lunes,6 diciembre 2021
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Mensajes conciliadores de Cataluña ante el debate del 8-A

PP y Ciutadans urgen a que el bilingüismo llegue a todas las escuelas catalanas

Redacción
Una vez que la Generalitat ha validado por primera vez que un colegio imparta la mitad de las asignaturas de un curso de primaria en castellano, PP y Ciutadans han urgido este fin de semana que el uso de ambas lenguas se extienda a todas las escuelas catalanas. Todo ello tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la sentencia soberanista y ante el debate el 8 de abril sobre la consulta.

PP y Ciutadans, favorables al fin del sistema de inmersión lingüística en las aulas, reaccionan así al triunfo de los padres de una niña que, tras una batalla judicial de más de cinco años, han logrado que la Generalitat admita un reparto horario equilibrado entre el catalán y el castellano. La Generalitat ha confirmado que ampara, por primera vez, un reparto equitativo de las horas lectivas en catalán y castellano en ese colegio de Barcelona, y que el Govern cumplirá las sentencias que obligan a que las dos lenguas oficiales sean vehiculares en las aulas.

 
 La Generalitat constató este sábado en un comunicado que el colegio denunciado usaba el castellano en un 50% de las asignaturas y que no hacía falta ninguna actuación para cumplir con la exigencia judicial de que la niña recibiera una educación bilingüe. El Govern también recordó que un 14,25% de los colegios usan el castellano como lengua vehicular de algunas asignaturas, pero nunca en un plano de igualdad con el catalán, como en el centro de la niña. Según la Generalitat, la distribución horaria "da estricto cumplimiento" a lo que estipulan tanto los fallos tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut como a la Ley de Educación Catalana.

El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, reclamó a la Generalitat que el modelo de educación bilingüe aceptado para el colegio barcelonés Sagrado Corazón "se haga extensivo en un futuro a todas las escuelas catalanas", mientras el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, defendió "normalizar en las aulas y en las instituciones lo que es normal en la calle". "Se acabó el proyecto identitario de una sola lengua en una Cataluña bilingüe".

Para Millo, esta resolución "es positiva porque implica un precedente muy importante, ya que es fundamental entender el derecho que tienen los padres a solicitar que sus hijos sean educados en catalán y en castellano".

 
Mensaje conciliador, aunque polémica por intimidad

La delegación catalana que el próximo 8 de abril participará en el debate sobre la consulta catalana en el Congreso de los Diputados tiene previsto presentar un mensaje conciliador primando la oferta de pacto sobre la reivindicación autodeterminista, según publica hoy LA VANGUARDIA. 

 
Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) celebrarán mañana una primera reunión para preparar sus intervenciones. Uno de los objetivos principales es mostrar, a la opinión pública española, a la catalana, y sobre todo a la prensa internacional, un mensaje claro de disposición a alcanzar un acuerdo con el Estado para ejercer legalmente el derecho a decidir. Según el periódico catalán, la sentencia del Tribunal Constitucional ha alimentado las esperanzas de CiU e ICV y asesores de Mas consideran que el dictamen ha tumbado el principal argumento del Gobierno de que el referéndum es imposible. La delegación catalana da por perdida la votación pero espera ganar el debate y la razón democrática ante la prensa europea.

Sin embargo, más de 600 municipios catalanes están dispuestos a ceder el padrón a la Generalitat para la consulta, lo que ha generado los últimos días un gran debate sobre la protección de datos.

 
La Asociación de Municipios por la Independencia, que agrupa a 685 municipios de los 946 que hay en Cataluña y 38 entes supramunicipales, asegura que los ayuntamientos deben ceder obligatoriamente el padrón municipal a la Generalitat para la celebración del referéndum convocado para el 9 de noviembre, según publica hoy ABC.A juicio de la Agencia de Protección de Datos, esta decisión vulnera la legislación española. 
 
Aunque la Ley de Bases de Régimen Local dispone en su artículo 16.3 que estos datos sí pueden entregarse a otras administraciones públicas sin consentimiento del afectado "solamente cuando le sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes", para la Agencia de Protección de Datos nada tiene que ver con una consulta independentista que no cabe en la Constitución, según ABC.

PP, PSOE y UPyD, contra la consulta

Por otra parte, ante el debate del 8 de abril en el Congreso de los Diputados, EL PAÍS publica este domingo un resumen de otro debate previo sobre el desafío soberanista de Cataluña organizado por el periódico, en el que han participado diputados de seis grupos parlamentarios, todos ellos miembros de la Comisión Constitucional del Congreso. 

 
Pedro Gómez de la Serna (PP), Ramón Jáuregui (PSOE), Joan Josep Nuet (IU), Irene Lozano (UPyD), Montserrat Surroca (CiU) y Alfred Bosch se reunieron tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña y a pocos días de celebrarse en el Congreso de los Diputados un debate sobre el referéndum de independencia convocado por el Gobierno catalán para el 9 de noviembre, iniciativa que será rechazada por la inmensa mayoría de la Cámara Baja. Mientras que los representantes de PP, PSOE y UPyD consideran antidemocrática una consulta para la secesión de Cataluña, CiU y ERC mantienen que la decisión es irreversible y defienden que votar es el gesto básico de la democracia. Por su parte, el diputado de IU asegura que su grupo no apuesta por una declaración unilateral de independencia.

Pedro Gómez de la Serna considera que las autoridades catalanas ya no controlan el proceso "y por tanto no tienen ni voluntad ni capacidad de diálogo". "Habéis traspasado las líneas rojas y habéis quemado las naves", espetó el portavoz del PP a los de CiU y ERC. Ramón Jáuregui, por su parte,advirtió que se trata de una consulta para la autodeterminación y que ERC ha impuesto su hoja de ruta. Y defendió que "tenemos que arreglarlo respetando la decisión de los catalanes y de todos los españoles en un proceso legal y de reformas importantes". "Los puentes entre Cataluña y España se están deteriorando y cuando queramos renovarlos, quizás no haya gente para pasarlos", aseveró.

IU-Izquierda Plural, representada por Joan Josep Nuet, aseguró que "es imposible parar esto" porque, en su opinión, "no se le pueden poner puertas a la democracia". Nuet defendió que el proceso sea acordado y dialogado, aunque la última palabra "es de la ciudadanía, no de los pactos de los partidos". Y subrayó: "Estamos aquí por la irresponsable campaña del PP contra el Estatut. Echó sal sobre las heridas".

Desde UPyD, Irene Lozanodefendió que el debate es sobre el futuro de España, no de Cataluña y dijo que el diálogo "sólo ha dejado de existir cuando el nacionalismo catalán ha empezado una política de hechos consumados". Aseguró que "estamos aquí porque nadie en 30 años ha dado importancia a la cohesión territorial". "El sistema autonómico, pensado para facilitar la convivencia ha sido utilizado, sin embargo, para desactivar la convivencia y el discurso de la unión".

La diputada de CiU, Montserrat Surroca, defendió que su formación ya está haciendo todo lo que señala la sentencia del TC y que ésta no frena el proceso. "Ahora lo que toca es celebrar la consulta. Eso es irrenunciable", aseguró. Subrayó que el proceso no acaba con el debate del 8 de abril en el Congreso de los Diputados. "Nosotros tenemos una hoja de ruta marcada, seguiremos este proceso que, insisto, es el que nos está marcando el pueblo de Cataluña".

El diputado de ERC Alfred Bosch mostró su respeto a la sentencia del TC, defendió el diálogo y aseguró que todo gran diálogo político debe acabar en las urnas. Calificó el proceso como "absolutamente pacífico, solemne, festivo, popular, democrático y legal". "La declaración de soberanía abre la puerta a un nuevo marco legal, pese a quien le pese", afirmó. Y subrayó que si España "ejerce el veto sobre el acceso de una República catalana a la UE sería una agresión".

 
Valoraciones de la prensa

¿Habrá valor para negociar?, se pregunta Casimiro García-Abadillo en, diciendo que Los ciudadanos reclaman concordia: Para hacer creíble su oferta de diálogo, Mas debería suspender el referéndum del 9-N. (…) Si lo hiciera, Rajoy no tendría más remedio que recibirle en Moncloa.
 
Por su parte, LA VANGUARDIA apuesta por la negociación: La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament era muy previsible. Además de la unanimidad, la novedad reside en el tono y en los fundamentos jurídicos referidos a la defensa del derecho a decidir. La resolución es clara y el tono es sereno y evita el reproche innecesario. ¡Ojalá la sentencia del Estatut se hubiese redactado con el mismo estilo! En pocas palabras, en España se pueden defender legítimamente ideas desacordes con la Constitución si es con métodos legales. "Es hora de serenar el debate y abrir vías de diálogo y reforma que vayan más allá de la mera retórica. Serenar y atemperar es fundamental". El debate del 8 de abril en el Congreso de los Diputados debería realizarse bajo el signo de la distensión. Las posiciones están claras y la distancia entre ellas es más que evidente". Debería hacerse de forma que no cerrasen puertas. Al contrario. Habrá llegado la hora de la verdad. "Las apelaciones al diálogo deberán dejar paso al diálogo de verdad, a la negociación. Lo está demandando Europa, que mira atentamente nuestra coyuntura. Y, sobre todo, lo exige la sociedad catalana y española. No hay tiempo ni más oportunidades que perder".

 

ABC dice hoy en un editorial que, despejada por el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la declaración soberanista y el referéndum que pretende dar coartada a esa ilegalidad, el Estado debe comenzar a desarticular todos los mecanismos puestos en marcha por el entramado independentista catalán. Por ejemplo, el socorro que los alcaldes afines a la cruzada emprendida por Junqueras y Mas están prestando a la Generalitat para efectuar la consulta. Como la sentencia del Constitucional ha dejado claro unánimemente que la Generalitat no puede convocar la consulta por su cuenta, los alcaldes de cada uno de esos municipios estarán vulnerando la ley cuando consumen la cesión de los datos y deben ser objeto de la acción de la Fiscalía para reparar la legislación vulnerada. Y así ha de proceder el Estado con todas y cada una de las ilegalidades puestas en marcha por el frente independentista. "Ha llegado el momento de que se implementen todos los mecanismos jurídicos precisos para devolver el imperio de la ley a Cataluña y de que respondan ante los tribunales todos aquellos empeñados en vulnerarlo".
 
Escenificación secesionista en Bruselas, titula su opinión LA RAZÓN: Mas y los suyos han clamado en el desierto en su intento de internacionalizar el desafío secesionista. Las reacciones han mediado entre la indiferencia y la censura. La manifestación de ICEC hoy en Bruselas será otro proyecto frustrante e ilegal que la Generalitat aprovechará sin que la verdad sea un estorbo.
 
Oferta del PP y Cañete

Según informa EL PERIÓDICO, el Partido Popular está ultimando un catálogo de propuestas para Cataluña que presentará, a modo de programa electoral territorializado, antes de iniciar la campaña de los comicios europeos. Entre las 90 iniciativas que se recogerán en ese documento, destacan, entre otras, la apuesta por ayudar a los productos con "denominación de origen catalana" a introducirse en mercados internacionales donde encuentran problemas, así como el proyecto de reclamar en Bruselas que Cataluña se convierta en "centro logístico del sur de Europa" y Barcelona en "la Rotterdam del Mediterráneo".

En el documento elaborado por los populares se reclama también mayor presencia de las instituciones europeas en Cataluña, con el objetivo de convencer a los catalanes de la importancia de pertenecer a la UE. El documento, según informa EL PERIÓDICO, está impregnado de la filosofía de que Cataluña se ha beneficiado en estos años de formar parte de España y de Europa. Sin embargo, en ningún momento hace referencia a la consulta soberanista que la Generalitat tiene pensado celebrar el próximo 9 de noviembre.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, abrió ayer en Málaga la precampaña del PP andaluz de cara a las próximas elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de mayo, sin que Mariano Rajoy le haya designado cabeza de lista. El ministro recibió la alternativa del presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, y se mostró contundente a la hora de señalar la necesidad de movilizar el electorado contra la "plaga" que representan las políticas del PSOE. El dirigente popular destacó la importancia de Bruselas en la política nacional, por lo que consideró clave "movilizar y sensibilizar" al electorado para contrarrestar el "buenísimo socialista", cuyas consecuencias aseguró que son: "más gasto público, despilfarro, ineficacia y desempleo". Contrapuso la "pérdida de peso" de España en el escenario internacional durante los dos últimos Ejecutivos socialistas con la recuperación lograda por el Gobierno del que forma parte. "Estábamos con los grandes, en el centro de la decisión", recordó sobre el tiempo en el que José María Aznar era el presidente, "pero durante ocho años nos hemos ido deslizando por la pendiente", apuntó en referencia a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Cañete puso en valor las "duras" medidas llevadas a cabo por Rajoy que, según dijo, heredó un país "al borde del rescate" que era un "gran problema" para Europa y que "ahora empieza a ver la luz".

 

Según informa EL PAÍS, en el PP y en el Gobierno se establecen varias teorías sobre el retraso del anuncio de su cabeza de lista al Parlamento Europeo, e incluso se llegó a especular sobre la posibilidad de que Rajoy estuviera preparando un cambio de Gobierno profundo. Sin embargo, esta idea ha ido decayendo y ahora casi todos prevén la designación de Arias Cañete. Una de las tesis que le avala como candidato es que ha mostrado su deseo de querer ser comisario europeo, lo que supondría un brillante final para su carrera. Otro de los nombres en liza es el de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, con experiencia en Europa y hombre cercano al presidente. El debate debería estar resuelto antes de que el próximo fin de semana, en Valencia, se celebre un cónclave intermunicipal al que acudirán varios ministros y el propio presidente del Gobierno.

Primarias del PSC y estudio sobre la independencia

 

Las elecciones primarias convocadas por el PSC para elegir a su candidato a la alcaldía de Barcelona movilizaron ayer a 7.463 personas, muy lejos, según EL PAÍS, del mínimo de las 11.000 que se esperaban en una ciudad con más de un millón y medio de empadronados. Jaume Collboni, el candidato oficial del PSC, ganó la primera vuelta de las primarias con 2.539 votos, pero no obtuvo el 40% necesario para evitar la segunda vuelta, en la que se enfrentará a Carmen Andrés, concejal barcelonesa e identificada con la federación de Barcelona, que logró 1.702 sufragios. Jordi Martí (1.515 votos), Laia Bonet (1.102) y Rocío Martínez-Sempere (589) quedaron eliminados.
 
Por su parte, la Cámara de Comercio de Barcelona asegura en un estudio que una Cataluña cuya independencia fuera "negociada" y permaneciera "dentro de la Unión Europea" sería "financieramente viable y tendría un margen de actuación superior al actual". Así consta en el informe El sector público en Cataluña y España: impacto económico de diferentes escenarios políticos, elaborado con datos de 2010 y en el que se apunta que un Estado catalán independiente nacería con un déficit del 2,4% del PIB a corto plazo, mientras que a largo plazo conseguiría un superávit estructural de 7%. Un Estado español sin Cataluña asumiría un déficit público del 11,5%. La Cámara entiende que si Cataluña tuviera un modelo fiscal similar al del País Vasco su balanza fiscal pasaría al 3,1% del PIB.

 

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer colaborar con la hacienda catalana con el apoyo de CiU, ICV-EUiA y UpB, que presentó la propuesta. 

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