En ausencia de ese recurso a la acción colectiva, los consumidores son emplazados a acudir uno a uno de manera individual a los tribunales es que no hay justicia”, señaló Manuel Pardos en su análisis de la actual realidad. Al denunciar en los últimos años la existencia de cuatro millones de hipotecas con cláusulas suelo, generadoras de ingresos bancarios ilegítimos superiores a los 30.000 millones de euros, Fernando Herrero y otros líderes de ADICAE han señalado reiteradamente que la tesis de que los afectados tienen que defenderse de manera individual y de no aceptar la acción colectiva supone un riesgo de colapso de la Justicia ante la posibilidad de que los afectados denuncien de manera individual.
El presidente de ADICAE destacó la relevancia de garantizar un adecuado y eficaz acceso a la justicia colectiva, resaltando que “si no hay justicia el consumo no puede funcionar bien, la economía no puede funcionar bien, y por tanto se elimina una posibilidad de cooperación a la salida de la crisis”. Para ,Pardos, “en España la legislación vigente permite la acción colectiva de los consumidores, pero en la práctica las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil han resultado en fracaso”. “Hubiera hecho falta una Ley, y lo que se hicieron fueron meras reformas parciales”.
Pardos reiteró que son muy necesarias, en la línea de las propuestas efectuadas por ADICAE, las reformas de la acción colectiva, de regulación de las cláusulas suelo, de la Ley Concursal y de otros aspectos de la protección de los consumidores que ADICAE está planteando a los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de ley de reforma de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En respuesta a sus palabras, diputados del PP, PSOE y CiU portavoces en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, encomendada de la tramitación del proyecto de reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, expresaron no sólo su sensibilidad a las medidas y enmiendas que ADICAE ha trasladado al conjunto de grupos parlamentarios, sino que se posicionaron con claridad sobre las perspectivas de sus grupos al respecto.
Olga Iglesias, diputada del Grupo Popular, agradeció el debate y destacó que los planteamientos de ADICAE y los debates y propuestas del Foro organizado por la Asociación tenían gran interés, expresando su compromiso de que serían muy tenidos en cuenta en la tramitación de un proyecto de ley que, aunque inicialmente no preveía abordar la acción colectiva, finalmente abordará ese debate.
Por su parte, Pilar Grande, diputada del Grupo Socialista, avanzó que presentarán una enmienda a la totalidad para cuyo texto alternativo tomarán como referencia el presentado por ADICAE. Además señaló que, en línea con los planteamientos de la Asociación, pretenden incorporar en el texto final no sólo la mejora de la acción colectiva, sino la inclusión de previsión de resarcimiento a las víctimas de condiciones y prácticas abusivas. En relación a esta cuestión puso además como ejemplo la posibilidad de fijar sistemas de indemnización directos. “Si en casos de overbooking ya se ha implementado la indemnización directa, sin necesidad de pleitear, en favor de los consumidores, pueden fijarse mecanismos similares para la telefonía, la energía o las cláusulas abusivas de manera clave a la salida de la crisis.”
En el mismo sentido, Lourdes Ciuró (CiU), después de un análisis técnico de la situación actual y de los posibles cambios a incorporar, y tras expresar su coincidencia con los planteamientos expuestos por el Fiscal Santos Urbaneja, manifestó su total receptividad a las propuestas planteadas por ADICAE.
Renovacion del CGPJ
Casi al mismo tiempo, el Gobierno y el PSOE cerraron ayer un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que también se incorporaron CiU, PNV, IU y UPN. El acuerdo se ha cerrado tras dos meses de negociación y casi al límite del plazo marcado por el Congreso y el Senado. De los 20 miembros del nuevo Consejo, 12 proceden de la carrera judicial y serán elegidos la próxima semana en el pleno del Congreso y del Senado, según los nombres pactados por los partidos. Los otros ocho fueron conocidos ayer y proceden de distintos sectores de la Justicia, salvo la carrera fiscal. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, destacó el amplio consenso logrado en el acuerdo.
La reacción a esta noticia ha sido crítica en la prensa de mayor audiencia. EL PAÍS dice en su editorial hoy que la oposición ha preferido un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar del cambio de ciertas reglas del juego, "antes que arriesgarse a un boicoteo". El nuevo CGPJ "corre el peligro de quedar estructuralmente debilitado". La reforma legal llevada a cabo ha retirado a 14 de los 20 vocales el carácter de miembros permanentes, de modo que la mayoría hará compatible su función con tareas profesionales o jurisdiccionales, lo que no es "la mejor garantía de independencia". Las Cámaras "deben asegurarse la idoneidad de todos los vocales a designar". La exigencia "se extiende a la necesaria cualificación de los miembros de un órgano constitucional colegiado". "La recuperación de la credibilidad de la Justicia no vendrá sólo de un acuerdo político".
Por su parte, EL MUNDO denuncia el pacto como obsceno. PP y PSOE "ni siquiera se han molestado en guardar las formas". Han pactado las cuotas del CGPJ por partido, han designado los componentes en base a sus intereses políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente. "Se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración". El PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes. "Este compromiso se ha incumplido y no cabe argumentar razones sobrevenidas o de carácter presupuestario". El PP "ha optado por mantener el statu quo que le garantiza el control del aparato judicial a través de los nombramientos que realiza el CGPJ". Ambos partidos demuestran que "carecen del menor interés en una Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo". "Tampoco está contribuyendo a prestigiar la imagen de la Justicia el comportamiento del fiscal general del Estado al declarar que imputar a la Infanta Cristina sería ´un trato de desfavor´ pese a los muchos indicios que existen en el procedimiento judicial que demuestran que era algo más que una figura decorativa en Nóos y en Aizoon". Torres-Dulce "tendrá ocasión de demostrar su independencia en el informe que le ha pedido a la Fiscalía la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular de UGT".
En el mismo diario, Victoria Prego, opina que se trata de "una estafa al electorado", dentro del articulo titulado ¿Montesquieu?. En línea similar, otro articulista de LA VANGUARDIA habla de Montesquieu y el riesgo de explosión. Se trata de Jordi Barbeta, quien recuerda que el Partido Popular ganó las elecciones del 2011 por mayoría absoluta, lo que le proporcionó el control del poder legislativo y del poder ejecutivo, pero ahora todos los poderes del Estado están hegemonizados por la derecha española. Añade que el Consejo General del Poder Judicial tendrá una mayoría conservadora determinante y el Tribunal Constitucional está dominado por una mayoría de magistrados designados por el partido gobernante y lo preside una persona que no se dio de baja como militante del PP.
Frente a estas visiones, el diario LA RAZÓN, editado por el grupo multimedia y audiovisual del editor Lara señala que "un PP generoso hace posible el pacto judicial", y añade: que es edificante que el partido en el Gobierno se haya sacrificado en aras del consenso, renunciando a una mayor cuota de vocales en el CGPJ.
