El catedrático de Análisis Económico y director del Centro de Economía Política y Regulación de
Sostiene que “una manera de conseguirlo de forma gradual y espontánea es que la financiación pública de la enseñanza vaya directamente a las familias y a los estudiantes, y no a los centros de enseñanza”. Además, señala que “la competencia entre centros, iniciada por el proceso de Bolonia y fomentada por el Bono Universitario, hará más transparentes sus diferencias cualitativas y forzará la mejora de la calidad de toda la enseñanza superior, tanto privada como pública”.
Propuesta para la universidad madrileña
El documento es una propuesta para la Universidad madrileña, basada en el Principio de la Libertad de Elección. Las directrices concretas reseñadas en el mismo y destacadas ayer son: “una deducción fiscal por gasto de matricula para estudios de grado, de hasta un 20% de la cuota autonómica del IRPF, sea de los propios estudiantes, sea de las familias que les financian”. Asimismo, “se propone que la Comunidad de Madrid otorgue a los residentes en ella un bono escolar fijo de 2.000€ anuales para estudios de postgrado, que los beneficiarios podrán aplicar a la matrícula en cualquier universidad nacional o internacional reconocida por la Comunidad de Madrid que les haya admitido. Ese bono se conceptuará como ingreso a efectos del IRPF”.
La citada deducción fiscal de hasta un 20% en la cuota autonómica del IRPF para los estudios de grado, supondría el 0,6% del presupuesto de 2006 de la Comunidad de Madrid. Mientras que la donación del Bono Universitario fijo de 2.000€ anuales para los estudios de postgrado supondría un gasto fiscal de aproximadamente el 3% del presupuesto de 2006 de
Ese bono, “suavizará para los estudiantes el monto, de cuantía desacostumbrada, que se prevé para matrícula de los másteres en la universidad pública; y reducirá en alguna medida la más elevada matrícula en las universidades privadas. Además, la subvención de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas habrá de reducirse en 2.000€ por alumno, reducción de la que éstas se resarcirán si tienen éxito en su competencia con otras universidades, tanto públicas como privadas”.
Otro de los puntos a destaca del estudio es que las becas ordinarias de la Comunidad de Madrid seguirán siendo aplicables al coste de los estudios tanto en la universidad pública como en
Según este modelo de financiación universitaria, debe abrirse a las universidades privadas de la región la posibilidad de suscribir el acuerdo de financiación a la investigación firmado con las universidades públicas. El coste de esta incorporación será en un principio (y por desgracia para la actividad investigadora de España) de poca monta, dada la poca investigación que son capaces de financiar en estos momentos las privadas.
Por último, debería estudiarse la posibilidad de aplicar en la Comunidad de Madrid sistemas de préstamo preferente para estudiantes de postgrado, al estilo de los que se aplican en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, e incluso en Autonomías españolas como Cataluña. Finalmente, el estudio destaca que las universidades públicas de Madrid deberían incrementar paulatinamente los precios, para acercarlos al coste real. En cualquier caso, tendrían que emitir una ‘factura-sombra’, para que el usuario percibiese el verdadero coste del servicio.
Sin embargo, este documento ya se hizo público el pasado mes de abril y diversos miembros de la comunidad educativa y los sindicatos mostraron su rechazo hacia las tesis que propone por tratarse “de una burda manipulación de la realidad existente al servicio de la privatización de la enseñanza pública”.