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La instructora acuerda el archivo del caso para otros 17

Procesados Camps y otros 15 excargos y empresarios por la F1 y obras ligadas a la ´caja b´ del PP

El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el dueño de la F1, Bernie Ecclestone, durante una de las pruebas en Valencia.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, "arrogándose facultades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió con fondos públicos" la construcción del circuito urbano de Valencia que acordó con Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1, "urdiendo un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades a personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat y a empresas".
Redacción 3 de mayo de 2019 Enviar a un amigo
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La juez del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, cesado de Telefónica  y del consejo de la también privatizada LOGISTA antes de entrar en prisión; a quien que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al ex conseller de Infraestructuras Mario Flores ; a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y otros representantes públicos y a diversos empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València. Entre estos últimos, se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja

Respecto a Camps, la jueza sostiene que "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito -"con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunidad- "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares". 

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias, informa Europa Press.

La juez sigue el rastro de las reuniones entre Camps, Ecclestone y el diseñador de circuitos Herman Tilke, tanto en Valencia como en Londres desde 2006, para organizar carreras de nivel mundial en las que Camps pretendía "sacar rédito personal a través de su proyección pública y política, dada la proximidad de las elecciones autonómicas en mayo de 2007 y las generales de su partido en el 2008". El auto recuerda incluso cómo Camps, durante el Día de la Comunidad Valenciana en Fitur en 2007 anunció la F1 para Valencia "anunciado el coste cero de la afección de la trama urbana y el coste neutro de la posible celebración de la competición, lo que finalmente ha resultado incierto, como se ha confirmado con el devenir de los acontecimientos". 

El auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado liga el posible amaño en la adjudicación de las obras del circuito con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel y la financiación de las campañas electorales del PP en 2007 y 2008, en las que "se instauró una práctica para pago de los servicios prestados (por Orange Market) con facturas falsas o aportaciones al PP efectadas por empresas que resultaban beneficiarias de adjudicaciones públicas y como gratificación por ese trato de favor". Se creó, según la juez, "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública", informa Europa Press. 

Para sostener esta relación entre los contratos del circuito de la F1 y la financiación irregular del PP, la juez da credibilidad a la declaración prestada por el ex secretario general del PP Ricardo Costa y por Álvaro Pérez, así como a algunas conversaciones mantenidas por miembros de al trama Gürtel. En el caso de José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción SA, cita la investigación sobre los "papeles de Bárcenas", en la que se sitúa a Mayor Oreja como "donante", el 10 de marzo de 2008, de 90.000 euros y el 3 de julio de 2008 de otros 75.000 euros. En total, 165.000 euros anotados en la contabilidad de Bárcenas en fechas "próximas" a la entrega de los 150.000 euros a los que aludió en su declaración Ricardo Cos.

En total son 16 los procesados. Además de los ya citados, se mantiene la causa abierta contra Juan Antonio Sánchez Martínez, jefe de la División de Carreteras; Antonio Carbonell, ex director del entre GTP, y contra los miembros de la mesa de contratación que adjudicó las obras. También a representantes de Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez y Construcciones y Estudios Cyes. 

Por contra, la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex vicesecretario regional del PP, David Serra, y la asesora del ex presidente Belén Reyero -que según EL MUNDO llegó a llamar "tarados mundiales" a Camps y Ecclestone- trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas. También ha quedado sobreseída provisionalmente la causa para los cargos público Pedro Marco y Pablo Cotino, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat y que ocupó la dirección jurídica y administrativa del GTP ; el ex directivo del Puerto de Valencia Ignacio Pascual; para Adolfo Félix, Vicente Puig, Joaquín Salas, Lamberto Alonso y José María del Valle Mas. También se archiva la causa para los los empresarios ligados a las constructoras Luján, Pavasal, la UTE OHL-Luján-Ecisa, Elecnor o la UTE FCC-Pavasal-Becsa. 

En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.


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