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Infogradía-resumen de Odebrech tras el suicidio del expresidente peruano Alan García

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha lanzado su primer proceso judicial importante contra la corrupción, una de las promesas centrales de su campaña electoral: apunta a Petróleos Mexicanos, la empresa estatal que ha entrado en crisis.Con México son ya 13 los países con denuncias de sobornos del grupo respecto a los 12 contabilizados con motivo del suicidio a finales de abril del expresidente peruano Alan García, acusado de corrupción en el caso del metro de Lima
Redacción 30 de mayo de 2019 Enviar a un amigo
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Estos casos de corrupción y los ajustes de actividad en el medio mundo donde opera dentro de los sectores de construción, ingeniería, petroquímica y otros como agua han reducido la plantilla laboral de la empresa a una sexta parte desde los 286.799 puestos que publicaba en 2013:los de 2017 eran ya apenas 58,000. Odebrecht,nombre pronunciado ódebrejt en fonética española, fue creada en 1944 y opera en Suramérica, América Central, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente.

En México, que inicia ahora su primera investigación sobre Odebrecht, un juez giró el martes una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex, cuyas cuentas también fueron congeladas después de que el gobierno anunciara que fue vinculado a “múltiples operaciones” de fondos que se “presumen ser derivados de actos de corrupción”. Además se reportó el arresto de Alonso Ancira, el director de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA). Lozoya había sido señalado de recibir sobornos de Odebrecht en 2017, pero la investigación quedó estancada, mientras que AHMSA, según reveló el año pasado un reportaje periodístico, habría dado un pago millonario a una compañía fantasma de la constructora brasileña y esa transacción involucraría al exdirector de la petrolera.

El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht sacudió a Latinoaméricala última vez a mediados de abril con motivo del suicidio del expresidente peruano Alan García, el pasado 17 de abril, momentos antes de su detención por su vinculación al caso, lo que añadió un giro dramático a una trama que parece no tener fin. En la infografía superior de Statista aparecen  algunos de los datos más relevantes del escándalo Odebrecht, considerado hoy el mayor caso de corrupción de la historia moderna en el continente americano y uno de los mayores de todo el mundo. Alan García se suicidó cuando la policía estaba a punto de apresarlo en Lima, acusado de haber lavado dinero de origen ilícito, presuntamente procedente de sobornos de Odebrecht. Mientras el caso involucra a cada vez más exmandatarios y políticos de primera línea de la región, este desenlace trágico otorga nuevos ribetes a una red de corrupción que supo tender lazos en toda Latinoamérica e incluso fuera de ella, como en Estados Unidos, Europa y África. 

Según contabilizaba hasta entonces la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., la empresa brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países, de los cuales diez son latinoamericanos. De ellos, Perú es probablemente el país más afectado, ya que cuatro de sus expresidentes están acusados de delitos de corrupción, sobornos y lavado de activos en relación a Odebrecht, despues de que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación, en la que se detalla que esta habría realizado sobornos a funcionarios de los gobiernos de 12 países, para obtener beneficios en contrataciones públicas (Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador)​. Odebrecht creó esta «caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de «sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas. Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

El expresidente Peña Nieto paralizó la investigación que abre Obrador

Pocos años después de que estallara el escándalo, dos investigaciones federales se habían estancado a pesar de que Odebrecht admitió en 2016 (año de la llegada a la presidencia de Trump), ante investigadores estadounidenses, brasileños y suizos, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Las autoridades mexicanas  anunciaron este martes que se han presentado cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue un cercano colaborador del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya en las oficinas de Pemex en 2014, cuando la petrolera estatal compró una planta fertilizante a Altos Hornos de México (AHMSA) con aparente sobrecosto
Emilio Lozoya en las oficinas de Pemex en 2014, cuando la petrolera estatal compró una planta fertilizante con sobrecosto

Lozoya es acusado a raíz de la compra de una planta de fertilizantes por parte de la compañía petrolera. Pero su caso se deriva de la amplia investigación en toda la región de América Latina. Desde que empezaron las pesquisas hace varios años. Lozoya fue miembro del equipo de campaña de Peña Nieto en 2012 y destinado a Pemex cuando su candidato ganó la presidencia. Como negó haber cometido algún delito,  el gobierno del entonces presidente Peña Nieto se negó a presentar cargos para no poner en peligro las posibilidades de su partido en las elecciones presidenciales de 2018, según dijeron funcionarios mexicanos entonces.Sin embargo, el hecho de no presentar cargos no ayudó a su movimiento político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que quedó diezmado en todos los niveles de gobierno, en particular con la pérdida de la presidencia a manos de López Obrador, quien hizo campaña prometiendo erradicar la corrupción que azota a México. Ahora, con los cargos presentados contra Lozoya, el gobierno actual parece estar cumpliendo su promesa.

Odebrech, uno de los motivos de la primera condena juidicial a Maduro

Venezuela es otra excepción notable entre los países del hemisferio que no han tomado medidas para enfrentar el escándalo. Su Tribunal Sipremo inició en Bogotá el pasado 2 de agosto un juicio contra Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, vinculados entre otros casos a su relación con Odebrecht. Según Luisa Ortega, Maduro firmó como canciller de su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, contratos asignados de forma directa a la empresa como pago por apoyarlos en la campaña electoral para las presidenciales de 2005. Tambien lo acusa de pedir a la compañía brasileña 50 millones de dólares para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones, a cambio de dar un trato preferencial a Odebrecht.

De ahí que Ortega solicita al Supremo venezolano el antejhuicio de merito contra Maduro antes de exilarse, como muestra el vídeo:

En ese juicio en Colombia por exilados del Supremo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue condenado este jueves en ausencia por corrupción a 18 años y tres meses de prisión, una sentencia que según la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz marca el punto de partida para que responda a la justicia cuando deje el poder. La condena fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «en el exilio», que se reunió en el Congreso de Colombia después de recibir las pruebas que presentó Ortega durante seis audiencias que vinculan a Maduro con la constructora brasileña Odebrecht. «La importancia de esta sentencia es que, una vez que se produzca el quiebre, la ruptura y tengamos que salir de esta tiranía, no vamos a empezar de cero, sino que ya tenemos una sentencia y tenemos allanado el camino», manifestó la exfiscal a medios después de la decisión de ese alto tribunal.

Preferencia por las petroleras

En Brasil, la investigación llegó hasta el expresidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, cuya condena por cargos de corrupción y lavado de dinero relacionados a Odebrecht, entre otras empresas, fue reducida en abril a ocho años y diez meses



 


 





 



 


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