Al informar de la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo destacó que la futura ley "nos equipara con Europa y refuerza la seguridad jurídica y la transparencia". Permitirá a los herederos solicitar el acceso a datos de personas fallecidas, así como su rectificación o supresión. Desaparece el consentimiento tácito o por omisión, que implicaba que los datos serían usados salvo que se manifestase la negativa de forma expresa. Además, la norma adelanta a los trece años la edad el consentimiento para el tratamiento de datos y regula los sistemas de información crediticia y los relacionados con la videovigilancia.
España seguirá así el Reglamento comunitario de 2016, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamenta, a partir del próximo 25 de mayo de 2018. Uno de sus principales objetivos es acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.
En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución, se recogen novedades, tanto en el régimen de consentimiento como en los tratamientos y en la introducción de nuevas figuras y procedimientos.
Menores y personas fallecidas
Adelanta a los trece años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.
En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
Situaciones discriminatorias y otras novedades
Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.
Asimismo, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria ("listas Robinson"), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
Entre las novedades, destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por su parte, esta Agencia se configura como autoridad administrativa independiente cuyas relaciones con el Gobierno se realizan a través del Ministerio de Justicia. Se establece la necesaria cooperación y coordinación con las correspondientes autoridades autonómicas de protección de datos.
En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación, tanto en el sector público, como en el privado, e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes, como la AEPD, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos deberá desarrollar cuestiones concretas que el Reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.
Flujos transfronterizos
Este Reglamento atiende a nuevas circunstancias provocadas, fundamentalmente, por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales como consecuencia de la actividad del mercado interior, teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la Sociedad de la Información.
Ante esta situación, han aumentado los riesgos inherentes a que las informaciones sobre los individuos se hayan multiplicado de forma exponencial siendo más accesibles y más fáciles de procesar, al tiempo que se ha hecho más difícil el control de su uso y destino.
Otros 321 millones para Educación en las autonomías
El Gobierno ha acordado destinar 321 millones de euros en 2017 a las Comunidades Autónomas para que financien la implantación de nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria de enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, y nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.
Íñigo Méndez de Vigo ha resaltado que "el objetivo de las trayectorias en ESO y FP básica es ofrecer a los alumnos nuevas posibilidades, adaptarlas a sus capacidades, intereses y aspiraciones, incrementar su motivación y erradicar al abandono educativo temprano".
En este punto, el ministro se ha referido al Informe Monitor Report 2017, presentado ayer por la Comisión Europea, que constata que el abandono temprano, que llegó a alcanzar el 31,2% de los alumnos, ha descendido de manera significativa en los últimos ocho años hasta situarse en el 18,2%
Centraliación regulatoria de las corridas de toros
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2017, del Gobierno de las Illes Balears, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales.El portavoz del Gobierno ha argumentado que el Estatuto de esa comunidad autónoma "no tiene competencias específicas para protección de animales" y, además, la regulación del Parlamento balear incumple los preceptos de las leyes estatales referidas al patrimonio inmaterial y a la tauromaquia.
Participación en la defensa europea
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha informado de que el Consejo de Ministros ha autorizado la participación de España en el lanzamiento de la cooperación estructurada permanente (PESCO) de la Unión Europea.
Cospedal ha explicado que "la PESCO proporciona un marco jurídico para que los Estados miembros mejoren sus capacidades de Defensa", y refuerza asimismo el pilar europeo de la Alianza Atlántica. En este sentido, la ministra ha recordado que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete "decidieron que la Defensa se convierta en un nuevo eje vertebrador de la construcción europea", junto con la integración económica, social y política.
La titular de Defensa ha manifestado que "se trata de un mecanismo de tal calado que bien podríamos calificarlo como el euro de la seguridad en materia de Unión Europea". Asimismo, ha señalado que "una Europa más segura contribuye a una Alianza Atlántica más segura".
Operaciones de defensa y paz
El objetivo de la PESCO, según ha precisado la ministra, es doble: garantizar que la Unión Europea pueda lanzar y sostener las operaciones de defensa y de paz que sean necesarias y dotar a los europeos de las capacidades para actuar en los escenarios interiores o exteriores de la Unión Europea. A su juicio, la pertenencia de España a la OTAN "hace ambos objetivos perfectamente compatibles y coherentes".
Dolores de Cospedal ha afirmado que España es uno de los principales impulsores de la PESCO, junto con Alemania, Francia e Italia. Los cuatro países dirigieron una carta conjunta a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y al resto de los ministros de Defensa de los Estados miembros de la Unión Europea, en la que se diseñaron los principios y compromisos de la PESCO.
Esos principios, ha indicado la ministra, han sido la base de trabajo para la redacción de un texto definitivo de notificación que firmarán los ministros de Defensa en Bruselas, el próximo lunes 13 de noviembre, con el fin de que la PESCO "se pueda lanzar" antes de fin de año. Hasta el momento 21 países han manifestado su disposición a participar.
Cospedal ha señalado que los compromisos que asume España al incorporarse a la PESCO son: aumentar regularmente los presupuestos en Defensa en términos reales para alcanzar los compromisos acordados; ir aumentando la inversión en Defensa hasta que el 20% del gasto total sea para inversiones estructurales; incrementar los proyectos de capacidades estratégicas; aumentar el gasto en investigación hasta alcanzar el 2% del gasto total; establecer una revisión periódica de estos compromisos y desempeñar un papel sustancial en el desarrollo de las capacidades de Defensa dentro de la UE.
Incendios forestales
El Consejo de Ministros ha declarado a las Comunidades Autónomas de Galicia y del Principado de Asturias "zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", como consecuencia de los incendios forestales acaecidos el pasado mes de octubre.
Este acuerdo implica, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, que se destinarán ayudas, provenientes de distintos ministerios, para paliar los daños ocasionados por los incendios.Asimismo, el Gobierno ha ratificado la declaración de emergencia de las actuaciones para la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales declarados en Huelva, León, Albacete y Valencia, por valor de 2,8 millones de euros.
Crecimiento económico español
En su habitual balance de la actualidad, Íñigo Méndez de Vigo se ha referido a las últimas previsiones de crecimiento de la Comisión Europea para España, que se sitúan en el 3,1% en 2017 y del 2,5% en 2018. En su opinión, lo más importante "es que España va a cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% acordado con la Unión Europea.
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