Ayer, la profesora de la UPV Gotzone Mora, acompañada por otros seis profesores que ocultaban sus rostros bajo pasamontañas negros, leyó un comunicado en el que esta plataforma indica que nace «con vocación de continuidad». El documento no tiene ninguna firma ni sus promotores facilitaron los nombres o procedencia de los profesores que lo apoyan. Este grupo de profesores universitarios representa a algo más del 7% de los 3.500 docentes de la UPV.
En ese texto se califica de «ideas non grata», tanto en el ámbito universitario como en el resto de la sociedad, las de quienes «están dispuestos a amparar y justificar el asesinato de un profesor universitario o cualquier otra persona».
Se asegura que estos nombramientos les plantean «una tensión moral difícil de soportar». Los integrantes de esta plataforma añaden que el hecho de que un procesado por pertenencia a ETA ingrese en el cuerpo docente de la Universidad «simboliza la incapacidad de reacción de una institución en la que la libertad es su única posibilidad de supervivencia» y añaden que refleja «el deterioro de la UPV».
El comunicado añade que el acceso a la carrera docente del «diseñador del aparato financiero de ETA» refleja que, ante la amenaza de los violentos, la UPV es «una institución débil para la acción de los enemigos de la democracia y la libertad». Los profesores indican que esta situación les provoca «un desasosiego y una constatación de la imposibilidad del ejercicio normal de nuestra actividad». Estos hechos, añaden, consagran a la UPV como una universidad «anormal de difícil regeneración».
Consideran que conceder la plaza a Garmendia «tiene especial gravedad», pues hasta ahora nunca se ha dado ninguna a un procesado por pertenecer a ETA, «aunque no falten ejemplos de personas vinculadas con este entorno».
Entre sus objetivos prioritarios, Profesores para la Libertad se propone impulsar una reacción «moral» y de defensa del ambiente de libertad «que posibilite la supervivencia de la UPV».
A pesar de no incluir acusaciones directas contra el rectorado de la UPV, en el comunicado expresan la necesidad de conocer hasta qué punto era «ineludible» pagar parte del salario mientras este presunto colaborador de ETA se encontraba en prisión.
También recuerdan que es «poco comprensible» la falta de publicidad de la oposición en la que Garmendia obtuvo la plaza, «sin que ésta suscitara ninguna reacción de nuestras autoridades universitarias».La publicidad, dicen, «es una garantía de limpieza y corrección de estos procesos» y su limitación es «una decisión que los empaña».
