El Ministerio de Meritxell Batet, que dirige y gestiona la Administración Periférica del Estado, se compromete a aplicar la esta cantidad antes de la finalización del ejercicio de 2018. Su objetivo es "reforzar la actuación de las Unidades de Coordinación y las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares relativas a la concienciación y sensibilización en materia de violencia contra la mujer, especialmente a través del desarrollo y de su participación en campañas de información, sensibilización y prevención, tanto en violencia de género como en materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y otras formas de violencia contra la mujer, así como a través de la difusión y distribución de material asociado a las campañas".
Además, se prevé que las unidades de violencia colaborarán y, en su caso, promoverán actuaciones para la formación y especialización de profesionales que intervienen, desde sus respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de violencia de género. Especialmente, fomentarán el conocimiento de los recursos estatales existentes en el territorio para la atención a las víctimas de violencia de género.
En la actualidad, existen 67 unidades de Violencia sobre la Mujer: 19 Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones del Gobierno; 41 Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Subdelegaciones del Gobierno y siete Unidades de violencia sobre la Mujer en las Direcciones Insulares.
Sus principales actuaciones son el seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del Estado para la atención de las situaciones de violencia de género en el territorio; colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes en esa materia; seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género; actuaciones en relación con las víctimas mortales por violencia de género; participación en las campañas de información, sensibilización y prevención.
En vigor el cambio de nombre de las personas transexuales
A partir de ahora todos los mayores y menores de edad emancipados podrán solicitar en cualquier Registro Civil el cambio de nombre por otro acorde a la identidad de género sentida como propia. Bastará con que declaren que se sienten del sexo correspondiente al nombre elegido para que su petición sea atendida. Se pretende terminar con la inseguridad jurídica actual y proteger, especialmente, el interés superior del menor desde el respeto a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
También podrán hacerlo los padres o tutores legales de los menores de edad, actuando conjuntamente. Si fuera mayor de 12 años deberá firmar también la solicitud, y si su edad fuera inferior deberá, en todo caso, ser oído por el encargado del Registro Civil.
Son las principales novedades de la Instrucción, de 23 de octubre, de la Dirección General de los Registros y del Notariado que publica hoy el Boletín Oficial del Estado y que da solución urgente a la situación de aquellos menores de edad transexuales que hasta ahora no podían realizar el cambio de nombre con la legislación vigente y dependían de una interpretación favorable por parte del encargado del Registro Civil. Se trata de una iniciativa impulsada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras el compromiso que adquirieron la semana pasada con el colectivo de familias de menores transexuales.
La instrucción pretende, por un lado, terminar con esa inseguridad jurídica y proteger el interés superior del menor desde el respeto a su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y a sus necesidades emocionales y afectivas. Su entrada en vigor supone una medida transitoria mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007, cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad.
En la actualidad, únicamente los mayores de 18 años pueden solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y el consecuente cambio de nombre para que no resulte discordante. Se exige que la persona acredite mediante informe médico "que le ha sido diagnosticada disforia de género" y que ha recibido tratamiento "durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". La reforma de la Ley 3/2007 busca normalizar la transexualidad conforme a la realidad social actual al permitir el cambio de género en el Registro mediante la simple expresión de voluntad del sujeto.
