¿Qué intereses defienden los sindicatos? (1). El punto de partida

A la llegada de la democracia, en 1977, y con ella la legalización de los sindicatos, el empleo era bastante estable y el despido muy rígido que era la contrapartida del franquismo a la falta de libertades sindicales. La participación de los salarios en la distribución funcional del PIB, había logrado unas cotas que jamás serían alcanzadas durante la democracia, lo que obedecía a la indexación de los de los salarios de acuerdo con el comportamiento histórico del índice de los precios al consumo. La protección social (jubilación, desempleo, condiciones laborales, etc.), en cambio era muy reducida y se fortaleció de manera muy considerable con los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977 (que también ampliaron la cobertura del seguro de desempleo), en los que, por cierto, no participaron los sindicatos, en esos momentos recién legalizados.

Si bien los Pactos de la Moncloa sentaron las bases para conseguir un modesto estado de bienestar, del que nos hemos beneficiado hasta el presente, también la sentaron para la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los salarios al poner su énfasis en controlar la inflación indexando en el futuro los salarios con la inflación prevista y no de la histórica, como había ocurrido en el pasado. Los pactos sociales que siguieron a los de la Moncloa durante el periodo de 1979 a 1985 (Acuerdo Básico Interconfederal, Acuerdo Marco Interconfederal, Acuerdo Nacional de Empleo, Acuerdo Interconfederal y Acuerdo Económico y Social), se firmaron entre los sindicatos (en todos ellos participó la UGT, y en dos CC.OO) y la patronal. Sus resultados más tangibles fueron, del lado positivo, los de contribuir a resolver la crisis económica de esos años; y del lado negativo, a una considerable desmovilización de la clase obrera –hasta la huelga general de 1988-, una pérdida continuada del poder adquisitivo de los salarios y una progresiva precarización del empleo (sustitución de trabajadores fijos por eventuales).

La última de las conquistas de la sociedad española, la del estado de bienestar, también comenzó a ser cuestionada bien pronto. Baste señalar, a título de ejemplo, la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 1987, que ponía en entredicho el sistema de reparto sobre el que se asienta el modelo español de la seguridad social. Pero quien ha terminado socavando este tercer pilar ha sido la reforma de las pensiones de marzo de 2010, pactada entre el gobierno, los sindicatos (CCOO y UGT) y la patronal CEOE. Como es sabido, por la misma se eleva la edad de jubilación de 65 a  67 entre 2013 y 2027; y el periodo de cotización de 15 a 25 años (en este caso entre 2013 y 2022). Utilizando todo tipo de cautelas, el Banco de España estima, en su Informe de 2010 y tomando 2008 como referencia, una caída del 4,7% en la pensión media cuando el sistema esté implantado en 2022.

La tabla adjunta pretende clarificar, para el periodo 1999-2010, lo antes expuesto. En las filas 1 y 2, aparecen reflejados, a precios de cada año, el PIB y las retribuciones que por todos los conceptos reciben los asalariados, incluidas las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la patronal. La relación entre ambas magnitudes, que viene expresada en la fila 3, indica la participación de los salarios en el PIB. Como puede apreciarse, dicha relación se sitúa entre el 47,2 y 49,6%, muy alejada del 55,1% que alcanzó en 1978 como consecuencia de los Pactos de la Moncloa.; es decir, la disminución de la masa salarial en la distribución funcional del PIB no ha dejado de decrecer en favor del excedente bruto de explotación -que es la parte que retribuye al capital- y de los impuestos indirectos.

A pesar de que las oscilaciones en la participación de los salarios en el PIB durante el periodo contemplado son aparentemente reducidas, los salarios reales medios por trabajador (a precios de 2000) que figuran en la fila 6 y que son el resultado de dividir la fila 4 (remuneración de los asalariados) por la 5 (población empleada), apenas han crecido o incluso han disminuido entre el año 1999 y 2007 en tanto que presentan un incremento importante entre 2008 y 2010. Resulta paradójico que los salarios reales se estabilicen o incluso bajen en los años de mayor crecimiento de la economía española desde el ingreso en la UE (entre 1999 y 2007 el PIB creció a una media del 3,7% ) y en cambio se incrementen con la crisis económica cuando el PIB apenas crece (0,9 en 2008) o incluso disminuye (- 3,7 en 2009 y -0,1 en 2010). Este hecho se explica por el considerable aumento de la población ocupada -5 millones entre 1999 y 2007- gracias a la inmigración cuyos salarios fueron muy inferiores a la de los residentes; con la llegada de la crisis, fueron tales trabajadores los primeros que pasaron a engrosar la bolsa de paro como consecuencia del derrumbe de la construcción.

Lo que sí es evidente es que durante el periodo de bonanza, los menos beneficiados han sido los asalariados y cuando ha llegado la crisis han sido los que han soportado el mayor coste de la misma. Esta conclusión se desprende fácilmente del análisis de las filas 7 a 10 de la referida tabla. Entre 1999 y 2010, el PIB (a precios de 2000) se ha incrementado en el 22,7% (fila 7), el IPC en el 27,9% (fila 8), en tanto que los salarios (fila 9) sólo lo han hecho en 14,7%. En cambio el paro prácticamente se ha doblado (92,1%, fila 10), pasando de 2,68 millones en 1999 a 4,7 millones en 2010 (datos al cuarto trimestre de cada año).