La noticia de la declaración de Portuondo fue revelada por la Cadena SER en la mañana de este jueves, horas antes de que ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil de Tres Cantos (localidad situada entre Madrid y la cárcel de Soto del Real), que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares. El exvicepresidente del Gobierno y exgerente del Fondo Mondo Monetario Internacional, cuya pensión fue embargada hace unos días por la justicia dentro de un total de 18 millones de euros, está acusado también de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo. Al margen de ellas, recibió dinero antes o después de algunos de los grandes grupos empresariales españoles con los que se relacionó desde el Ejecutivo: el expresidente de Argentaria y el BBVA, Francisco González, nombrado por él, le condonó una deuda de 312.000 euros a principios de la pasada década, y después del escándalo de su paso por Bankia se ha sabido que recibió financiación de Caixabank para construir su hotel en Berlín, al tiempo que cobraba hasta estar imputado 200.000 euros anuales de Banco de Santander y otro tanto de Telefónica, a cuyo presidente Alierta también ayudó a liderar el grupo.
Portuondo, en prisión provisional, declaró al juez, el pasado 16 de agosto, que había contratado a la empresa Kradonara sin saber que el dueño de la misma era Rato y que estuvo pagando a esta firma durante casi dos años a razón de 40.000 euros mensuales por un asesoramiento que se traducía en informes verbales. Portuondo está en prisión por blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Cuando Portuondo hizo estos pagos a Kradonara, Rato era presidente de Bankia y cobraba por ese cargo más de dos millones de euros brutos al año. Al mismo tiempo, según las investigaciones policiales, la empresa de Portuondo trabajó como intermediaria ante dos empresas de publicidad, Zenith y Publicis, que ganaron sendos concursos de publicidad de Bankia por 40 millones de euros. Portuondo habría cobrado por estos servicios, en 2011 y 2012, cerca de dos millones de euros de las empresas de publicidad, lo que constituye, a juicio de la investigación, una comisión ilegal que repartió con Rato, pagándole 833.000 euros a través de la empresa Kradonara 2001.Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS rebaten este argumento y sostienen que Rato nunca asesoró directamente a Portuondo y que el trabajo que hizo Kradonara fue parte de la actividad regular de esta empresa: asesoramiento en inversiones y consultoría fiscal, comercial y contable. También apunta que la relación no fue verbal y que duró cuatro años, entre 2011 y 2014, lo que generó documentación escrita que lo prueba.
Portuondo ha negado que tuviera capacidad de decisión en la adjudicación de las campañas de publicidad, aunque reconoció que asesoraba a los responsables de Bankia que resolvían las adjudicaciones. Este empresario es el administrador único de Albisa Inversiones y Asesoramiento, una empresa que los investigadores consideran la sociedad pantalla de Rodrigo Rato utilizaba para canalizar el cobro de comisiones.
Rato, ante la Guardia Civil
Horas después de conocerse las declaraciones de Portuondo, el ex vicepresidente del Gobierno acudió este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares, según fuentes de la investigación. La declaración tuvo lugar por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Hasta ese lugar ha acudido Rato acompañado por su abogado tras ser citado como imputado por el Instituto Armado. Esta investigación tiene relación con presuntos delitos de tipo económicoS cometidos por el ex vicepresidente del Gobierno, según EL MUNDO.
Rato ya fue detenido el pasado mes de abril aunque sólo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.
La causa recayó en el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, que ha intentado, desde entonces, inhibirse en dos ocasiones a favor de la Audiencia Nacional sin éxito. El magistrado le citó a declarar el pasado 22 de julio pero el ex vicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le investiga por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas ´black´ utilizadas por los directivos de dicha entidad.
Embargo de 18 millones
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ordenó el pasado fin de semana el embargo de bienes por un importe de 18 millones de euros a Rodrigo Rato, incluida su pensión vitalicia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que percibe en calidad de exdirector gerente de la institución. La decisión se produce después de que Rato no haya hecho efectiva la fianza de responsabilidad civil en el marco de la causa en la que se le investiga por los delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales. El magistrado Antonio Serrano-Artal tomó ayer declaración al abogado Domingo Plazas, al que atribuye la comisión de delitos tributarios, de corrupción entre particulares y blanqueo. Tras el interrogatorio, Plazas quedó en libertad sin medidas cautelares .
Por otro lado, EL MUNDO informó que las investigaciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno han detectado una sociedad domiciliada en las Bahamas, Red Rose, cuyo "beneficiario final" es el propio Rato. En dos años, Red Rose transfirió 850.446 euros a otra sociedad controlada por Rato y 300.000 directamente al exdirector del FMI.
