El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha implicado, prácticamente en pleno, a todo su Gabinete en la estrategia para frenar el desafío independentista en Cataluña. En concreto, LA RAZÓN indica que Presidencia, Economía y Hacienda preparan informes que demuestran que laGeneralitat no podría sostener su sistema de pensiones ni el subsidio de desempleo.
Pese a no tener ningún nombre y apellido sobre a quién está consultado Rajoy, lo que sí es seguro es que varios expertos en la materia trabajan codo con codo con el Gobierno para demostrar sobre el papel que el proyecto de Artur Mas llevaría a la ruina a Cataluña.
Según LA RAZÓN, el "plan" al que aludió el presidente del Gobierno en su entrevista el lunes en Antena 3 "se sostiene en dos ´patas´: la política y la legal". Respecto a esta última, el Gobierno llevará al Constitucional cualquier iniciativa que vulnere la Carta Magna, pero no cree que tenga que aplicar el artículo 155 porque considera que Mas "no llegará al extemo de colocarse en rebeldía".
Por lo que respecta a la respuesta política, "la nueva etapa" se abre con la convención del PP catalán, que se celebra este fin de semana. El objetivo, añade LA RAZÓN, es "retomar la iniciativa y contrarrestar el argumentario nacionalista con un mensaje dirigido a los catalanes". Para ello, concluye el diario, se estudia la posibilidad de que, además de los ministros y los principales dirigentes del partido, viajen a Cataluña secretarios de Estado y segundos niveles de la Administración.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, presentó ayer la convención que el partido celebrará el viernes y el sábado en Barcelona bajo el lema "Juntos sumamos", y que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sánchez-Camacho subrayó que "el PP catalán es el único partido útil para frenar el separatismo, generar confianza y recuperar la economía". En referencia a las palabras de Rajoy en la entrevista enAntena 3, la líder del PP catalán consideró que el plan del presidente del Gobierno es "garantizar el cumplimiento de la Constitución". Además advirtió a Artur Mas de que la negativa del Congreso a la solicitud de transferencia de competencias para referendos será la "parada final" y el "fracaso" de su "chantaje separatista".
Mas tilda de "despotismo ilustrado" que Rajoy tenga un plan que obvia a la mayoría de los catalanes
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tildó ayer de "despótico" que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haga un plan contra la consulta soberanista sin tener en cuenta a la mayoría de catalanes, y le retó a someter a votación la Constitución el próximo 9 de noviembre. "¿Se puede tener un plan para Cataluña sin tener en cuenta al 70% de la población catalana? Esto es despotismo ilustrado", enfatizó Mas.
Por su parte, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, animó al presidente del Gobierno a explicar su plan frente al proceso soberanista catalán cuando visite Barcelona el sábado, aunque deseó que no sea "una acumulación de ´noes´ ".
Mas y sus ´consellers´ recorrerán España para informar del proceso
Artur Mas tiene un plan "alternativo" al de Mariano Rajoy, según LA VANGUARDIA. En su habitual crónica en este diario Jordi Barbeta señala que el plan pretende "hacer pedagogía" sobre el proceso soberanista en el resto de España. Para ello, el propio presidente de la Generalitat y los miembros de su Gobierno recorrerán el territorio español con el objetivo de informar e invitar a la reflexión sobre las "aspiraciones de la mayoría social y política" de Cataluña, "apelando a la conciencia democrática de los ciudadanos españoles".
En el argumentario de la campaña figurará la idea de que "el proceso soberanista no va contra nadie y menos contra España y los españoles". Además, la tesis de la campaña presentará la cuestión catalana como "un asunto español" que necesariamente deberá "resolverse entre todos" para "evitar un conflicto en el que nadie puede salir beneficiado".
El Congreso da el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la propuesta del Parlament
La Mesa del Congreso dio ayer el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la propuesta del Parlamento de Cataluña para que se delegue en la Generalitat la competencia para convocar referéndums. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, explicó que la iniciativa fue calificada "sin ningún problema". Si se mantienen los plazos y no se retira ninguna de las proposiciones de otros parlamentos autonómicos pendientes de debate, la iniciativa del Parlament podría debatirse en el pleno del Congreso en junio o septiembre.
No obstante, CiU, ERC e ICV estudian presentar una proposición de ley en los mismos términos que la propuesta del Parlament, iniciativa que, según los plazos previstos, podría votarse en el pleno a finales de marzo o principios de abril.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó ayer que su partido no tiene ningún inconveniente en debatir la propuesta del Parlament, al que instó a "mover ficha" para adelantar el debate. En concreto, indicó que si la Cámara catalana retira una iniciativa previamente registrada sobre ejecuciones hipotecarias podría adelantarse la fecha del debate sobre la delegación de la competencia para convocar referéndums.
Al hilo de estas manifestaciones, EL MUNDO destaca que "el PP quiere que el ´no´ a la consulta se salde meses antes de la Diada". En este sentido, ABC indica que "el PP quiere liquidar cuanto antes la petición catalana, que podría debatirse en marzo". Por el contrario, EL PAÍS apunta que "el PP tramita con discreción y sin prisa la iniciativa soberanista".
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, aprovechó la admisión a trámite de la propuesta catalana para resaltar que este paso avala su constitucionalidad. La Mesa explicó que sólo se analizó la forma y, en ningún caso, el contenido de la propuesta.
El PSC aparta de sus cargos a los diputados rebeldes, pero no los expulsa
La dirección del PSC suspendió ayer a Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena de todos los cargos de representación que tenían en el Parlament, pero no los expulsó del partido. Según explicó el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, la suspensión de cargos parlamentarios ha sido comunicada a los tres diputados críticos, y se produce "en coherencia y de forma simétrica con la decisión de medidas cautelares adoptada por la comisión de garantías del PSC", que apartó a los parlamentarios de sus cargos orgánicos en la comisión ejecutiva y el consejo nacional del partido. Lucena apuntó que los tres diputados le han "decepcionado" porque no han respetado la decisión mayoritaria dentro del partido y también porque "no han entregado las actas de diputado".
La decisión del PSC fue valorada por los diferentes partidos y por el Govern, cuyo portavoz, Francesc Homs, manifestó su deseo de que el PSC "enderece" el conflicto interno que, a su juicio, "debilita" a este partido. Desde ERC, Lluís Salvadó manifestó su "reconocimiento" hacia el sector catalanista del PSC. Mientras, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, exigió "autoridad" frente a los díscolos y que el PSC "se aclare de una vez".
Sobre las medidas disciplinarias de los socialistas catalanes, Eduardo Madina apuntó: "Lo que ellos decidan, bien decidido estará".
Uno de los diputados críticos, Joan Ignasi Elena, dice, en una entrevista en EL PAÍS, que su voto en el Parlament fue el reflejo de "una parte del electorado" socialista y de "centenares de alcaldes y concejales" del PSC que han votado como ellos en sus Ayuntamientos. Elena no se ve fuera del PSC.
