A su juicio de los dos partidos mayoritarios que gobernaron España en los diez años de crisis, queda «desmentida la tesis sobre la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis en las cajas de ahorros», según el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO. «Lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares».
El dictamen, ante el hecho de que el mayor coste de la crisis se registró en Cajamadrid y Caja de Cataluña, gobernada por mayorías del PP y del PSOE respectivamente, concede que «la presencia e influencia de los poderes públicos o partidarios (especialmente en los niveles autonómicos y locales) era algo generalizado y se ha podido constatar que este dato no fue necesariamente positivo». Pero, inmediatamente después relativiza el problema. «Si bien la preparación y capacidad de los miembros de los órganos de gobierno puede resultar relevante para la buena marcha de las entidades, dado que son los responsables últimos en las tareas de control, esta relación no implica que la potestad de determinadas instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí».
Es más, «en relación a la gestión, la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos. La asunción de malas prácticas y la toma de decisiones erróneas no dependía, así, del nivel de capacitación, sino de otras motivaciones e inercias».
En cuanto a Bankia, en que han sido condenados por las Black tanto consejeros nombrados a propuesta del PP como del PSOE e IU, el dictamen señala que «la gobernanza era altamente defectuosa» y «había evidentes deficiencias en las prácticas de gobierno corporativo con anterioridad a la nacionalización del grupo».
El dictamen ha contado con los votos a favor de PP y PSOE, pero con el contrario de Ciudadanos y la abstención de Podemos. La presidenta de la comisión, la diputada Ana Oramas, ha presentado a Ciudadanos y Podemos como partidos que no cumplen su palabra, porque «el martes a las 11 de la mañana habían dado su conformidad». El portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, niega haber dado su nunca tal visto bueno y asegura que su grupo «no puede aceptar un informe que mutila cuestiones esenciales como la politización de las cajas o lo ocurrido en Bankia, porque no está a la altura de lo que espera la ciudadanía de esta comisión».
Por su parte, la diputada de Podemos Rosa Martínez sustituyó por sorpresa al cierre de la comisión a Alberto Garzón para anunciar que su grupo ya no votaba a favor, sino que se abstenía, por no figurar en el dictamen «cuestiones centrales». «Se recorta de manera ostensible todo el relato de las malas prácticas (...) no se menciona apenas las hipotecas, las preferentes o los desahucios». El dictamen sí mantiene, tal y como informó EL MUNDO el pasado miércoles, un suspenso a la actuación de los supervisores, particularmente el Banco de España. En su opinión, tanto la burbuja de crédito como la inmobiliaria «quedaban bajo la responsabilidad de los organismos de supervisión financiera, que no hicieron frente a sus obligaciones al respecto».
La etapa de Jaime Caruana, nombrado a propuesta del PP, como de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por parte del PSOE, quedan censuradas en el dictamen de la comisión.
Los 300.000 millones estimados por la gran banca
El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, fue el encargado de concluir en septiembre el periodo de comparecencias de personalidades políticas, económicas y académicas que trataron de explicar en el Congreso de los Diputados las causas de la mayor crisis financiera española en más de siglo y medio.
Las comparecencias en esta primera semana de septiembre han correspondido a los máximos ejecutivos de las cinco primeras entidades privadas españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter.
Las cinco han coincido en explicar que la crisis financiera se ha debido a un conjunto de causas que se resumirían en tres: la gravedad de la crisis económica mundial, las deficiencias en la gestión y supervisión de las cajas de ahorro y las dificultades para poder ampliar su capital con el que hacer frente a los problemas de morosidad.
La novedad más importante que se ha conocido esta semana es la estimación del coste de la crisis. Según el primer ejecutivo del Santander, primer banco europeo por capitalización bursátil y la undécima entidad financiera mundial, el coste de la misma alcanza los 300.000 millones de euros, es decir, casi un 30% del Producto Interior Bruto Español (PIB). En términos de puestos de trabajo, la crisis ha destruido 4.079.000 empleos, de los que se han recuperado 2.234.300, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
300.000 millones en pérdidas
El consejero delegado del Santander ha desglosado así las pérdidas de 300.000 millones sufridas por el sistema financiero español: “El sector bancario (bancos excluyendo cajas) ha absorbido aproximadamente 125.000 millones de pérdidas por impagos contra cuenta de resultados, o lo que es lo mismo, el equivalente al 10% del PIB en España”.
En cuanto al sector de cajas de ahorros, según Álvarez, “ha tenido pérdidas por impagos de aproximadamente 175.000 millones de euros”. Todo ello suma los 300.000 millones comentados, una cifra que alcanza casi el 30% de la riqueza que generamos los españoles al año. Además, a este coste habría que añadir la pérdida del 40% de las oficinas bancarias que existían en España en el 2007 y el 31% de los puestos de trabajo del sector financiero.
En términos de desempleo de la población española en su conjunto, se pasó de 1.942.000 parados a finales del 2007, según la EPA, a 6.021.000 desempleados registrados a finales del 2012. De ese incremento de 4.079.000 personas, consecuencia de la crisis, a finales del año pasado se habían recuperado 2.234.300 empleos.
No puede descartarse una nueva crisis
La Comisión de Investigación de la crisis financiera y programa de asistencia a la banca del Congreso de los Diputados tiene ahora en sus manos el objetivo de hacer las propuestas necesarias para que no se vuelva a repetir una crisis de gravedad similar. Los grupos parlamentarios tienen ahora hasta el 4 de octubre para formular sus propuestas. Pero, atención, no puede descartarse una nueva crisis
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