No han desconvocado las manifestaciones pese a que el pasado viernes, la titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, Diana Morant, anunciaba que recogía la principal reivindicación: los contratos ya firmados también tendrán derecho a esa indemnización.
La proyectada reforma preveía que, a su término, los contratos predoctorales y postdoctorales tendrían a indemnización, pero solo se refería a los nuevos contratos y excluía a los ya firmados. Por ello, la ministra Morant anunciaba a la prensa y por Twitter el pasado viernes que el Ministerio la extendería a los contratos ya firmados:
Morant dijo que la nueva Ley garantizará que nuestros científicos tengan una vida digna dentro de la carrera investigadora y que no se tengan que ir a otros países a desarrollar su carrera. Sin embargo, los convocantes de las protestas dicen no fiarse, entre otras razones porque tenían previsto comparecer en el Congreso de los Diputados este lunes 7 de febrero para explicar su visión de la reforma de la ley, pero esta comparecencia se ha pospuesto -según les han transmitido- debido al adelanto electoral en Castilla y León.
José Manuel Pérez, presidente de la asociación FPU Investiga critica en declaracionesa Cadena Ser que siga sin desarrollarse la carrera profesional del personal técnico y de gestión, pues tienen un papel crucial en la actividad investigadora. Tampoco establece un incremento de las retribuciones mínimas para el personal pre doctoral, ni contempla la creación de un estatuto personal de investigación que por fin regule sus derechos como trabajadores.
Otro de los puntos que destacan los convocantes y que, entiende, se deberían reforzar en la ley de la ciencia es la protección de diferentes colectivos ante la precariedad, la inseguridad laboral o el acoso. Proponen crear una oficina de integridad científica nacional que pueda sancionar y proteja el anonimato del denunciante, que sería pionera a nivel mundial y muy importante para la calidad, la transparencia y evitar el fraude en las investigaciones científicas.