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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
Tras el ridículo de Justicia y su "tasa Google"

¿Multas a la prensa por revelar escándalos de corrupción?


El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó ayer "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar la filtración de informaciones que estén bajo secreto de sumario, así como a la prensa por publicarlas, con el fin de salvaguardar la presunción de inocencia. El PSOE, colectivos de periodistas y los principales diarios españoles que hoy se verían afectados juzgan inasumible la propuesta, casi al mismo tiempo que el Gobierno es criticado por hacer el ridículo con su reciente tasa Google.
Redacción 30 de abril de 2015 Enviar a un amigo
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Foto oficial del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Durante un almuerzo-coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el ministro habló de "someter a debate y a reflexión dónde hay que poner los controles: si en la transmisión de información o en el medio que la publica". El debate se ha planteado justo el día en que Google deja en ridículo al Gobierno tras un pacto privado con los medios, en opinión de EL CONFIDENCIAL, medio que Google escoge ahora como socio para abrirse mejor camino en la prensa digital. También tras una extensa oleada de casos de corrupción (entre ellos los escándalos del exvicepresidente Rato tras Bankia y antes antes de tener que abandonar el Santander y Telefónica y la trama Púnica, que ayer mismo llevaba a los juzgados a directivos de la empresa Indra y del Real Madrid) extendidos sobre personalidades de los principales partidos (PP, PSOE y CIU) y que han mermado sus expectastivas de voto durante el último año, en favor Podemos y Ciudadanos.


Previamente, el ministro respondió a una pregunta sobre cómo se podría garantizar la confidencialidad en las investigaciones judiciales, algo que consideró muy difícil de lograr, aunque una manera, según dijo, sería "prever las sanciones adecuadas para quien lleve a cabo esta filtración" o bien poniendo el foco en los medios de comunicación.

A preguntas de los periodistas al término del acto, el titular de Justicia matizó después que sería bueno reflexionar para garantizar la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y a la imagen y el cumplimiento de normas deontológicas. No obstante, insistió en que esta cuestión, que no está en el marco jurídico actual, tampoco forma parte de la agenda del Gobierno para esta legislatura.

Durante la conferencia, Rafael Catalá lamentó que se haya estigmatizado la figura del imputado, al que cree que se ha convertido en un precondenado: "Hemos mandado al garete la presunción de inocencia", dijo, al tiempo que recordó que este es uno de los puntos importantes de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hoy comienza su trámite parlamentario.

Tras las palabas de Catalá, el PSOE emitió un comunicado calificando de "inasumible" la propuesta y exigiendo una rectificación. Por otro lado, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Elsa González, rechazó también la propuesta, al igual que el portavoz de la Asociación de Periodistas de Madrid, Nemesio Rodríguez.

Editoriales de la prensa hoy afectada

El Gobierno sugiere un debate que llevaría a coartar la información de procesos judiciales (EL PAÍS): Muy desbordado debe sentirse el Gobierno con la gestión de los casos de corrupción y fraudes cuando su ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permite sugerir la implantación de sanciones para los medios de comunicación que publiquen datos de asuntos que se encuentran bajo investigación judicial, incluso la prohibición de difundir sumarios judiciales. Esas ideas constituyen otro jalón en la cadena de dislates en que está incurriendo un Ejecutivo manifiestamente nervioso. La propuesta equivale a restablecer la censura en un amplio número de temas sensibles como remedio para evitar la circulación de noticias que, por su naturaleza escandalosa, pueden incidir en las perspectiva electorales". "Por supuesto que las filtraciones interesadas pueden afectar al honor y la fama de los investigados antes de que sean juzgados: sanciónese, por tanto a los autores de cada filtración". "Los ciudadanos, los políticos también, disponen del derecho a defenderse de las acusaciones que reciban. Lo inaceptable es que los medios queden a merced de la interpretación que el poder decida hacer sobre la presunción de inocencia en cada caso. Eso recuerda a una censura propia del pasado dictatorial, más que al funcionamiento de una democracia moderna". "La inadmisible propuesta conduce a la impresión de que el Gobierno no entiende lo que es la libertad de información (consagrada por la Constitución) ni el papel que desempeñan los medios en una democracia".

Catalá, dispuesto a utilizar una vieja receta: matar al mensajero (EL MUNDO): "Ayer fue el día en el que un ministro del Gobierno de España abrió la puerta a resucitar la censura. La mera pretensión de impulsar un debate acerca de si se debe sancionar a los medios de comunicación que difundan datos contenidos en sumarios declarados secretos ya representa de por sí una injerencia tan grave en la libertad de información (…) y es tan contraria a la lógica más elemental de la democracia que parece mentira que haya sido el titular de Justicia el que haya echado a andar esa controversia perniciosa y malsana. Rafael Catalá debe rectificar inmediatamente porque el control de lo que la prensa puede publicar es una característica de las dictaduras. Lo que él sugiere es implanteable en un régimen de opinión pública plural y libre". "El razonamiento de Catalá es más propio de una república bananera, en la que el Gobierno amordaza a la prensa para impedir que divulgue noticias de contenido crítico y molesto en momentos inoportunos para sus intereses, que de una democracia avanzada en el seno de la Unión Europea". "La Constitución establece como únicos límites a la libertad de información los de veracidad y la relevancia pública". "Si lo que Catalá pretende es que los españoles no teníamos derecho a saber antes de las elecciones que el exvicepresidente es un presunto delincuente que hizo de la defraudación fiscal un negocio, tendrá que repasar la asignatura de Derecho Constitucional".


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