todos los objetivos de la reunión se centra en dar nuevos pasos en el impulso del diálogo social para favorecer el cambio de ciclo.Como consecuencia de aquel encuentro, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los Interlocutores sociales han venido trabajando desde entonces en la elaboración de un documento extenso de bases para un acuerdo en materia de negociación tripartita. Dicho documento fue analizado, alcanzando Gobierno e interlocutores sociales el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que desarrolla lo acordado en la reunión del pasado 18 de marzo.
Además, se elaborará un mapa completo de prestaciones sociales y subsidios por desempleo en todo el territorio nacional, para mejorar la coordinación y hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos. En cuanto al plan de empleo, el documento contiene medidas de orientación, formación, recualificación y reconocimiento de la experiencia laboral. Con este programa, los parados conseguirán formación para obtener un certificado de profesionalidad que incluya compromisos a la contratación, mediante la identificación de las cualificaciones de las más demandadas.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, también presente en la reunión, dijo que el objetivo es "acortar el tiempo de inserción" de los desempleados en el mercado laboral, así como "acompañar" a las familias con todos sus miembros en paro hasta que vuelvan a trabajar.
Por su parte, los secretarios generales de CCOO, y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, afirmaron que el Gobierno se ha comprometido a dotar estos planes de un presupuesto, algo para lo que le han sugerido implementar sus propuestas en la próxima Reforma Fiscal. Los sindicatos pidieron al Gobierno ayudas para los cabezas de familia que tengan a todos sus miembros en paro y no reciban ingresos laborales (unas 500.000 personas), un colectivo sobre el que todos han coincidido en reforzar su protección para evitar el riesgo de exclusión social.
Los sindicatos también consideraron prioritario fortalecer el convenio colectivo sectorial frente al de empresa y reforzar los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, al tiempo que conseguir pactar un alza salarial, para que los sueldos ganen protagonismo para el impulso de la demanda interna.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, explicó que el nuevo acuerdo tendrá en cuenta la situación actual de crecimiento económico, por lo que, según apuntó, contempla la posibilidad de pactar alzas salariales en aquellos sectores y empresas que dan beneficios.
En ete contexto y en el de la reforma fiscal que recibirá el viernes el visto bueno del Gobierno, se ha modificado el plan inicial de gravar la indemnización por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado, y Hacienda elevará el umbral exento de tributación hasta los 180.000 euros. "El Ejecutivo ha corregido, aunque no del todo, una medida cuyo rechazo fue abanderado por ABC, dice hoy este periódico.
Plusvalías para la jubilación
También se supo ayer que los contribuyentes mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías recibidas por ventas de cualquier tipo de activo, sean inmuebles, acciones o similares, siempre que dicha renta sea utilizada para asegurar un complemento a la pensión. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, anunció que el proyecto de ley de reforma fiscal que aprobará el Gobierno este viernes incorporará una nueva figura de exención dirigida a los pensionistas para asegurarles una renta vitalicia.
Ferre explicó que se trata de una exención "oportuna", al no exigir un impuesto por los beneficios de estas ventas. Asimismo, también avanzó que el proyecto de ley incorporará otra novedad que es la rebaja de la exigencia del tiempo de permanencia de los planes de pensiones individuales de 10 a 5 años, ya que el Ejecutivo ha comprobado que dichos planes están creciendo y "merece la pena seguir potenciándolos".
CCOO y UGT exigieron al Gobierno que refuerce el sistema público de pensiones y asegure su sostenibilidad en lugar de aprobar "parches" como la exención de tributación para plusvalías anunciada por Ferre.
Sólida recuperación, con menos déficits
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Competitividad, Luis de Guindos, dijo ayer durante su comparecencia en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo revisará en septiembre al alza el cuadro macroeconómico que estimaba un aumento del PIB de 1,2% para 2014 y del 1,88% para 2015, y que ahora rondará el 1,5% para este año y el 2% para el que viene.
También será revisada la tasa de paro, que será inferior al 24,9% y al 23,3%, previsto para 2014 y 2015, según añadió el ministro, que dijo que espera que la reducción sea importante, teniendo en cuenta buena evolución de los datos dela EPA. El ministro dijo que, tras cinco años de recesión, la economía española se dirige hacia un crecimiento sostenido, al tiempo que insistió en que actualmente es mucho más flexible, más dinámica y competitiva. "Por primera vez podemos hablar de consolidación de la recuperación económica", tras registrarse cuatro trimestres consecutivos de crecimiento económico, añadió.
De Guindos recalcó que los indicadores adelantados también pronostican crecimientos en los próximos trimestres, al tiempo que destacó que la mejoría de la demanda interna "más intensa", junto con el crecimiento de las exportaciones, llevarán a que Españas registre un superávit del 0,5% del PIB en la balanza por cuenta corriente y una capacidad de financiación cercana al 0,8% del PIB a final del año.
No obstante, el titular de Hacienda recordó que el actual reto es intensificar la recuperación y continuar con el programa de reformas pendientes. En todo caso, según reiteró el ministro, "la economía española está en una fase totalmente diferente que hace dos años y medio", de ahí que señalase que las medidas adoptadas "han merecido la pena".
En esta línea, el déficit conjunto de la administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social hasta mayo, fue de 24.418 millones de euros, casi un 4% menos que en el mismo periodo de 2013. Esta disminución sería del 11% si se incluyeran las ayudas financieras contabilizadas en el déficit de mayo de 2013. En los cinco primeros meses del año, las comunidades registraron un déficit en términos de contabilidad nacional de 6.220 millones de euros, el 0,60% del PIB, frente al 0,42% del mismo periodo del años 2013, lo que supone un crecimiento del 46,04%.Las 17 comunidades registraron déficit hasta mayo. Los saldos negativos más altos se registraron en Extremadura (-1,5% del PIB), Comunidad Foral de Navarra (-1,24%), Andalucía (-0,81%) y Cataluña (-0,81%). Por el contrario, los déficits más bajos se situaron en País Vasco (-0,11%), Comunidad Valenciana (-0,16%), Baleares (-0,16%) y Asturias (-0,17%).
