En un comunicado sobre las conclusiones de un informe que verá la luz a finales de mes, el organismo de las Naciones Unidas alerta de que las violaciones cometidas van desde detenciones arbitrarias hasta malos tratos y "torturas".
El documento señala que al menos 5.000 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias en las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio, y que un millar siguen detenidas. El informe ha sido elaborado con 135 entrevistas a testigos, que han relatado como las fuerzas de seguridad han disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales.
De un total de 124 personas que han muerto durante la ola de protestas, 73 de ellas han sido a manos de las fuerzas de seguridad o grupos afines. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, indicó que, según la investigación, las fuerzas de seguridad serían responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales serían responsables de otras 27. Además se han contabilizado unos 2.000 heridos. El informe reconoce, asimismo, que algunos grupos de manifestantes también han actuado de forma violenta contra agentes de las fuerzas de seguridad.
El Comisionado ha instado a las autoridades venezolanas a poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a cesar las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas que han sido detenidas ilegalmente. Asimismo, ha pedido que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó ayer su preocupación por la escalada de tensiones en Venezuela e insistió en la necesidad de buscar "una solución política basada en el diálogo y el mutuo acuerdo", lo que pasa por no adoptar "medidas unilaterales".
Rechazan la Asamblea de Maduro y denuncian su "dictadura"
Los cancilleres de 17 países latinoamericanos reunidos ayer en Lima para tratar de la situación en Venezuela negaron la legitimidad de la Asamblea Constituyente y denunciaron que en ese país se ha instalado una "dictadura". La Declaración de Lima muestra su apoyo a la Asamblea Nacional "democráticamente electa", y señala que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente "requieran autorización" de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea "los haya aprobado". HE aquí un vídeo de la lectura de la Declaración de Lima:
En esta línea, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que en Venezuela se ha instaurado "una dictadura" por encima de los poderes legítimamente constituidos que está destruyendo las instituciones.
Por el contrario, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) cerraron ayer filas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al rechazar las sanciones internacionales contra la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro pidió a ALBA que convoque una cumbre para restituir el "diálogo latinoamericano" y "las normas de respeto al derecho internacional".
Mientras, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) inició ayer una sesión para definir su funcionamiento como poder plenipotenciario, tras haber tomado los espacios del Parlamento venezolano. La ANC aprobó la creación de una "comisión de la verdad" para establecer responsabilidades en los hechos de "violencia política" que se han producido en Venezuela desde 1999 hasta ahora.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha decidido inscribir a sus candidatos para los comicios a gobernadores de diciembre, pese a las trabas planteadas por el Consejo Nacional Electoral, que veta por litigios anteriores que la coalición se presente en siete de los 23 Estados del país.
En otro orden de cosas, EL MUNDO lleva a su primera que "Maduro adjudica a un imputado en Gürtel un negocio petrolero". El diario informa que hace apenas un mes el presidente venezolano accedió a la petición hecha por el exvicepresidente de Repsol en la etapa de José María Aznar José Ramón Blanco Balín y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para constituir una sociedad mixta que explote una parte del yacimiento petrolífero conocido como Franja Petrolífera del Orinoco.
