En 2050 en España habrá 76 mayores de 65 años por cada 100 personas mayores de 20 años, según las previsiones de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), frente al 30% de mayores de 65 que existe en la actualidad. Esto hará que España se convierta en ese año en el segundo país más envejecido de la OCDE, solo después de Japón, que tendrá una tasa de envejecimiento ligeramente superior. Las estimaciones de Eurostat reducen este porcentaje de mayores al 69%.
La OCDE alertó este martes en su informe Pensions at a giance 2017 de que el envejecimiento de la población en España "se está acelerando muy rápidamente", lo que ejercerá "una fuerte presión sobre la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones".
Los diarios españoles destacan que la OCDE critica que el sistema español tiene la tasa de reemplazo de las pensiones, que es el porcentaje del último sueldo que representa la pensión, en el 82%, lo que hace que las pensiones sean "mucho más altas" que la media de países desarrollados, donde los trabajadores cobran el 63% del último salario.
Según esta organización, esta tasa es alta para los salarios medios y altos, "a pesar de la introducción del factor de sostenibilidad" a partir del 1 de enero de 2019. Según sus cálculos, los trabajadores españoles que cobran más tienen una tasa de reemplazo del 82%, frente al 59% de la media de la OCDE, mientras que aquellos que en España tienen unos sueldos más bajos tienen una pensión que supone el 79% de su último sueldo, frente al 73% de media en los países desarrollados.
La OCDE también critica la edad de jubilación en el sistema español de pensiones. En el caso de la edad legal, estos expertos explican que en 2017 ya está en 65 años y cinco meses, pero recuerda que en 2026, cuando esta edad legal se sitúe en 67 años, aquellos trabajadores que hayan cotizado 38,5 años podrán seguir jubilándose a los 65 años. Además, en un cuadro comparativo internacional donde refleja las medidas adoptadas por otros países para garantizar el futuro de las pensiones, España aparece y solo con la medida adoptada en 2016 para complementar las pensiones de madres con hijos.
Dada esta situación, los expertos de la OCDE concluyen que el Gobierno podría aprobar nuevos incentivos para intentar que los trabajadores españoles retrasen lo más posible su jubilación.
El Gobierno paga la próxima extra con ahorros de Zapatero
Según un comunicado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en diciembre se abonarán a los pensionistas un total de 17.470 millones por las nóminas ordinaria y extraordinaria de las pensiones, más la liquidación del IRPF de las mismas. La mayor parte del importe (9.678 millones) se cubrirá con la recaudación por cotizaciones del propio sistema, en tanto que el resto (7.792 millones) procederán del fondo de reserva (la hucha de las pensiones heredada del Gobierno de Zapatero) y de préstamos del Estado.
Tras la nueva disposición, la reserva de las pensiones se quedará en 8.095 millones (precio de adquisición), que supone un 0,73% del PIB, con un valor de mercado muy similar (8.048 millones). Desde que en 2012 el Gobierno utilizó por primera vez el Fondo de Reserva, el Gobierno ya ha utilizado 70.851 millones, lo que supone el 90% del total.
El Ministerio recuerda en su comunicado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo. También ha recordado que la concesión de créditos de la Seguridad Social para garantizar el equilibrio presupuestario no es una novedad en este ejercicio, ya que las leyes presupuestarias entre 1994 y 1999 ya incluían cláusulas similares.
UGT calificó de "improcedente" la forma de gestionar las cuentas de la Seguridad Social y pedirá a los grupos parlamentarios que conforman la comisión del Pacto de Toledo que "prohíban expresamente que se endeude indebidamente al sistema cuando el Estado no cumple con sus obligaciones".
