En pie de guerra y unidos en una alianza inusual. La decisión del Gobierno de excluir a los agentes sociales del órgano que controla las subvenciones del sistema de formación para el empleo ha acabado con la paciencia de la patronal y de los sindicatos, hasta el punto de que UGT ha amenazado con acudir a los tribunales y CCOO lo está estudiando.
De momento, está previsto que la convocatoria de ayudas se apruebe en el Consejo de Ministros del viernes con la oposición de la patronal, los sindicatos y Comunidades Autónomas como País Vasco, Andalucía, Islas Baleares, Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña.
El acuerdo que se había alcanzado el 12 de mayo sobre la convocatoria de ayudas se rompió el pasado viernes tras presentar el Gobierno un cambio de última hora, que dejaba a los interlocutores sociales fuera del órgano encargado de decidir a quién se conceden las subvenciones.
El enfado de los agentes sociales no tardó en llegar. Desde la CEOE acusaron al Gobierno en un comunicado de poner en marcha "un sistema intervencionista, politizado, burocrático y poco transparente en cuanto al destino de los fondos", así como "muy alejado de las necesidades empresariales". La patronal le recordaba al Gobierno que los interlocutores sociales "deberían ser los auténticos protagonistas del sistema", ya que son "las empresas y los empleados quienes financian lo financian mediante la cuota de formación profesional".
El Ejecutivo, por el contrario, no considera que los esté excluyendo del sistema con esta decisión. "Están muy presentes en todo momento, sólo salen de la gestión de los fondos", explica a EL MUNDO el secretario de Estado de Empleo.
Juan Pablo Riesgo justifica su salida de este órgano para "evitar cualquier conflicto de interés". "El Gobierno", matiza, sólo "trata de garantizar el principio de objetividad establecido en la Ley de Subvenciones" porque considera que éste podría verse vulnerado si estuvieran en ese órgano representantes de los interlocutores sociales o personas designadas por ellos al tener también centros de formación que podrían aspirar a esas ayudas.
Una justificación que no convence a los interesados, pues piensan que es más bien una excusa. El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, no entiende que el pasado 12 de mayo se llegara a un acuerdo y nadie hablara de conflicto de interés y ahora sí. "La nueva ley regula que patronal y sindicatos tenemos que estar en la gobernanza del sistema, y la norma alcanzó el máximo consenso en el Parlamento". Además, añade, que si un centro de formación de los que están vinculados a algún sindicato se presentara, los representantes sindicales en el órgano colegiado podrían abstenerse. Por tanto, no entiende que se hable de conflicto de interés. "Me suena a excusa". Pacheco recuerda que al igual que hay centros vinculados a sindicatos, también hay centros de formación públicos. Y se pregunta: "¿En ese caso no se daría un conflicto de interés?". Asimismo, advierte, de que "sólo con la Administración en el órgano de gobernanza habrá un control menor".
Algo que descarta Empleo. "Nosotros queremos que los interlocutores sociales sigan ejerciendo una función de control y evaluación pero desde el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, y denuncien cualquier irregularidad que vean", subraya Riesgo.
Desde UGT consideran que la decisión del Gobierno vulnera la legalidad vigente, el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo -que establece la consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo-, así como los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Constitucional.
Por su parte, desde CCOO recuerdan que "en 2014 la Audiencia Nacional señaló que la participación de los sindicatos más representativos en el órgano colegiado no atentaba contra la libertad sindical ni implicaba que la gestión de las subvenciones se realizara con falta de transparencia, objetividad y neutralidad".
Al contrario, precisan: "Sólo puede servir para contribuir a aumentar la calidad de las decisiones que se adopten y aportar transparencia al sistema". "Lo del conflicto de interés", denuncia Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría Confederal de Formación de CCOO, "es una excusa. Nos excluyen porque no quieren testigos. No quieren que participemos porque les hemos resultado incómodos al sacar a la luz distintas situaciones irregulares a lo largo de estos años".
