Según EL PAÍS, Rajoy contempla ofrecer al PSOE abrir la reforma de la Constitución y la Presidencia del Congreso a cambio de la abstención de los socialistas en la investidura. Sin embargo, fuentes de La Moncloa, citadas por Servimedia, aseguraron que es "falso" que Rajoy esté pensando ceder la Presidencia del Congreso al PSOE y aceptar una reforma de la Constitución en la línea de lo demandado por el líder socialista. En este sentido, fuentes gubernamentales, citadas por Europa Press, indicaron que de momento no hay ninguna oferta en pie.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunirá hoy en La Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar la situación política tras las elecciones del pasado domingo. El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que prevé llevar a cabo el candidato del PP para conseguir ser investido presidente y poder formar Gobierno.
EL MUNDO dice que Rajoy ha decidido tomar las riendas de la negociación desde el primer momento para convencer, primero a Sánchez y después a Albert Rivera, de "la necesidad de ofrecer certidumbre" al país, sobre todo si se confirma el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para investir presidente a Artur Mas y continuar en el proceso independentista. Según este diario, los populares fijan en la composición de la Mesa del Congreso la primera prueba real sobre un posible entendimiento.
LA VANGUARDIA destaca que "Rajoy prepara al PP para una interinidad del Gobierno muy larga". En este sentido, EL PAÍS apunta que "La Moncloa cree que la negociación para formar nuevo Gobierno se puede extender hasta primavera". Por su parte, EL ECONOMISTA dice que "Moncloa baraja una legislatura de año y medio y de carácter técnico".
El ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, pidió ayer al PSOE "sentido de Estado" y "altura de miras" y recordó que en 2009 los populares apoyaron a los socialistas para que gobernaran Euskadi ante el "desafío soberanista" del exlehendakari Juan José Ibarretxe. Además, Alonso dijo que el PP está "dispuesto a escuchar" la propuesta sobre un nuevo estatus político para Euskadi que pueda plantear el PNV, siempre que no atente contra "la unidad de España".
Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, afirmó que el PP tratará de buscar consenso para formar Gobierno en torno a "los valores superiores de nuestra Constitución, como es la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles y el respeto a la soberanía nacional".
Las ofertas esperadas y desmentidas
Este viernes no habrá Consejo de Ministros, que según EL PAÍS se celebraría el martes 29, y antes Rajoy ya habrá llamado a Sánchez y Rivera para conocer sus intenciones. Añade que el líder del PP ha asumido que el pasado 20-D ha cambiado radicalmente la situación política en España -la manera de funcionar que ha impuesto hasta ahora el bipartidismo- y está “muy preocupado” con la imagen de inestabilidad que se pueda proyectar en el mundo, en los mercados y en Europa una España sin gobierno y sin expectativas de formarlo durante los próximos dos o tres meses. Ese es el calendario que inquieta a Rajoy y en el PP. Las cuatro grandes ofertas que plantea Rajoy a Pedro Sánchez serian:
Presidencia de Congreso y Senado. El primer acuerdo de la legislatura será la elección de los cargos institucionales del Congreso y el Senado, es decir, la Presidencia de las cámaras y las Mesas. Se eligen en la primera sesión, la del 13 de enero, con votación secreta por llamamiento. La Presidencia siempre ha sido del partido más votado y, en ocasiones, con el voto de todos los partidos. En teoría, si todos los demás se pusieran de acuerdo podrían imponer al PP un presidente. Los otros nueve miembros de la Mesa suelen ser elegidos con proporcionalidad. Su misión es fundamental primero durante la legislatura para la creación de grupos y después para controlar el funcionamiento de las Cámaras y califica o tramitar las iniciativas.
Aceptar que se abra la ponencia constitucional. En el PP también manejan, desde hace tiempo, sus ideas para una futura reforma de la Constitución de 1978 y si no las han incluido ahora era porque defienden que no existe el consenso suficiente y similar al que se fraguó en la transición. Al margen de la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión de la corona, el PP ha propuesto en el tiempo otras modificaciones de la Carta Magna como la reforma del Senado, poner un límite de competencias uniforme a las autonomías, incluir alguna mención a la Unión Europea en el texto que no se metió en origen, integrar los nombres también de las comunidades autónomas y hasta derogar la disposición adicional sobre una futurible anexión de Navarra al País Vasco.
Volver a discutir el artículo 135. Una de las líneas rojas que Mariano Rajoy jamás se habría imaginado traspasar es su mantra del déficit cero y el objetivo de estabilidad que marca la Unión Europea. A todos los líderes europeos les ha prometido que España cumplirá sus acuerdos y sostiene que es importante ser fiables. Pero Pedro Sánchez ha aclarado que si llegaba a ser presidente no eliminaría ese artículo pero lo “complementaría” tras debatir el asunto en la ponencia económica que coordinaba Jordi Sevilla. Su idea sería retocarlo para respetar la prioridad del pago de la deuda “siempre y cuando quedaran atendidos los servicios públicos básicos” sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales con la atención a la dependencia. Las noticias de Ibercampus indican que en los cuatro últimos años las mayores subidas para las familias han sido las de educación, medicamentos y transporte público urbano, en los tres casos cercanas a un 20% de media desde 2011 y debidas a los recortes de gasto público desde entonces.
Negociar los impuestos sin arriesgar el déficit. El equipo que rodea a Mariano Rajoy defiende que está dispuesto a hablar con Pedro Sánchez sobre impuestos y a relacionarlos con los servicios sociales. “Ahora se puede, hay margen y debe haber más cintura”, aventuran diversos miembros de la Junta Directiva y diputados del PP. El límite es no poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit que marca la Unión Europea y que estaba fijado en el 4,2 para 2015 y el 2,8 en 2016. Bruselas ya advirtió a España recientemente de que estaba por el mal camino. Rajoy prometió en campaña una bajada de dos puntos del IRPF que Sánchez no respalda y este quiere poner un mínimo al impuesto de Patrimonio que algunas autonomías del PP eliminaron y subir Sociedades.
Fuentes del Gobierno y del PP próximas a Rajoy apuestan porque, en el mejor de los casos y si consiguen la abstención del PSOE en una tercera o cuarta votación, no habrá un nuevo Ejecutivo hasta la primavera. Si la posición de Sánchez se mantiene como está ahora, de total oposición a esa investidura del líder del PP, en el equipo del presidente del Gobierno en funciones auguran que no habrá más salida que volver a convocar elecciones también esta primavera y una larga, confusa y conflictiva campaña electoral.
Dice también El PAÍS que el único escenario que el PP contempla para que Rajoy permanezca en La Moncloa pasa por que el PSOE lo permita con su abstención “muy al final, en el último minuto, después de hacérnoslo pasar mal durante dos o tres meses”. “Vamos a sufrir, y lo sabemos. Vamos a vivir una situación muy parecida a la que vivió Susana Díaz en Andalucía o a la que ha hecho pasar la CUP a Artur Mas, pero todo eso es mejor y lo preferimos si al final evitamos un Gobierno del PSOE con Podemos y 11 más, que sería muy negativo para España”, es el argumentario que repiten casi clavado dos de los altos cargos más relevantes del PP.
Rajoy, a cambio, tiene un paquete de medidas y reformas que ofrecer a Sánchez que forman parte de las exigencias recurrentes estos últimos meses del líder del PSOE y que el PP, en última instancia, se vería abocado a discutir en el futuro nuevo Parlamento -que se constituirá a partir del 14 de enero- porque están en el guion de la mayoría de los partidos.
El PP ha hecho números y ve que tendría muy difícil imponer a su propio candidato para presidir el nuevo Congreso de los Diputados, aunque Rajoy tenía en mente ya a un aspirante entre sus filas. Cuenta, en solitario, solo con 123 escaños, 63 menos que ahora y a 53 de la mayoría absoluta de la Cámara. Ese guiño de ceder ese cargo para un dirigente del PSOE podría ir acompañado de otros ofrecimientos de cargos institucionales, de ambas Cámaras y otros organismos, tanto para responsables socialistas como de Ciudadanos.
Pero la oferta más relevante, de cara al futuro del país, tiene que ver con la aceptación de la demanda del PSOE de una ponencia para discutir una serie de cambios en la Constitución de 1978. Una reivindicación en la que también coinciden de partida la mayoría de los partidos presentes en las nuevas Cortes. El PP, además, se reservaría en ese caso la salvaguarda de disponer tras el 20-D de mayoría absoluta en el Senado y fijaría como línea roja infranqueable que no se pusiera sobre esa mesa la asunción de ningún tipo de consulta sobre el derecho a decidir de Cataluña.
Rajoy ya ha dejado caer desde el verano, cuando emprendió su campaña de cambio de imagen y se hizo más cercano, que aunque el PP no pensaba llevar en su programa electoral ninguna reforma de la Constitución tampoco se iba a negar a participar en su ponencia si algún otro partido impulsaba esa idea en la nueva legislatura. Es más, el PP tiene lógicamente sus planteamientos y no sobre el previsible y lógico retoque para eliminar la prevalencia del varón en la sucesión de la Corona. El PP ya ha avanzado, por ejemplo, que también querría discutir sobre el cierre definitivo de las competencias de las autonomías.
Hablar del artículo 135
El punto más sorprendente de ese grupo de propuestas que el PP estaría dispuesto a debatir ahora tiene que ver con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que introdujo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.
El entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a finales de agosto de 2011 a Rajoy y pactó el cambio en apenas 24 horas. A los dos días, ese cambio de gran calado fue aprobado en un pleno urgente en el Congreso, por 316 votos a favor y 5 en contra (entre ellos dos socialistas). Sánchez y otros socialistas cuestionaron más tarde ese cambio y el actual dirigente prometió derogarlo si llegaba a ser presidente para incluir un blindaje mínimo de las políticas sociales.
