Antes de la pandemia los jóvenes aún no habían recuperado su caída de renta desde 2008 y de nuevo han vuelto a ser los más afectados por la destrucción de empleo y los menos protegidos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Según el Banco de España trabajadores de menos edad son los que menos se han beneficiado de la política de los ERTE, debido principalmente a la temporalidad y a que están más presentes en los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería o el turismo.
En su opinión, las vidas laborales deberían ser conformes a las vidas biológicas, es decir, cada vez "más prolongadas". "Es algo que se debe aceptar con naturalidad y como algo positivo", ha remarcado Arce tras insistir, no obstante, en que esto plantea nuevas demandas que requerirán proporcionar a los trabajadores nuevos conocimientos y herramientas a lo largo de los años para la reasignación de tareas conforme los trabajadores van envejeciendo.
"Vamos a necesitar estar más tiempo activos si se mantiene la tendencia de vivir cada vez más. Es un reto mayúsculo para España dada la senda de envejecimiento", ha remarcado el director general de Economía y Estadística del organismo supervisor.
Sobre las políticas activas de empleo, Arce ha instado a replantear el catálogo, ya que hoy en día "no son las mejores", por lo que ha urgido a que sea "una prioridad" ante el reto al que se enfrentan los jóvenes tras la crisis, dada su elevada precariedad y presencia en sectores vinculados con actividades sociales, como el turismo, que han sido más golpeados por la pandemia.
Los efectos de la crisis tienen lugar en un contexto de elevada vulnerabilidad laboral que refleja, entre otros factores, la intensa dualidad del mercado laboral español, lo que también condiciona la incidencia y efectividad de los ERTE entre los trabajadores más jóvenes. Según los datos del último trimestre del año, la probabilidad de encontrar un empleo para un joven era mayor "si no estabas en ERTE que si estabas en ERTE", por lo que este sistema "no estaba facilitando su reinserción en el mercado laboral, destacó.
Según ha alertado Arce, la pandemia está impactando con especial intensidad en las rentas laborales de los jóvenes, lo que está provocando un aumento del ya de por sí elevado porcentaje de jóvenes sin ingresos, que alcanzó un 35% a finales de 2020. Además, ha advertido de que la incertidumbre sobre la renta futura es mayor entre los jóvenes, los trabajadores con contrato temporal y aquellos con rentas bajas, algo que se incrementa con la crisis.
Ante esto, Arce ha lamentado que las últimas reformas laborales "no se han hecho bien", ya que no han conseguido atajar algunos de los principales problemas del mercado de trabajo, como la dualidad. "Hay que hacer mucho en el mercado de trabajo", ha insistido.
Según ha advertido Arce, la pandemia ha requerido un fuerte estímulo fiscal que, a futuro, deberá dar paso a un proceso sostenido de consolidación, que deberá iniciarse "cuando la recuperación económica esté asentada".Este reto de "reconstruir" los márgenes de la política presupuestaria conllevará que el periodo de consolidación sea previsiblemente prolongado, con un participación relevante de las generaciones jóvenes.
En este sentido, ha apuntado que los objetivos medioambientales fijados para 2030 son ambiciosos y la política fiscal deberá desempeñar un papel preeminente en la gestión de la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible, ya que España presenta una brecha de recaudación, respecto a la zona euro, de impuestos medioambientales de 0,8 puntos porcentuales de PIB.Por ello, cree que los os fondos europeos pueden utilizarse para, además de impulsar inversiones verdes (39% según el Plan de Recuperación), aliviar algunos costes de transición e impulsar y financiar reformas, que requieren de "consenso".
Además, Arce ha alertado de que el envejecimiento poblacional y los ajustes recientes elevan considerablemente el gasto actual y previsto en materia de pensiones y ha señalado que los ajustes en este ámbito se verán influidos por la evolución de la propensión social hacia la introducción de ciertas reformas."Mantener la tasa de beneficio actual exigiría un aumento notable de las contribuciones, y mantener las contribuciones actuales comportaría una reducción significativa de la tasa de beneficio", ha explicado.
Los efectos de la pandemia en la educación, a vigilar con cuidado
Desde el Banco de España han advertido de los posibles efectos de la pandemia en la educación tras el cierre de colegios, universidades y centros de formación para evitar la propagación del virus.Aunque todavía no se dispone de evidencia sobre el efecto del cierre de colegios y universidades durante el confinamiento en España, ya hay estudios que señalan que en EEUU se registró una caída del 50% del rendimiento en matemáticas en colegios con mayor cantidad de estudiantes con renta baja, mientras que en Bélgica se advirtió de una reducción significativa de resultados en matemáticas y lengua en los exámenes de junio de 2020.
Por ello, Arce ha instado a vigilar y documentar "con cuidado" en los próximos años el efecto de la pandemia en la educación en España en un contexto en el que el país parte de una situación comparativamente desfavorable respecto al resto de economías desarrolladas. La falta de oportunidades profesionales ha propiciado que más jóvenes continúen sus estudios de formación reglada a lo largo de 2020, algo distinto a lo ocurrido con las generaciones de los 70s y mediados de los 90s, cuyo desarrollo educativo deterioró por el boom.
Intervinieron también en la jornada Santiago Carbó, Catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Granada y Director de Estudios Financieros de FUNCAS; Carlos Pérez Tenorio, Presidente de Marcas de Restauración, y María Jesús Such, Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la UAH.
Montero: “prorrogaremos el Iva tipo cero de material de protección a 31 de diciembre”
Una fuerte apuesta por las ayudas públicas para paliar los efectos de una crisis que, aunque de una gravedad y complejidad extraordinarias, nos ha golpeado con menor fuerza de la que cabría esperar. Ese fue según el resumen de la propia asociación profesional de periodistas APIE el mensaje principal que comunicó María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, durante su intervención en la sesión de clausura de las Jornadas de Economía organizadas por la APIE, con la colaboración del Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin), en la Universidad de Alcalá de Henares.
Si bien la ministra reconoció el impacto económico que la pandemia de la covid-19 ha tenido en España, con una contracción de un 10,8% en 2020, señaló que hay motivos para afrontar el porvenir con “optimismo y esperanza”, entre los que enumeró el buen ritmo de la vacunación, la aprobación de los Presupuestos Generales y la llegada de los fondos comunitarios, que permitirán hacer una apuesta nítida “por la reactivación de las empresas y de los autónomos”. En este aspecto, apuntó a los 27.000 millones procedentes de la UE no sólo por su cuantía, sino porque muestran un cambio en la manera en que Europa está afrontando esta crisis, “con una perspectiva y unos preceptos muy distintos a los del año 2008”.
María Jesús Montero dedicó buena parte de su intervención a precisar los datos que conforman el cuadro económico consecuencia de la pandemia; así, si bien el paro ha subido, apuntó que “se ha comportado mucho mejor que en la anterior crisis financiera”, con una tasa del 16,1% a pesar del desplome del PIB del 10,8%, y expresó su confianza en que el índice se reduzca al 15,5% a finales de año. De la misma manera, el incremento del déficit provocado por las medidas de contención ha sido, declaró, menos que el previsto inicialmente, incluso si se le añade la reclasificación de la Sareb ordenada por Eurostat, quedándose en un 10,9% frente al 11,3% estimado por el Gobierno, algo que ha sido posible “por el mejor comportamiento del conjunto de los ingresos públicos”, que han caído un 8,8%, menos que el PIB nominal.
Si bien no ha querido precisar las previsiones de déficit y deuda para este año, señalando únicamente que “el déficit se va a reducir respecto al cierre del año 2020”, la Ministra de Hacienda ha recalcado que, aunque mantienen el compromiso con el pacto de estabilidad, “la prioridad” es “asentar la recuperación”. Anunció en este sentido la continuidad de las ayudas públicas, y una de las más inmediatas es que “prorrogaremos hasta el 31 de diciembre el IVA tipo cero para compra de material de protección -geles, mascarillas- que realizan administraciones, centros sanitarios o entidades sociales”.
Preguntada por los 7.000 millones en ayudas directas del Gobierno español frente a la crisis de la Covid a empresas y autónomos sin residebcia en paraisos fiscales y otras condiciones que deberán gestionar las comunidades autónomas dentro del paquete de 11.0000, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 13 de marzo, María Jesús Montero anunció que “ya se han firmado convenios con Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias”, y confió en que se firmen también con las restantes. Las comunidades recibirán los recursos “en los próximos días o semanas, pero eso no es óbice para que vayan realizando sus convocatorias”.
En respuesta a otras preguntas (recogidas a partir del minuto 39,40 del anterior vídeo), la ministra explicó el sistema de información, seguimiento, control y trazabilidad de auditoría del Plan de Recuperación, necesario para que Bruselas libre el primer anticipo de 9.000 euros. Dijo que lo prepara la Intervención General del Estado y será el soporte ofrecido a Bruselas para justificar en cualquier momento la ejecución de ayudas en las condiciones que empezaron a negociar el pasado fin de semana las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno. Este según dijo espera que al Estado le lleguen 27.000 millones de euros en 2021 y los siguientes previstos en 2022 y 2023, hasta completar los casi 70.000 millones que se esperan de la Unión Europea. El texto íntegro de ese Plan presentado en detalle el pasado 13 de abril para guiar la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizar en los próximos tres años el 50% de los 140.000 millones en recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU ya dedica una veintena de sus 227 páginas a dichos controles, introducidos principalmente tras la alarma surgida el pasado mes de noviembre entre expertos en cumplimiento legal al levantarse el rigor en el reparto de ayudas europeas. De ahi que en las 227 páginas del texto íntegro del Plan de Recuperación se dediquen hasta 15 referencias a evitar los posibles conflictos de intereses y/o fraude, corrupción y doble financiación vinculados a tales conflictos. Las páginas 2001 a 213 detallan las medidas de control y auditoría, para las cuales se prevé el recurso a las grandes firmas de auditoría sin mencionarlas directamente:
En caso de que fuera necesaria la colaboración de firmas privadas de auditoría para efectuar ciertos trabajos, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) o sus correspondientes órganos de control serán los órganos encargados de realizar su contratación y establecerán cláusulas en los pliegos de contratación para prevenir posibles incompatibilidades respecto a los organismos objeto de control, así como cualquier conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución de los contratos, dice por ejemplo la página 206 de dicho Plan en uno de sus puntos de mayor relevancia, pues las firmas Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (EY) controlan más del 90% del negocio de la auditoría en España, el 2º país más concentrado de Europa, donde ahora las ayudas europeas y la mayor apertura legal ofrecen oportunidades . De ahí que recientemente los profesionales de la auditoría hayan urgido coauditar ante ese oligopolio Big-4 de la auditoría y también de gran parte de la consultoría en empresas y administraciones, después de que esos mismos economistas se mostraran más preocupados por la concentración de la auditoría en grandes firmas, si bien auditores y contables de "pymes" de toda Europa acusan presiones pero un 68 % dice rechazarlas.
