miércoles,25 mayo 2022
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Tras la cadena de ceses y dimisiones en la inspección

Negada la relación entre Montoro y Cemex, a la que Hacienda levantó la multa de 450 millones

Redacción
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, negó tras el último Consejo de Ministros que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya tenido relación laboral alguna con los asesores fiscales de Cemex, y aseguró que la Agencia Tributaria actúa cumpliendo la ley, adoptando decisiones "técnicas y en ningún caso políticas". La vicepresidenta afirmó que el Gobierno cumple la ley de incompatibilidades de altos cargos. "Y eso sirve para cualquier ministro", zanjó.

Por su parte, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que asegurado a EL PAÍS en una entrevista "Nunca ha habido injerencias en la Agencia Tributaria. No lo permitiría". Menéndez desvincula la destitución de una inspectora de la oficina técnica de "actos concretos" y afirma: "Jamás he dado instrucciones para tratar mejor a una empresa".

El secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, había exigido al ministro Cristóbal Montoro o al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que aclaren la cascada de ceses que se ha desatado en este último organismo por una inspección de la empresa cementera méxico-norteamericana Cemex a la que se ha levantado una multa de 450 millones de euros.

En declaraciones a la SER, Mollinedo aseguró que hay indicios suficientes para pensar que algunos de los asesores que han participado en la investigación, trabajaron con Montoro en su etapa como portavoz del Congreso. “Esta cuestión es la que debe dilucidarse para despejar dudas de que no existió en este asunto una interferencia política, sino que simplemente estamos tratando de un debate jurídico”, ha asegurado el representante de Gestha.

La cadena de ceses que está teniendo lugar en la Agencia Tributaria por un debate jurídico no es algo que suela ocurrir con frecuencia, aseguró Mollinedo respecto a la destitución del jefe de la delegación central de Grandes Contribuyentes, Ignacio de Ucelay, y de otros dos cargos de este departamento, según informa ‘El País’ y la SER.

Denuncias de intromisión 

Ante el cese de la funcionaria que realizaba la inspeccción y levantarse la multa a la empresa, presentó su dimisión su superior jerárquico, Ignacio de Ucelay, dimisión que ya ha sido aceptada por Hacienda, y al menos otros dos miembros de la cúpula del área.

La cadena SER accedió a un comunicado interno que la organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) mandó para defender a la funcionaria cesada. Lamentaba “la intromisión de criterios ajenos a los técnicos, o de voluntades distintas a las de los órganos encargados de decidir los expedientes tributarios”. Según los inspectores, “supondría traspasar una línea roja que, en caso de demostrarse y trascender públicamente, ensuciaría la imagen del colectivo, que sería objeto de repudio público”.

Hacienda diferente para grandes

La petición de explicaciones también ha llegado desde la oposición. El portavoz de Economía del grupo socialista, Pedro Saura, ha afirmado en declaraciones recogidas por EFE que hay “una injerencia política muy clara” en este caso y “llueve sobre mojado”, porque ya se han producido “300 ceses en dos años” en cargos de libres designación, provocando “un daño irreparable en la lucha contra el fraude fiscal”.

Saura ve en la destitución de la inspectora parte de la política de “regalos fiscales para los amigos” del PP, mientras que los ciudadanos “tienen que pagar más impuestos”.

La AEAT solo habla de “cambios” 

Sin embargo, la Agencia Tributaria (AEAT) minimizó desde el primer momento los hechos, enmarcándolos en “cambios” que se han producido en mandos intermedios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, como parte de la reorganización de personal que se viene produciendo desde que fue nombrado director Santiago Menéndez.

Fuentes del organismo han explicado a Efe que los cambios “cabe enmarcarlos en la reestructuración de equipos vinculada al cambio de dirección” y eluden hablar del caso de Cemex porque la ley les impide hablar de casos que tengan que ver con contribuyentes concretos.

 

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