Aunque cabe recurso de la sentencia ante el Tribunal Constitucional, al superar la condena los cinco años de prisión no se contempla la suspensión de la sentencia como medida cautelar, por lo que el ingreso en la cárcel es prácticamente inevitable, según señalan los diarios, cuyos principales mensajes editoriales son: La condena a Urdangarin confirma que la Justicia funciona (EL PAÍS), Se cierra un lamentable episodio (EL MUNDO), La Corona ha demostrado ser una garantía de respeto (ABC), Todos los ciudadanos responden ante la ley (LA VANGUARDIA), y La Monarquía supera una etapa de impopularidad (EL PERIÓDICO).
La Sala de lo Penal del Supremo considera "acreditado" que Urdangarin "aprovechó la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado" para que el Gobierno balear contratara a su empresa y recibiera el encargo de organizar diferentes eventos. La sentencia declara a Urdangarin culpable de los delitos de prevaricación y malversación (dos años y tres meses de prisión e inhabilitación de tres años), fraude a la administración (siete meses e inhabilitación durante cuatro años y seis meses), tráfico de influencias (un año de prisión) y contra la Hacienda Pública (dos años por sendos delitos fiscales). Algunos de estos delitos conllevan también multas por haber defraudado un total de 326.925 euros que suman 512.553 euros. No obstante, queda absuelto de los delitos de falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en relación a un convenio suscrito con la administración balear para la celebración de un evento, de ahí la rebaja de cinco meses.
La condena para Diego Torres es de cinco años y ocho meses, inhabilitación durante nueve años y multa de 775.248 euros y para el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas de tres años y ocho meses y siete años de inhabilitación.
Por otro lado, aunque han sido absueltas, se mantiene la responsabilidad civil a título lucrativo de la Infanta Cristina y de la esposa de Torres, Ana María Tejeiro. En ambos casos se han reducido las multas a la mitad por desestimar el tribunal el supuesto beneficio a título lucrativo de las cuotas tributarias defraudadas por sus respectivos maridos. En el caso de la Infanta Cristina el dinero a devolver pasa de 265.088 euros a 136.950.
Casa del Rey: "respeto absoluto" a la independencia judicial
La Casa del Rey reiteró ayer su "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial" tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el caso Nóos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, declinó opinar sobre una resolución judicial, aunque resaltó que "se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías" y que "la ley es igual para todos".
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, consideró que "España es un Estado social, democrático y de derecho, que afecta a todos, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden". El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pidió que "nadie intente manchar la imagen de la Monarquía", aunque incidió en que "la justicia es igual para todos y nadie está exento del cumplimiento de las leyes, ni el señor Urdangarin ni el resto de los españoles". En parecidos términos se expresó el portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta: "Todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley y a las decisiones de los tribunales".
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, indicó que "la eventual entrada en prisión de Urdangarin va a revelar una relación histórica" de la monarquía "con la corrupción que no ayuda a la imagen de España". La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, denunció el "trato de favor" que ha recibido Urdangarin al no cumplir prisión provisional, aunque celebró que la condena avanza en el camino para acabar con "la impunidad de la cultura de la corrupción". El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, señaló que la condena es "clara e inequívoca", por lo que Urdangarin debería entrar "pronto en prisión". Desde ERC, Joan Tardà denunció que los registros policiales en las dependencias de la Generalitat y en la sede de Mediapro buscaban "tapar" la sentencia.
Por su parte, el juez instructor del caso, José Castro, criticó la condena, que tildó de "benévola" y "de saldo", aunque defendió que no ha habido "ningún trato de favor" y aseguró que Urdangarin tendrá que ingresar en prisión "sí o sí".
La noticia y su valoración en los diarios
"El Supremo confirma la condena y sitúa a Urdangarin a un paso de la cárcel", titula EL PAÍS. El Supremo "pone a Urdangarin rumbo a la prisión", dice EL MUNDO, que destaca que "los constitucionalistas aconsejan no rehabilitar a la Infanta en la Casa Real". ABC resalta en su titular: "Urdangarin obtenía contratos por su 'sibilina imposición de condiciones'" y también considera que no tiene posibilidad de eludir la cárcel. "Urdangarin tendrá que ingresar en prisión a la espera del TC", dice LA RAZÓN. "Urdangarin, a las puertas de la cárcel", indica LA VANGUARDIA. En portada, EL PERIÓDICO proclama: "Urdangarin, a la cárcel". Los resumenes de los editoriales destacan:
La condena a Urdangarin confirma que la Justicia funciona (EL PAÍS): "La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos demuestra que el sistema constitucional español es vigoroso y que la afirmación de que todos los españoles son iguales ante la ley no constituye una frase vacía". "Frente a la extendida opinión de que la corrupción queda impune, lo ocurrido en las últimas semanas ha servido para confirmar de manera rotunda e inapelable que la justicia funciona". "El Supremo ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarin por graves delitos de corrupción"."La sentencia disecciona el funcionamiento de Instituto Nóos, que logró contratos del Gobierno balear por 2,3 millones de euros sin competir en concurso alguno". "No es la justicia la que no funciona. Los problemas de la democracia española tienen más bien que ver con la financiación de los partidos y con la financiación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es ahí donde hace falta concentrar los esfuerzos y es ahí donde deben encontrarse soluciones".
Se cierra un lamentable episodio (EL MUNDO): "Iñaki Urdangarin está pasando con toda probabilidad sus últimas horas en libertad. Se cierra un lamentable episodio que puso en jaque a la institución monárquica y que precipitó acontecimientos como la abdicación del Rey Juan Carlos". "El marido de la Infanta Cristina queda al fin condenado por graves delitos de corrupción". "El fallo del Alto Tribunal ha sido el esperado". "Por fortuna para el buen funcionamiento de la monarquía parlamentaria y a favor del necesario prestigio de la Jefatura del Estado, hoy no estamos ante la condena firme de un miembro de la Familia Real, puesto que ni Urdangarin ni la Infanta forman parte ya de la misma"."El caso Nóos deja al descubierto la peor forma en la que pueden obrar en la esfera pública personas con una relevancia tan extraordinaria como el yerno del Rey". "Aunque la Infanta Cristina resultó absuelta, ayer se ratificó su responsabilidad como partícipe a título lucrativo. Motivo más que de sobra para que la hermana del Rey tuviera un gesto de grandeza hacia la Corona y renunciara a sus derechos dinásticos".
La Corona ha demostrado ser una garantía de respeto (ABC): "El Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar que es un tribunal inmune a las presiones externas y a las oscilaciones de la opinión pública. Su decisión sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del caso Nóos es un ejemplo de independencia judicial". "La sentencia del Supremo confirma la evidencia, no por ello menos cuestionada, de que España es una Estado de Derecho, en el que rige el principio de igualdad ante la ley". "Quienes descalifican la actuación de la Justicia y denuncian su doble rasero deberían hacer una relación de banqueros, empresarios, políticos, parlamentarios y exministros condenados y en prisión". "Ahora se suma a la lista el yerno de Don Juan Carlos y cuñado de Don Felipe". "La Corona ha mantenido un comportamiento ejemplar de no intromisión en las decisiones judiciales". "La Corona, como jefatura del Estado, ha demostrado ser en el caso Nóos una garantía de respeto entre las instituciones".
Todos los ciudadanos responden ante la ley (LA VANGUARDIA): "El Tribunal Supremo condenó ayer a cinco años y diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarin. Todo indica que el círculo se va cerrando y que gana enteros la posibilidad de que España vea entrar en prisión al marido de una infanta". "La administración de justicia en nuestro país es muy lenta. Aunque la conclusión más relevante es que la justicia no hace distingos en función de los apellidos de los encausados y que, aunque sea con gran demora, acaba juzgando y condenando a quienes observaron conductas impropias. Y con mayor motivo cuando quienes se comportaron de tal modo lo hicieron amparándose en su status". "Lo más significativo es que la sentencia prueba que todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley y deberán responder ante un tribunal si la quebrantan".
La Monarquía supera una etapa de impopularidad (EL PERIÓDICO): "Por primera vez en democracia, un familiar del Rey es condenado a prisión por el más alto tribunal del Estado, el Supremo. Solo este hecho concede un valor extraordinario a la ratificación parcial por el alto tribunal de la condena impuesta a Urdangarin por la Audiencia de Palma". "Los magistrados destacan en su resolución que 'la situación de privilegio de la que disfrutaba como consecuencia en su matrimonio con una hija de quien era jefe del Estado consiguió mover la voluntad' del Gobierno de Baleares para obtener contratos". "Esta sentencia y el inminente ingreso en prisión del cuñado del Rey desmienten a aquellos que se han pasado casi siete años asegurando que Urdangarin no iba a ser condenado". "Se cierra un episodio que significó una brutal pérdida de popularidad de la Monarquía".
La justicia funciona, pero falta control (CINCO DÍAS):"La sentencia del caso Urdangarin marcará un antes y un después en la historia de la justicia española, al confirmar la primera condena penal contra un miembro de la Familia Real española, a salvo de la posibilidad de un indulto o el amparo por parte del Tribunal Constitucional". "Más allá del lamentable escándalo que ha supuesto el caso, del perjuicio económico y del daño causado en la imagen institucional de la Casa Real y del Estado, la sentencia del Supremo supone la constatación de que la justicia en España funciona, y de que lo hace sin privilegios ni distinciones, aunque con más lentitud de lo que sería deseable".
