martes,7 diciembre 2021
Espacio euroiberoamericano de diálogo sobre la innovación social, profesional y académica
InicioGobernanza económicaPodemos y la oposición piden a Borrell que dimita por usar información...
El BOE ha publicado solo 15 sanciones de CNMV desde 2013

Podemos y la oposición piden a Borrell que dimita por usar información privilegiada de Abengoa

Redacción
Podemos y la oposición pidieron este martes a Borrell que dimita por usar información privilegiada de Abengoa, tras quedar sentenciada la legislatura con la convocatoria de primarias para reafirmar el poder y la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia del Gobierno. El líder de Podemos exige la dimisión del ministro de Exteriores, tras la multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por usar información privilegiada al vende acciones. Solo hay15 sanciones de desde el 2013.

"Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo", ha sido la reacción de Pablo Iglesias, minutos después de conocerse la decisión del órgano regulador.

La CNMV ha impuesto una multa de 30.000 euros al ministro. Argumenta que el 24 de noviembre de 2015 el ministro, que fue consejero del grupo de ingeniería y energías renovables, vendió por cuenta de un tercero 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros, disponiendo de información privilegiada sobre este emisor. 

La exigencia ética y de transparencia que propugna Podemos en su discurso político, obliga a la formación morada a exigir la dimisión del ministro de Exteriores. Eso sí, no lo hace de manera directa, si no esperando que sea el propio Borrell quien dé un paso atrás, algo poco propable.

El ministros de Exteriores, Josep Borrell, este martes

Y es que no es la primera dimisión de un ministro de Pedro Sánchez que pide Podemos. Ya hizo lo propio con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras hacerse públicas sus reuniones con el ex comisario Villarejo. "Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de las cloacas de este país hace daño a la mayoría que aprobó la moción de censura", llegó a decir Iglesias. "La ministra tendría que estar fuera de un Gobierno salido de una moción de censura por corrupción", señaló Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso.

De hecho, Podemos se abstuvo en el Congreso de los Diputados propiciando la reprobación de Delgado y avalando la exigencia de "dimisión inmediata" de la ministra de Justicia Sin embargo, una vez votada esta iniciativa, que no es en modo alguno vinculante, desde Podemos no volvieron a poner sobre la mesa su petición de dimisión.

Solo15 personas o empresas sancionadas por el uso de información privilegiada desde 2013

El de Borrell es el segundo expediente sancionador de este tipo que el organismo supervisor de los mercados finiquita en la última semana. El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado hizo pública una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se impusieron cuatro sanciones –tres por infracciones muy graves y una por infracción grave– a particulares por la comunicación y el uso de información privilegiada en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Orange sobre Jazztel en 2014. En septiembre de ese año, ante el repentino repunte de las acciones de la segunda compañía, la CNMV anunció una investigación para determinar si se había producido una filtración de información privilegiada.

El organismo ha multado con 100.000 euros a María Paloma Bru por la “comunicación ilícita” de datos relevantes a terceras personas “sobre Jazztel, PLC” durante ese periodo de tiempo. Una sanción que asciende hasta los 500.000 euros en el caso de María Chao y Rafael Chao, que según la Comisión utilizaron esa “información privilegiada” en operaciones sobre acciones de la compañía de telefonía en septiembre de 2014. La cuarta multa se ha impuesto a Francisco Javier Bru por emplear también datos sensibles en operaciones con títulos de Jazztel en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en este caso la Comisión considera que se cometió una “infracción grave”, por lo que la multa se ha reducido a 20.000 euros. En total, 1,12 millones de euros de sanción en el marco de la OPA de Orange sobre Jazztel.

Solo un mes antes, la CNMV multó con 60.000 euros al expresidente de Campofrío Pedro Ballvé por transmitir a terceras personas información privilegiada para la adquisición de títulos de la firma. La resolución sancionaba también a la Fundación Laboral Sonsoles Ballvé –puesta en 1974 para dar apoyo social a los empleados de Campofrío– y a su presidente, Miguel Ángel Ortega, con 30.000 euros por “la utilización indebida” de la información privilegiada sobre Campofrío Food Group “en la adquisición de acciones de esta sociedad”. Tanto la fundación como Ortega interpusieron recurso de alzada ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, después de que fuera desestimado, llevaron el caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que todavía no se ha pronunciado. No consta en la documentación de la CNMV que Ballvé, que ya fue sancionado en 2017 por una operación de compraventa de títulos propios, haya recurrido.
Seis sanciones en 2017
A estas cuatro resoluciones habría que sumar otras tres en 2017. En noviembre de ese año, el supervisor bursátil impuso una sanción de 4,4 millones de euros a Francisco Garriga y otra de 28.350 euros a Julio Torres por emplear información privilegiada en la OPA que la constructora Grupo San José lanzó sobre la inmobiliaria Parquesol en 2006. La sanción de la CNMV llegó cuatro años después de que la Audiencia Nacional condenara a cuatro años de prisión –pena ratificada después por el Supremo– al ex director general en España de la financiera Eurohypo AG José Luis Zanetty por facilitar a su amigo y socio Garriga datos privilegiados sobre el precio de las acciones de la OPA, una operación con la que el segundo se embolsó 2,2 millones de euros en tres semanas. En esa misma sentencia, el inversor multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 645.682 euros por blanqueo de capitales –abrieron varias cuentas en Andorra desde las que realizaron ingresos en sociedades panameñas a nombre de ambos–.

Tampoco Vueling se ha librado de este tipo de prácticas. El mismo día que se hacía pública la resolución sobre Garriga, el Boletín Oficial del Estado también impuso tres sanciones por la comunicación y utilización de información privilegiada en la compra de títulos de la compañía aérea, que fue absorbida por IAG –holding que resultó de la fusión de Iberia LAE y British Airways–. La CNMV multó con 100.000 euros a Sergio Turrión, con responsabilidades en el área de Recursos Humanos de Iberia, por comunicar a Rafael Collada, entonces consejero delegado de la agencia de valores Mercados y Gestión de Valores, “información privilegiada relativa a las acciones de Vueling”. Al beneficiado, se le impuso la misma sanción por “adquirir acciones” de la compañía aérea utilizando dichos datos “para sus carteras gestionadas”. Por último, la agencia de valores fue castigada con 200.000 euros de multa y una sanción de “seis meses” de suspensión “de la condición de miembro de la Bolsa de Madrid”.

Un caso similar al de Borrell fue el del bisnieto del fundador de la cervecera Damn. A mediados de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso una sanción de 30.000 euros a Ramón Agenjo por “haber adquirido por cuenta de un tercero acciones de Sociedad Anónima Damm, S.A. el 7 agosto de 2014 disponiendo de información privilegiada” sobre la compañía.

Menos frenético fue, sin embargo, el periodo comprendido entre 2013 y 2016. En esos cuatro años, el supervisor bursátil sólo impuso una sanción por uso de información privilegiada. Fue a Jesús Carlos García, exconsejero de Pescanova y el que fuera hombre fuerte de Manuel Fernández de Sousa al frente de la pesquera. En octubre de 2015, la CNMV le castigó con 160.000 euros “por haber recomendado a un tercero la venta de acciones” de la empresa en febrero de 2013 “basándose en información privilegiada” que tenía sobre la sociedad. El chivatazo se dio justo un día antes de que Pescanova comenzara la tremenda crisis que vivió la multinacional pesquera.

De interés

Artículos Relacionados