La Comisión del Pacto de Toledo ha llegado a un principio de acuerdo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC real, que aún debe ser debatido “formalmente” y se basa en un “consenso de mínimos”. Los grupos se felicitaron este miércoles por haber “desatascado” las discusiones en la comisión, que lleva dos años incapaz de concluir el trabajo que tiene encomendado: revisar cada cinco años las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo al Gobierno para mantener y mejorar el sistema público de pensiones. No obstante, cuando los periodistas preguntaron a los grupos si este principio de acuerdo zanja la bronca política sobre cómo mantener el poder adquisitivo de las pensiones, la respuesta fue tan laxa como el redactado del borrador sobre la recomendación segunda. “Eso está por ver”, advirtió la diputada de En Marea Yolanda Díaz.
El representante del PDeCAT, Carles Campuzano, explicó que, para alcanzar ese consenso de mínimos, la recomendación “no debía entrar en detalles”. De forma que los grupos se han agarrado a la recomendación segunda tal y como quedó aprobada en 2011, la última vez en que los trabajos del Pacto de Toledo se cerraron con acuerdo, para fabricar el actual borrador. “Estamos de acuerdo en que debe mantenerse el poder adquisitivo de las pensiones y en que la base de esa política está en el IPC”, resumió Campuzano. Ese IPC será, además, el real; es decir, si al final de año la inflación se desvía de la previsión del Gobierno, ese desajuste deberá ser compensado.
También hay acuerdo unánime en declarar difunto el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que sustituyó al IPC desde la reforma de 2013 aprobada por el PP y ha subido las prestaciones sólo un 0,25% desde entonces. Además, se ha añadido como objetivo el “equilibrio social” del sistema público de pensiones al “equilibrio financiero” que figuraba en la redacción de 2011. Y se pide al Gobierno que, para desarrollar o modificar la recomendación cuente antes no sólo con el Diálogo Social –patronal y sindicatos–, sino también que consulte con la propia comisión parlamentaria. Se trata, dijeron los diputados, de reivindicar el papel del Pacto de Toledo y evitar que se repita lo ocurrido en 2013 cuando el Ejecutivo del PP reformó de forma “unilateral” el sistema. “La comisión tendrá un papel más preponderante y eso constituye un avance político”, apuntó el diputado de Compromís Ignasi Candela.
IPC con otros indicadores o sin ellos
Hasta ahí las coincidencias. La recomendación actualizada de 2011 permite a cada grupo mantenerse en la misma posición que las últimas semanas había impedido el acuerdo. Así, Unidos Podemos sostiene que las pensiones subirán según lo haga el IPC real, sin que se module con otros indicadores, como los salarios y el PIB, o que el ritmo de subida sea distinto según la cuantía de la pensión o que se distinga entre periodos de crecimiento y recesión económica. “Han desaparecido todas nuestras líneas rojas”, se congratuló la representante de En Comú Podem Aina Vidal, mientras que su compañera Yolanda Díaz destacaba “el giro de 180 grados” que a su juicio han dado el PP, Ciudadanos y el PDeCAT aceptando el borrador.
ERC, el único grupo que se ha apartado en principio del acuerdo, revelaba las “discrepancias” que mantiene con algunos párrafos del redactado –“¿a qué se refiere con recursos financieros alternativos para el sistema, a los impuestos?”, preguntó el diputado Jordi Salvador–, pero reconoció que se trata de “matices”. “[La recomendación] se acerca mucho a lo que defendemos: un IPC real revisable anualmente y sin contextualizaciones”, recordó, pese a las “ambigüedades” que también advierte en el borrador.
Sin embargo, tanto PP como Ciudadanos y PDeCAT sostuvieron ante los periodistas que el principio de acuerdo permitirá añadir otros indicadores al IPC real para revalorizar las pensiones. “El IPC es un indicador troncal, pero no el único”, explicó el diputado del PP Gerardo Camps, “por eso se dice que la revalorización se hará en base [sic] al IPC y no conforme al IPC”. “El Gobierno de turno podrá utilizar otros parámetros si los propone al Diálogo Social y cuenta con la mayoría del Congreso”, adelantó. En parecidos términos se expresó Carles Campuzano. Y el representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, aseguró que el borrador “no rompe” lo que su grupo ha defendido hasta ahora –la introducción de los salarios y el PIB para suavizar el IPC–. Incluso admitió que podría darse el caso de que las pensiones suban menos que la inflación “si así lo acordara el Pacto de Toledo”.
De la amplitud de interpretación que permite el borrador da idea el hecho de que Camps llegara a asegurar que lo acordado este miércoles “es prácticamente el IRP” creado por el PP en 2013, mientras que los restantes grupos aplaudían su desaparición. Aun así, Camps también reconoció como “obvio” que “el IRP carece de consenso político y social”, por lo que el PP no podía negarse a que se incluyera su reprobación en el borrador. Las recomendaciones de la comisión, precisó, deben ser obligatoriamente “genéricas”. Cuando los periodistas le preguntaron si el redactado de la segunda aplazaba las decisiones a mañana, Carles Campuzano lo admitió: “Pues sí, como siempre en el Pacto de Toledo, que no es el Santo Grial”.
Cambios en otras recomendaciones
Por su parte, los diputados de Unidos Podemos insistieron en que el mecanismo de revalorización de las pensiones según el IPC real y sin indicadores añadidos debería quedar consagrado en una ley. En caso de que el Gobierno decida romper con la recomendación, “tendrá que ir al Congreso a explicar por qué lo hace”, le emplazó Jordi Salvador. También Aina Vidal retó al Ejecutivo: “Que se atreva a moverse del IPC”, advirtió, “cuando el consenso actual en la sociedad está claramente en el IPC: volverá a encontrarse con los pensionistas en la calle”. Mientras los diputados negociaban el borrador, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendía durante la presentación de un informe sobre pensiones la modulación del IPC con otras variables. Según advirtió, ligarlas a un único indicador “siempre causa a largo plazo más efectos perversos que positivos”.
Para la diputada del PSOE Mercé Perea, lo destacable del principio de acuerdo es que se haya regresado al IPC real “después de siete años”, y que se haga “sin poner fecha límite ni para hoy ni para mañana”. Perea elogió la propuesta de “amplia mayoría” acordada como un “logro colectivo” y un “punto de inflexión” para seguir con las siguientes recomendaciones”. Ahora debe ser el Gobierno, indicó, el que diseñe al detalle el mecanismo para subir las pensiones
