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POLÍTICAS
24 detenidos en Valencia, como Rus y varios cargos del PP

Políticos presos por Taula, red de corrupción que estafó más de 1.000 millones al construir colegios


La Guardia Civil detuvo este lunes a 24 personas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana en la primera fase de una operación iniciada hace año y medio que investiga el amaño de contratos en las administraciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Entre ellos figura Alfonso Rus y varios cargos del PP. Esta red de corrupción pudo estafar más de 1.000 millones de euros en sobrecopstes al contruir colegios, cantidad equiparable a una parte de los recortes de gasto educativo regional.
Redacción 27 de enero de 2016 Enviar a un amigo
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La Guardia Civil detuvo a 24 personas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana en el marco de la primera fase de una operación iniciada hace año y medio que investiga el amaño de contratos en las administraciones públicas a cambio de comisiones ilegales. Entre los detenidos por corrupción y blanqueo está el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus y varios cargos del PP. En la bautizada operación Taula, que sigue abierta mientras la causa sea secreta, se han llevado a cabo 33 registros, entre los que está la sede del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en domicilios particulares, en sedes sociales de empresas y fundaciones y en una asociación deportiva.

Además de Rus, fueron detenidos su exjefe de gabinete Emilio Llopis; los exvicepresidentes de la Diputación de Valencia Máximo Caturla y Juan José Medina; el exsecretario de Deporte y exdiputado del PP David Serra; y la exconcejala del PP María José Alcón, a quien el juez, tras su declaración, dejó anoche en libertad e imputada por cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. También se detuvo al exgerente dela Fundación Jaume II el Just y exjefe del gabinete del Consell Juridic Consultiu Vicente Burgos; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento valenciano Carmen García Fuster, y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia Salvador Deusa.

En la causa hay 29 investigados, entre los que se halla el presidente del PP de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo; el asesor del PP Luis Salom y la secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Pi. Los diarios destacan que la investigación apuntan al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps y a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Por su condición de aforada el instructor deberá, si así lo considera oportuno, elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada de los motivos por los que se le investiga.

Sobrecostes al construir colegios

Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.030 millones de euros la década pasada. El portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Manuel Mata, lo denunció a mediados de diciembre citando un informe de la Intervención de la Generalitat encargado hace un año por el popular Alberto Fabra, entonces presidente valenciano. El PP pidió entonces esperar a que el informe de la Intervención sea publicado oficialmente para estudiarlo y poder, en su caso, contestar a sus afirmaciones. El Consell ha anunciado que llevará el asunto ante la fiscalía.

También ha sido detenido el exalcalde popular de Moncada y exvicepresidente de la diputación, Juan José Medina. Y el exdiputado autonómico David Serra, que está imputado en dos piezas del caso Gürtel. El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, otro de los arrestados, fue también alcalde de Genovés hasta el pasado mes de mayo. Llopis se querelló contra EL PAÍS por una información relacionada con estas presuntas irregularidades. El juzgado archivó la denuncia hace unas semanas.

La Guardia Civil ha pedido al juez el embargo de 150 coches de alta gama, 252 cuentas bancarias y 148 propiedades de los implicados en el caso.

El presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, fue defenestrado en mayo, semanas antes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba contando dinero. La grabación había sido realizada por Marcos Benavent, entonces mano derecha de Rus como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa).

Reacción del PP 

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, a instancias del partido en la Comunidad Valenciana, ordenó la suspensión de militancia de los detenidos que figuran como afiliados del PP. En la nota difundida el PP "rechaza cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga", y anuncia que "adoptará las medidas que están en su mano para atajar cualquier actuación que infrinja la ley".

La coordinadora general del PP valenciano, Eva Ortiz, dijo que su partido quiere que se llegue "hasta el final" en la investigación, y si hay algún responsable, "que lo pague". El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, anunció que si Llopis y Medina no renuncian a sus cargos como asesores del PP en la corporación provincial, "serán destituidos".

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, dijo que la operación demuestra que "el PP cobijó la corrupción durante mucho tiempo, con una actitud desleal con los valencianos".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que la operación policial demuestra que "en España no hay impunidad" e insistió en que "los jueces, los fiscales y la Policía trabajan y los delitos se persiguen, cualquiera que sea su autor y con independencia de la formación política" que se vea afectada.

Impacto y editoriales en la prensa

"Golpe policial al entramado de corrupción del PP en la Comunidad Valenciana", titulaEL PAÍS. "Desmantelada la ´organización criminal´ del PP valenciano", es el titular deEL MUNDO. Este diario apunta que las detenciones e imputaciones afectan al grupo de confianza de Rita Barberá en el Ayuntamiento.

En este sentido, EL PERIÓDICOdestaca: "24 detenidos en una redada que hace caer a Rus y cerca de Barberá". ABCtitula: "Cae la antigua cúpula del PP de Valencia por amañar obras públicas". "Enésimo caso de corrupción que sacude al PP valenciano", apunta CINCO DÍAS.

Rajoy puede pagar ahora por su tibieza contra la corrupción (EL MUNDO): La operación anticorrupción desarrollada ayer en Valencia "señala directamente la responsabilidad - cuando menos, por omisión - de la dirección nacional del PP y del propio Mariano Rajoy, quien puede pagar su tibieza contra la corrupción justo cuando inicia las negociaciones para sacar adelante su segunda investidura". El escándalo que salpica a la Diputación de Valencia "no es un garbanzo negro en la mayor organización política de España, sino un ejemplo paradigmático de hasta qué punto la corrupción se convirtió en un problema estructural en el PP". La Fiscalía y la Guardia Civil señalan que el PP valenciano "amparó una ´organización criminal´ con el objetivo final de financiarse ilegalmente, lo que pone el foco sobre quien ha sido su cabeza visible durante el último cuarto de siglo: la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá". El alcance de este caso "no admite más subterfugios políticos". Si las acusaciones toman forma judicial, Barberá y Gerardo Camps, exvicepresidente del Gobierno valenciano y actual diputado por Alicante, "deberían dimitir de sus cargos para evitar el trámite del suplicatorio y agilizar la depuración de responsabilidades". "Solo desde la impunidad que parecía rodear al PP valenciano se explica la existencia de una trama de estas proporciones", que "halló un aval en la actitud timorata de la dirección de los populares, incapaz de reaccionar ante la retahila de escándalos que han acabado descomponiendo su estructura en la Comunidad Valenciana". Incluso ayer, después de la macrorredada, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, "echó balones fuera y evocó varios episodios de corrupción que afectan a otros partidos".El estallido del caso Imelsa "le llega a Rajoy en el peor momento". La corrupción fue una de las causas que subyacen en el batacazo del PP en las generales. "Ahora puede convertirse en la principal china en el zapato de la investidura". Desde Ciudadanos advirtieron que la corrupción condicionará las negociaciones. "El PP no puede deshacer el pasado, pero debe comportarse de manera inflexible con la corrupción, un asunto que gangrena sus cimientos y que exige la máxima contundencia por parte de sus dirigentes. Y, muy especialmente, del propio Rajoy".

La corrupción, el talón de Aquiles del PP, le estalla en el momento más inoportuno (ABC): El golpe policial al PP de Valencia se produce en un momento especialmente delicado para el PP, en medio del proceso de negociaciones para la investidura. La corrupción "ha sido el talón de Aquiles del PP" y redadas como la que se ha saldado con 24 detenidos y 33 registros "reafirman a los ciudadanos que han echado de menos más contundencia en el partido contra los desmanes en la Comunidad Valenciana". Paradójicamente, "los reproches al PP por su falta de energía contra la corrupción interna coinciden con la legislatura en la que se han aprobado las leyes más contundentes contra la financiación ilegal de los partidos". Medidas se han tomado, pero no ha bastado. "El problema del PP ha radicado en la percepción ciudadana de que no reaccionaba con rapidez a sus casos de corrupción, quedándose a remolque de los acontecimientos y al margen de las demandas sociales de respuesta, sobre todo allí donde era un clamor la existencia de tramas corruptas que le estallan ahora, en el momento más inoportuno".

Corrupción sin fin en Valencia (LA VANGUARDIA ): La corrupción en la Comunidad Valenciana protagonizada por altos cargos y dirigentes del PP "parece no tener fin". El PP de la Comunidad Valenciana ha dicho que será contundente ante cualquier atisbo de corrupción y que ha acordado ya la destitución inmediata de todos los cargos implicados en la trama. "Desgraciadamente, esa contundencia llega muy tarde y suena a broma pesada". La operación policial tiene lugar en pleno debate sobre las negociaciones de investidura de un nuevo gobierno "y puede suponer un problema añadido para el PP y para Mariano Rajoy a la hora de buscar posibles aliados con los que intentar conformar una mayoría parlamentaria". 

Al PP y a Rajoy se les complican más las cosas (EL PERIÓDICO): Al PP y a Mariano Rajoy "se les complican más las cosas". La lista de casos de corrupción que salpican al PP valenciano es interminable: Gürtel, Noós, Fabra, Brugal, Imelsa, Emarsa… "la dirección central del PP se ha afanado en suspender de militancia a los hasta ahora fieles escuderos, los muñidores de uno de los graneros de votos de los que Rajoy es deudor y defensor". "Cae otra pieza de la arquitectura del PP, imputado hace unos días por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas". Hoy "es más difícil pedir complicidades, presentarse como la solución y no como uno de los escollos para la regeneración del país, que reclama más igualdad y también más limpieza y transparencia". La justicia, o buena parte de ella, "no entiende de colores políticos ni de momentos delicados. Gracias a muchos jueces comprometidos con su trabajo este país aún es algo respirable".

Ni impunidad ni doble rasero (LA RAZÓN): "El estallido mediático del llamado caso Taula se ha producido en un momento especialmente delicado para el futuro de la estabilidad española, puesto que afecta a la imagen y credibilidad del PP", inmerso en "un complicado proceso negociador para conformar una mayoría de consenso constitucional que aleje a España de los riesgos del populismo y de las tensiones de los separatismos". El procedimiento judicial que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la empresa pública valenciana Imelsa arrancó hace 19 meses y desembocó ayer en una macrorredada, "lo que ha provocado la habitual reacción sobreactuada de los partidos de la oposición, que tratan con doble vara de medir los casos de corrupción según a quien afecten". "Sin justificar en modo alguno unas prácticas que tanto han perjudicado al PP y que éste lucha por erradicar, el caso no resta un ápice la legitimidad a Mariano Rajoy para negociar la mayoría ni ampara pactos contra los intereses de los españoles".


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