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Países OCDE presentan alegaciones a la tributación mínima

¿Pagan pocos impuestos las grandes empresas?

Redacción / Actualizado 10 de Diciembre 2019
Los países miembros de la OCDE tienen de plazo hasta mañana lunes 2 de diciembre para valorar y presentar alegaciones a la propuesta de tributación mínima para las multinacionales, tras llevar más de una década intentando resolver el problema, con manuales y otros trabajos. Estos han sido motivo para que incluso los países de la Unión Europea dispuestos a aplicar impuestos a las grandes digitales y a las transacciones financieras demoren sus planes, a la espera de la fórmula de la OCDE.

Algunos piensan incluso que esa propuesta de tributación mínima de la OCDE llega tarde porque mientras los grandes países europeos e incluso la última cumbre del 20 demoran el freno a la elusión fiscal de las multinacionales al apoyar la propuesta de la OCDE, se  ha creado con las demoras de esta institución representantiva  un ambiente de rechazo social a esas prácticas de las multinacionales, aunque de momento (caso de las propuestas del economista Piketty en su último ligro contra la desigualdad) esa reacción ha sido más intelectual y mediática que de la sociedad en general. La mayoría de los ciudadanos ingnoran en qué les perjudica que paguen poco las grandes digitales y otras multinacionales, como las entidades financieras, pese a beneficiarse del capital humano pagado por cada estado al financiar la educación o la salud, las infraestructuras o incluso también de la aportación a la demanda de esos estados con otros gastos como los de las pensiones.

Pero las cifras que empiezan a conocerse indican que casi todas se benefician de esa falta de regulación global y de la competencia fiscal de los Estados a la baja con herramientas como los paraísos fiscales donde los impuestos son mínimos, lo que atrae el emplazamiento en ellos de sedes o instrumentos de planificación fiscal internacional para no tributar en los países donde operan. Y entre esas beneficiadas destacan las cerca de 200 mayores multinacionales nortemaericanas cuyos presidente y CEOs directivos se comprometieron este verano a priorizar la responsabilidad social corporativa (RSC) más que los beneficios.

En las últimas semanas ha crecido ese debate inteletual y mediático y se ha extencido a otras partes de la sociedad de distintos países, especialmente la decena de países latioamericanos donde el último mes ha habido manifestaciones y revueltas sociales, precedidas por investigaciones académicas e informes como los publicados a partir de septiembre en Ibercampus.es con titulos como Latinoamerica, región donde más crece el malestar social y la emigración, además del populismoAlta evidencia del poder de las élites empresariales en la política de Chile y otros 7 países de ALLatinoamerica, ausente entre los países del mundo que han reducido más las tasas de pobreza, o advertencias como las de Unesco sobre las tendencias como la "privatización de la censura" y la desinformación en internet. Pero el problema es más global  Un 53 % de niños en países no OCDE (de ingreso bajo y mediano),sin leer y entender relato sencillos. Precisamente estos días se anuncia que Colombia se convertirá en el 37o país miembro de la OCDE, organización cuyos países y socios clave representan alrededor del 80% del comercio y de las inversiones mundiales.

Esas variopintas revueltas latinoamericanas están recibiendo explicaciones también muy diversas, si bien la mayoría de los intelectuales comparten que están motivadas principalmente por la frustración de expectativas de las clases medias ante la creciente desigualdad: Carencias en salud,educación e infraestructuras encienden el mapa de protestas en América Latina. Desde sus inicios, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá reafirmaban a América Latina como la región de más malestar del mundo, como publicamos en septiembre pasado.

Aun cuando en latinoamerica sólo Chile y México tienen el nivel de desarrollo necesario para ser miembros de la OCDE, la propia Organización de Cooperación y Desarollo Económico ha contribuido al debate global sobre la tributación con la información de su base de datos sobre tributación de las multinacionales (conocida este 26 y 27 de noviembre con motivo de su Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposesy) con el informe donde pide una mayor tributación de los millones de autónomos que nutren parte de las clases medias, cuando en muchos países latinoamericanos y en la propia España ocho de cada diez autónomos no llegan a mileuristas. No obstante, la OCDE ha querido aplacar los ánimos destacando estos días que la comunidad internacional ha logrado los últimos años éxitos sin precedentes en la lucha contra la evasión fiscal, tras otros informes específicos como el Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Panama 2019 (Second Round), Exchange of information and bank deposits in international financial centresThe potential of tax microdata for tax policy o Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: United Arab Emirates 2019 (Second Round)

La idea de que las multinacionales y otras grandes empresas pagan pocos impuestos se ha extendido de forma imparable entre la opinión pública en los últimos años a raíz de datos como los publicados por Ibercampus en 2014 sobre que La tributación de 11 de 14 mayores multinacionales era inferior al 4% fuera de los EEUU. Tras ello se difundieron otros informes y debates, como que "Las multinacionales digitales no tributan más del 3% fuera de EEUU", la Polémica reguladora y tributaria por las "gafas" de Google, Apple y otras grandes digitales

Panamá, otro nido de "patriotas" con impuestos ajenos y educación y salud privada, esta última noticia a raíz de que Agencia Tributaria y Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaran en España que investigarán a los contribuyentes citados en los papeles de Panamá, de cuyos efectos en España apenas se han publicado los últimos años más datos, pese a afectar a grandes personalidades e instituciones españolas, entre ellas  Banco Santander, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto blanqueo de capitales procedentes del banco HSBC, al parecer al margen de las operaciones registradas en los papeles de Panamá en las que pudo intervenir. Una de las enridades afectadas por la preocupación institucional española por el hecho de que medio IBEX esté pendiente de los tribunales, como otros grandes bancos denunciados por diversos tipos de fraudes a los usuarios vinculados a la mala información y los conflictos de interés, y más recientemente BBA, Iberdrola, ACS, OHL, Indra, Caixabank y otras multinacionales españolas.

Antes y después, las informaciones sobre los  paraísos fiscales fueron puestas de actualidad por revelaciones como las que afectaron a Jordi Pujol y su familia, la denuncia parlamentaria de LLamazares contra Amazon en 2014 , otros análisis del problema principal en declaraciones a Ibercampus, y sobre todo por los citados Papeles de Panamá que costaron la dimisión al ministro Soria ante la presión de prensa y el propio PP.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contribuyó a esa creciente concienciación ciudadadana del problema de la baja fiscalidad de las multinacionales  cuando afirmó en sede parlamentaria al inicio de su última legislatura que había empresas del Ibex que pagaban cero euros en impuestos, posición que fue defendida por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

Exigir que las grandes empresas paguen más impuestos era una propuesta que aparecía en la mayoría de programara políticos presentados a las cuatr elecciones generales de los dos últimos años, especialmente, los del PSOE y Podemos, que ahora negocian su anunciado gobierno de coalición, no sin resintencia de los grandes intereses afectados. También Ciudadanos, que apostaba por rebajar el tipo nominal del impuesto, defendía que es posible reclamar una mayor contribución a las multinacionales. La única excepción es Vox, lo que alimenta la especie de que como otros grandes partidos populistas de la derecha europea están siendo movilizados interesadamente por Steve Bannon, el exasesor aúlico de Donald Trump: El trumpismo, con Bannon al frente y el PP de Casado como interlocutor, intenta destruir la UE. Un Bannon que al empezar este año nombraba al hijo de Bolsonaro líder del movimiento anti globalización de Trump.

¿Es cierto que las grandes empresas pagan pocos impuestos?, se preguntan cada día más intelectuales, expertos y ciudadanos. Aquellos que responden a esta pregunta de forma afirmativa recurren a la estadística de Hacienda. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, informaba ya hace más de un año que el tipo efectivo de los grupos consolidados, que incluyen a la mayoría de grandes empresas cotizadas de España, tributaron en 2014 a un tipo efectivo del 7,3%. Un porcentaje que a principios de legislatura se situaba en el 3,8%. A pesar del incremento, llama la atención que las multinacionales abonen solo un gravamen del 7,3% sobre sus beneficios cuando el tipo nominal del impuesto en 2014 ascendía al 30%. De hecho, las pymes tributan a gravámenes efectivos superiores. Los últimos datos oficiales de 2013 reflejan que el tipo efectivo de las pymes se situó en el 14,9% frente al 6% de los grupos consolidados. Según estos datos, parece cierto que las multinacionales pagan pocos impuestos y sufren una presión fiscal menor que los autónomos o las pequeñas y medianas empresas.

En los últimos días de noviembre de 2019, se han recrudecido aquellas sospechas de inmunidad fiscal de las multinacionales, a partir de la citada base de datos de la OCDE difundida en España y otros países sin dar nombres de los mayores beneficiaros: Las multinacionales que más ganan son las que menos aportan: más de 900 millones de beneficio de media y solo 2 millones en impuestos de Sociedades. Entre las muchas noticias que sacuden estos días la conciencia pública destaca que 27 multinacionales españolas pagan un Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo del 0,3% de su beneficio. Del otro lado, hay 37 que abonan más de un 31%. La media es del 12,6%. Así pues, para algunos como eldiario.es los datos difundidos por la Agencia Tributaria acaban con el argumento de que se pague menos en España por Sociedades porque ya se abona en otros países 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las multinacionales obtienen buena parte de sus beneficios en el extranjero y, por lo tanto, pagan en los países de origen. El impuesto sobre sociedades contempla una exención para evitar que las empresas tributen dos veces por el mismo concepto. Este es uno de los motivos que explica que el tipo efectivo de las multinacionales sea tan reducido.

Las propuestas de los partidos en las electorales desde 2016
PSOE: Garantizar una tributación mínima.El programa electoral del PSOE contempla un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios para evitar que las multinacionales tributen a gravámenes efectivos muy bajos. También propone suprimir exenciones.

Podemos: Elevar el gravamen al 30%

El partido que lidera Pablo Iglesias apuesta por elevar el tipo nominal hasta el 30% cuando los beneficios se distribuyan entre los accionistas. El gravamen se mantendría en el 25% si las ganancias se reinvierten en la empresa.

 

Vox.Este partido llama a eliminarde raíz  la deuda y el déficit con la adopción de los presupuestos de base cero, aunque a la vez ofrece grandes reducciones en los mayores impuestos como IRPF, Impuesto de Sociedades (su gravamen óptimo se alcanzaría equiparando a España con Irlanda y dejando el tipo de referencia en un 12,5%), IVA (0% para todas la compra de primera vivienda) y Otros tributos (derogación del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y la Plusvalía Municipal). 

Ciudadanos: Rebaja del tipo hasta el 20%

Ciudadanos defiende una rebaja del tipo nominal del impuesto sobre sociedades del 25% al 20%. El partido asegura que no se perdería recaudación porque la medida se acompañaría con la eliminación de exenciones. Propone suprimir totalmente la deducción de los gastos financieros.

 

En cualquier caso, Jesús Gascón, exdirector general de Tributos y autor del libro Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal (Civitas), defiende que el modelo del impuesto sobre sociedades está en crisis y alerta de la caída que ha registrado la recaudación. En el momento álgido del ciclo, el impuesto sobre sociedades llegó a recaudar 44.823 millones de euros en 2007, el importe más elevado jamás registrado. Desde ese nivel, la recaudación cayó hasta tocar suelo en 2010, cuando los ingresos no llegaron a 16.200 millones.

Gascón indica que hay dos factores que explican la baja recaudación: por un lado, apunta que la globalización ofrece herramientas para rebajar la factura fiscal. Por otra parte, alerta de la atomización del sector empresarial, donde la mayoría de empresas son pequeñas. Destaca que las pymes pagan tipos más elevados porque su principal objetivo es sobrevivir y no cuentan con margen ni herramientas para acogerse a las deducciones que contempla la legislación y que sí aplican las grandes empresas. El exdirector general de Tributos señala que las soluciones para mejorar el impuesto sobre sociedades deben ser necesariamente globales y se muestra favorable a medidas como el proyecto de aprobar una base imponible consolidada común en el marco de la Unión Europea. Por otra parte, la OCDE también ha puesto en marcha el programa BEPS (proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por sus siglas en inglés). BEPS contempla un conjunto de recomendaciones para que las multinacionales abonen el impuesto sobre sociedades en los países donde generan valor y no en territorios elegidos por su baja tributación.

En clave interna, Gascón asegura que deben implementarse políticas para fomentar que las empresas españolas aumenten de tamaño, un aspecto clave para ganar competitividad y evitar que buena parte de las compañías que se crean en España echen el cierre al cabo de dos años. Indica que, más allá del ámbito tributario, hay aspectos en la legislación que todavía suponen una barrera al crecimiento empresarial y que deberían revisarse. Cuando una compañía gana tamaño, sus obligaciones formales también se incrementan y Gascón defiende una mayor simplificación y armonización para evitar que una compañía tenga incentivos para no crecer.

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno del PP puso fin precisamente a una de estas barreras. Hasta 2014, las grandes empresas tributaban al 30% y, las pequeñas, aplicaban un tipo del 25% para los primeros 300.000 euros de beneficio. El Ejecutivo estableció que el tipo nominal del 30% bajara al 28% este año y, en 2016, se situará en el 25%. Así, todas las compañías aplicarán el mismo tipo nominal. Manuel Lagares, el presidente de la comisión de expertos para la reforma fiscal, ha sido uno de los máximos defensores de fijar un tipo único en el impuesto sobre sociedades para no obstaculizar el crecimiento empresarial.

Más allá de la rebaja de tipos, la reforma del impuesto sobre sociedades aprobada por el Ejecutivo también contempla una reducción del número de deducciones y beneficios fiscales. José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, defiende la medida de suprimir bonificaciones a cambio de rebajar el tipo impositivo. Asegura que hay margen para continuar por esta senda hasta fijar el gravamen en el 20%. Sostiene que la gran mayoría de incentivos fiscales resultan ineficientes. Entre ellos, incluye las bonificaciones por I+D, que la legislación vigente mantiene.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el PP reformará el impuesto de sociedades la próxima legislatura si vuelve a gobernar, con el objetivo de fomentar el crecimiento de las empresas españolas, sobre todo de las pymes y de los autónomos. La mano derecha de Rajoy no quiso avanzar más detalles, aunque la formación popular insiste en la idea de rebajar impuestos en la medida en que los permitan la situación presupuestaria.

Ciudadanos incluye en su programa electoral una rebaja del impuesto sobre sociedades hasta el 20% y defiende la eliminación de beneficios tributarios. El PSOE, por su parte, hace hincapié en la necesidad de aumentar la recaudación de las grandes empresas. Los socialistas defienden también la eliminación de exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades y apuestan por fijar un gravamen mínimo. “Se establecerá una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no hayan generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país”.

En este ámbito, la propuesta del PSOE es parecida a la planteada por Podemos, que también defienden la introducción de “un impuesto mínimo para las grandes empresas”. La formación de Pablo Iglesias aboga por suprimir exenciones y bonificaciones. Así, la única certeza es que, el día después del 20D, el impuesto sobre sociedades será objeto de modificaciones porque todos los partidos proponen cambios.

Empecemos por no demonizar a las empresas

El impuesto sobre sociedades es, con diferencia, el tributo que ha perdido mayor capacidad recaudatoria con la crisis. El tercer mayor impuesto del sistema fiscal, por detrás del IRPFy el IVA, aporta a la caja común un 58% menos que en 2007.

Una circunstancia que ha contribuido a extender la idea de que las empresas pagan pocos impuestos en España. Hay que tener en cuenta que el impuesto sobre sociedades grava el beneficio empresarial. Si no hay ganancias, la cuota a pagar será cero. Lamentablemente, durante la crisis, la mayor parte de las empresas han registrado pérdidas y, por lo tanto, no han abonado el impuesto sobre sociedades. No hay nada reprochable ni raro en ello.

Sin embargo, es cierto que la globalización económica y la libertad de movimiento de capitales ha facilitado que las grandes compañías puedan ubicar sus beneficios empresariales a países de baja o nula tributación. En este punto, es necesario que el futuro Gobierno ataje las prácticas fiscales abusivas. Y para que este tipo de medidas sean efectivas resulta imprescindible la colaboración internacional y una actitud proactiva de la Unión Europea.

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