sábado,29 enero 2022
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¿Por qué la corrupción es una constante estructural en la política española?

Transitar por Eurolandia
En artículo precedente "Corrupción y crisis económica en España" mantengo la hipótesis de que la actual crisis está siendo muy dura para una gran parte de la sociedad española debido a la corrupción generalizada que reina en su clase política.

A estas alturas del discurso sobre la corrupción, de la que tanto se ha escrito y hablado, no es fácil ser original y hacer aportaciones de gran interés. En cualquier caso, siempre queda algún resquicio que permite establecer nuevas hipótesis y, a la luz de las mismas, tratar de interpretar las causas que la originan y que han llevado a la actual situación española.

La corrupción de la clase política española viene de lejos. Sin necesidad de remontarnos mucho en la historia, baste señalar que el sistema caciquil, que amañaba elecciones y amparaba todo tipo de corruptelas, se institucionalizó en España tras la Restauración borbónica de 1874; y así continuó con posterioridad, casi sin solución de continuidad hasta el presente. El franquismo, que es el precedente más inmediato que tenemos, como todo régimen autocrático, fue profundamente corrupto. Si bien la censura impidió conocer la mayor parte de estos asuntos, algunos sí afloraron a la luz pública; sirvan de ejemplo el enriquecimiento con el estraperlo –en el que estuvieron implicados algún ministro, numerosos alcaldes de ciudades importante y conocidos empresarios del momento-, o el tráfico de divisas del que se ocupó con notable éxito Florenci Pujol -padre de Jordi Pujol-, o el caso Matesa, la empresa dirigida por Vilá Reyes, etc. En fin, hasta el propio Franco se enriqueció recurriendo a estas prácticas.

Todo sistema autoritario es corrupto por definición, pero la democracia no garantiza, por sí misma, la honestidad en el manejo de los asuntos públicos; y mucho menos cuando ha sido pactada, como ocurrió en la España de la Transición con un franquismo profundamente corrompido y al que no se le exigió ningún tipo de responsabilidad histórica. La Transición, que tantas cosas cambió pero que tantas otras perdonó, heredó del franquismo un sistema que no hizo nada por combatir. La cultura de la corrupción permanece intacta en la sociedad española, porque existen estructuras jurídicas y políticas que la permiten y la amparan.Bajo mi punto de vista, el problema real de la corrupción reside en el desarrollo legislativo de la Constitución de 1978, que no estableció, pudiéndolo hacer, una verdadera división de poderes. Tal desarrollo ha permitido que, de una forma u otra, casi todo lo decida el ejecutivo: al no existir de hecho –aunque sí de derecho- una división real de poderes, la corrupción es muy complicada de erradicar por muchas leyes que se promulguen al respecto.

Al ser internamente poco o nada democráticos los partidos políticos y con un sistema electoral, como el hasta ahora vigente, de listas cerradas y bloqueadas, es la cúpula del partido –o más precisamente su presidente o secretario general, según los casos y con independencia que haya sido elegido en primarias- el que decide los candidatos que componen las mencionadas listas; y los que resulten elegidos serán quienes posteriormente votarán al que los ha propuesto: de esta forma, el poder legislativo será dócil a lo que decida el ejecutivo.

En el poder judicial, suele ocurrir otro tanto, por lo menos en lo que atañe a los órganos superiores. El gobierno, de forma directa o indirecta (a través del Parlamento y estableciendo los correspondientes acuerdos sobre cuotas de reparto con la oposición), también los elige. Así sucede con el Tribunal Constitucional (institución que, en sentido estricto, no forma parte del Poder Judicial), el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado. Entre los tres poderes del Estado, se ha establecido un entramado de intereses, un bucle de autodefensa, que se perpetúa y retroalimenta a sí mismo generando una elite social que se protege corporativamente usando todos los medios a su alcance, desde la obstrucción al aforamiento.

En la etapa democrática, esto es, desde 1977 en adelante, casi todo lo ha decidido el ejecutivo en sus diversos niveles (central, autonómico y local). Inicialmente UCD y posteriormente y alternándose, el PSOE y el PP, solos o en coalición con otros partidos (por lo general con CiU y a veces con el PNV),  han sido los que han realizado el desarrollo legislativo de la Constitución; y, en asuntos de corrupción, han establecido un pacto implícito de silencio, de complicidad y de tolerancia.

Rememorando el viejo caciquismo, la corrupción se ha institucionalizado en la España democrática en los niveles de gobierno y principalmente en la administración territorial (comunidades autónomas y corporaciones locales). El poder político se ha considerado inmune ante la misma, y lo ha hecho con muy buenas razones: los de la impunidad. Existen numerosos casos que, recurriendo a presiones políticas, han sido sobreseídos. Es oportuno recordar la declaración de legalidad de la expropiación de Rumasa, en febrero de 1983, que fue declarada constitucional por el voto de calidad del Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo; o el desfalco de Banca Catalana (1984), que bajo el subterfugio que se estaba atacando a Cataluña evitó una dura condena contra Jordi Pujol.

Hasta tiempos recientes no solo no se ha perseguido la corrupción sino que, por el contrario, se ha actuado contra los jueces que han tratado de aclarar algún asunto importante, sobre todo cuando el afectado era algún personaje relevante. Baste citar el caso del magistrado del Tribunal Supremo, Marino Barbero, que dimitió en 1995 de su cargo tras las presiones y críticas que sufrió en la instrucción del caso Filesa, que afectaba a la financiación ilegal del PSOE y que implicaba a su número dos, Alfonso Guerra. Barbero fue acusado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra de interferir en política comparando su actitud con la de ETA; al solicitar amparo al CGPJ por tales declaraciones, éste no apreció ataque alguno a la independencia de la justicia. O los más recientes de los jueces Baltasar Garzón y Elpidio José Silva, que han sido condenados e inhabilitados durante bastantes años –de hecho han sido expulsados de la carrera judicial- porque, en apreciación del Tribunal Supremo y del de la Comunidad de Madrid, respectivamente, se les ha ido la mano en la instrucción de algunas de las mayores tramas de corrupción política o financiera que se han destapado (casos Gürtel y Blesa, que afectan a la cúspide del PP), procesos que se dilatan en el tiempo sin que medie una razón que lo justifique, salvo la de interferencia política; pero que, curiosamente, el procedimiento para condenar a los jueces, sí se ha agilizado. La corrupción que ha padecido España en su etapa democrática descansa sobre tres grandes pilares: la politización de la administración, el descontrol de la administración territorial y el mal funcionamiento de las instancias que debieran garantizar su correcto funcionamiento (la Justicia, la Agencia Tributaria y el Tribunal de Cuentas). Estas tres cuestiona serán objeto de los próximos artículos que publique en este blog.

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