Esta convocatoria, la primera dirigida a los trabajadores ocupados desde la aprobación de la Ley 30/2015, ha sido la primera que ha estado plenamente abierta a la concurrencia competitiva de las entidades de formación. Asimismo, incluye nuevos preceptos para la mejora de la gestión y lucha contra el fraude introducidos por la Ley, como la limitación de los anticipos, la prohibición de la subcontratación, o la creación de la unidad de lucha contra el fraude en la formación.
Convocada por el Servicio Público de Empleo y Estatal y gestionada por el mismo con la colaboración de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, ha aprobado un total de 384 planes de formación que se materializarán en la realización de 9.500 acciones formativas.
Entre ellas, destaca el crecimiento experimentado en la demanda de formación en áreas relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación. En cuanto al número de participantes, mantienen el liderazgo los cursos sobre asuntos relacionados con el comercio y el marketing. Además, la modalidad de formación online será la más utilizada para el acceso a los distintos certificados de profesionalidad y a las especialidades formativas que forman el catálogo de cursos ofertados
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Para la valoración de los planes presentados, se han considerado colectivos prioritarios en el acceso a dichos cursos los trabajadores temporales y a tiempo parcial; las mujeres trabajadoras; los trabajadores mayores de 45 años, y los desempleados de larga duración, dentro de su porcentaje de reserva. Por su parte, los trabajadores autónomos y los de la Economía Social dispondrán de acciones formativas valoradas en 6 y 4,5 millones de euros, respectivamente.
La determinación de las necesidades formativas a financiar se ha basado en el diálogo social y en la negociación colectiva de las Comisiones Paritarias en los respectivos ámbitos sectoriales, de acuerdo con la Ley 30/2015.
Además y previamente, la propuesta de convocatoria había sido trabajada en un proceso de diálogo y participación con comunidades autónomas. e interlocutores sociales en el marco del Patronato en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Conveníos público scon el SEPE
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Educación, Cultura y Deporte, la suscripción de doce convenios de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas de Aragón, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja y Foral de Navarra (dos convenios).
El objetivo de estos convenios es la realización de acciones de los planes de trabajo 2017-2018 de veintiún Centros de Referencia Nacional. Se trata de acciones de innovación y experimentación de ámbito nacional en las áreas profesionales asignadas con repercusión en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Aportación financiera
La aportación financiera del SEPE a los presentes convenios se realiza con cargo a su presupuesto de gastos. La distribución se realizará en dos ejercicios: en 2017, un anticipo del 10 por 100 del importe total, que asciende a 360.954,26 euros, en 2018, el resto del importe, que asciende a 3.248.588,37 euros. Estos convenios tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.
Los Centros de Referencia Nacional, regulados por un Real Decreto del 15 de febrero de 2008, se conciben como una institución al servicio de los sistemas de formación profesional que deben facilitar una formación profesional más competitiva y responder a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos.
La finalidad de estos Centros es programar y ejecutar actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo en materia de formación para el empleo, que sirvan de referencia al conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el desarrollo de la Formación Profesional.
Asociacionismo para el sector pesquero
El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero, bases que sustituyen a las aprobadas en 2013.
Estas entidades asociativas vienen participando en órganos consultivos de la Unión Europea, de instituciones internacionales y de la Administración General del Estado, en especial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como interlocutores institucionales de un diálogo permanente, necesario para configurar una política pesquera y una planificación general de la economía en beneficio del interés general.
Con la aprobación de estas bases reguladoras, el Gobierno busca favorecer la constante interlocución con estas entidades asociativas, así como la realización de actividades específicas de interés para el sector pesquero.
Beneficiarios
Para ello, además de establecer como beneficiarios de las subvenciones a entidades asociativas representativas del sector extractivo de pesca costera artesanal, del sector pesquero empresarial extractivo, del sector transformador y del comercial de productos de la pesca, se integra también a entidades jurídicas dedicadas al fomento de la investigación industrial, el desarrollo tecnológico y proyectos de I+D+i en el sector pesquero.
También se incluye a las entidades asociativas de ámbito nacional que defienden los intereses económicos y profesionales de las mujeres que trabajan en el sector pesquero. Con ello se da respuesta al Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades que establece la Ley de Pesca Marítima del Estado, además de impulsar la presencia de las mujeres en las bases asociativas del sector pesquero y acuícola, y reforzar su participación en los órganos consultivos y ejecutivos del sector.
De igual forma, estas bases reguladoras se han adaptado a las modificaciones introducidas por la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere a las relaciones de los ciudadanos con la Administración a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
