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EDUCACIÓN
LOMCE

Rechazo a la reforma educativa, generalizado en la oposición, alto en la prensa


El proyecto de reforma educativa aprobado el viernes por el Gobierno ha suscitado rechazo generalizado entre los partidos y autonomías gobernadas por la oposición, aunque menos extendido entre las primeras valoraciones de la prensa
Redacción 20 de mayo de 2013 Enviar a un amigo
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El proyecto de reforma educativa aprobado el viernes por el Gobierno (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha suscitado rechazado generado entre los partidos y autonomías gobernadas por la oposición, aunque menos extendido entre las primeras valoraciones de la prensa.

El ministro promotor señaló que supone unos gastos en el primer año de implantación de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255 en el tercero, los cuales responden a los costes de la nueva FP, y de los itinerarios de ésta y del Bachillerato al final de la ESO.

Wert apuntó que el Fondo Social Europeo podría financiar hasta el 65% de los costes directos de la Lomce. Luego, en declaraciones a ABC, dijo que "un país que se acostumbra a un abandono escolar temprano del 25% está proyectando una tasa de paro elevada por falta de capacitación de su población durante mucho tiempo, y a eso hay que ponerle remedio cuanto antes". Wert negó que la LOMCE "vaya contra cualquier lengua cooficial y que impone el castellano", ni que favorezca al sistema privado sobre el público. Además, culpó a las anteriores leyes educativas socialistas de "despojar al sistema de toda la cultura del esfuerzo", al introducir "la filosofía de la comprensividad, que trajo consigo la confusión entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados".
Durante el fin de semana, Rajoy defendió la Lomce ("lo único que no se puede hacer es no hacer nada cuando las cosas no funcionan y en España el 25% de los jóvenes deja los estudios antes de tiempo"), Rubalcaba (PSOE) anunció que la derogará si gobierna ( "gana la Iglesia" ), Mas (CIU) llamó a una "defensa cerrada" de la inmersión (convocó a partidos y comunidad educativa a una reunión la próxima semana para responder a los cambios, que incluyen la obligación para la Generalitat de pagar la escolarización en castellano en escuelas privadas), y Cayo Lara (IU) habló de "contrarreforma en la que el Gobierno da la misma importancia al Ave María que al conocimiento científico".  
 
Mientras la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que "la ley atiende al clamor de España para mejorar la educación y reconducir el fracaso escolar", la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, no descartó que su partido presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma si el Grupo Popular no atiende a sus demandas durante el trámite parlamentario en el Congreso. Valenciano avanzó que, de llegar al Gobierno, su formación derogará la reforma educativa al ser rechazada "por todos: padres, alumnos, profesores y sindicatos", subrayando que "retrotrae a España" a los tiempos de las reválidas o del Catecismo, anticipando las tesis de Rubalcaba: la Ley Wert introduce cambios profundos en un sistema educativo "que empezaba a mejorar" y supone un retroceso a los años 80, pues confunde la calidad de la educación con que la religión católica puntúe para tener becas. 
 
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, lamentó que el ministro "pase olímpicamente de la opinión de la comunidad educativa", y tildó la norma como "uno de los mayores ataques contra la escuela pública". Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán criticó que el proyecto sitúe la Religión como una asignatura evaluable en vez de considerarla una cuestión personal de cada alumno.
El conseller de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, dijo ayer que la decisión del Gobierno de aprobar la Lomce es "un atentado contra el sentido común", ya que, según recalcó, afecta "al reparto de competencias" y "al autogobierno". Por su parte, la conseller d´Ensenyament, Irene Rigau, dijo que la ley es "inconstitucional" al costear la escolarización en castellano, por lo que, según añadió, "es inaplicable en Cataluña", además de abrir "una herida enorme en el autogobierno" catalán.
 
Desde el Gobierno vasco, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, advirtió que adoptará "todas las medidas" que estén en su mano para evitar que se aplique la norma", que supone, dijo, "una invasión de competencias" y "lleva atrás" con su "tratamiento de las lenguas cooficiales".

 
Valoraciones de la prensa
En cuanto a las primeras valoraciones en la prensa, EL PAÍS"La reforma educativa de Wert cede a las exigencias de la Iglesia"EL MUNDOl Estado financiará la enseñanza en español y se la descontará a Cataluña", y también: "La Religión contará para la media por primera vez en dos décadas". ABCWert "impone al Govern el pago del castellano en la privada". EL PERIÓDICO decía que la reforma escolar de "Wert castiga al catalán y premia a los obispos". El titular principal de LA RAZÓN habla de "revolución educativa", y LA GACETA de "una ley para la esperanza". identifica la norma con la "Ley del máximo esfuerzo", a la vez que señala que "prima el mérito y combate el fracaso escolar". LA VANGUARDIA subrayaba que  destacaba a toda página: "E titulaba en portada:
En su primer editorial (LA REFORMA EDUCATIVA CAUSA RECHAZOS Y NO BUSCA EL CONSENSO),  EL PAIS dice que se desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderación y el consenso, tal y como exigía el ambicioso propósito de reforma de la enseñanza del que partió para corregir los defectos del modelo actual. El Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia católica y de sectores radicalizados de la derecha, pues la religión católica recupera una posición de privilegio al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtención de becas. La Iglesia quiere frenar así el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez más secularizada. Profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisión, pues allí donde hasta ahora tenían una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minoría frente a la Administración. Ademas, la nueva ley queda ahora confiada al mecanismo de la mayoría absoluta.
Otros editoriales matizan las críticas. EL MUNDO (APROBADO RASO PARA UNA LEY QUE NECESITA ENMIENDA).dice que el proyecto "no merece más que un aprobado raspado". Wert "ha buscado una solución de compromiso para que las familias que lo soliciten puedan escolarizar a sus hijos en castellano". "La enseñanza religiosa que se imparte en España es doctrinaria, por lo que no debería contar para la nota. Otra cosa sería una asignatura como Historia de las Religiones". El proyecto de ley "tampoco cumple el programa del PP, que prometía la recuperación del Bachillerato y primar la excelencia". La recuperación de las reválidas es positiva, pero se queda a medias porque la prueba de acceso a Secundaria será sólo orientativa. Además, permite pasar de curso con dos suspensos. La ley nace coja porque no hay ni una referencia a la formación de los profesores. Tampoco se refuerza la enseñanza del inglés. Todo esto debería enmendarse en el Parlamento". En un segundo editorial publicado el domingo (ESCUELA Y SANIDAD, PILARES DEL ESTADO QUE NO DEBEN TROCEARSE), el mismo diario afirma que la airada reacción de Artur Mas a la ley Wert vuelve a poner de manifiesto el error que supuso ceder la Educación a las comunidades autónomas. "Que la estrategia del nacionalismo catalán es presentar la nueva norma educativa como una agresión a la que hay que responder con virulencia lo indica la reacción mimética de sus dirigentes. Educación y Sanidad son los pilares de la razón de ser de cualquier Estado que se precie y nunca deberían haber sido fragmentados. Todos los niños, independientemente del lugar en el que hayan nacido, deberían tener las mismas oportunidades para formarse, de igual modo que todos los ciudadanos deberían tener acceso a una misma calidad asistencial. Eso se ha roto en España".

 
Por su parte, LA VANGUARDIA (NUEVO EXPERIMENTO DE WERT), señala: El Gobierno ha aprobado el proyecto en una inmensa soledad, con la oposición de la mayoría de la comunidad educativa y de los partidos. "Si alguna esfera de la vida pública necesita consenso y estabilidad esa es la educación, pero no parece que sean esas las prioridades". El aspecto más polémico vuelve a ser el tratamiento de la inmersión lingüística en Cataluña. Wert ha introducido en la Lomce una sorprendente disposición, según la cual el Gobierno central adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matriculen los alumnos que no encuentren más opción para recibir más clases en castellano, pero será la Generalitat quien sufrague los gastos, ya que el Ejecutivo central detraerá esa cantidad de las transferencias que realiza a la Administración autonómica. "Hay que reconocer que el ministro ha ideado una fórmula tan imaginativa como manifiestamente absurda para lograr mediante la vía de la exacción fiscal lo que no puede imponer por otros medios ante la manifiesta normalidad lingüística imperante en la escuela catalana".

Más contundente, EL PERIÓDICO (LA PROPUESTA DE WERT ES UNA CONTRARREFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO), asegura que la propuesta es una ley de un alto contenido conservador, centralizador y excluyente que, en sus fundamentos, se afirma como antídoto del fracaso escolar y a favor de una mayor eficacia educativa, y que, en la práctica significa un auténtico golpe de mano contra la equidad, la laicidad, el humanismo y la igualdad de oportunidades, en un nuevo diseño educativo tendente a beneficiar el elitismo y la competitividad. La jugada del ministro, presupuestando cinco millones de euros para costear las hipotéticas solicitudes de los padres que soliciten enseñanza en castellano no solo demuestra un desconocimiento palmario de la realidad catalana, y un auténtico atentado contra el sistema de inmersión lingüística ¡, sino una insidia política realmente alejada de cualquier diálogo y espíritu de concordia.
Menos crítico, el editorial de ABC (ACCIÓN DE ALTA POLÍTICA QUE NO PUEDE DEMORARSE), afirma: "Sin que la Lomce haya llegado aún al Congreso, con la consiguiente posibilidad de introducir enmiendas, "el PSOE ya ha sentenciado la ley y se compromete a derogarla". "Este proyecto constituye una acción de alta política, cuya ejecución no puede demorarse ni condicionarse a los consensos imposibles con una izquierda negada a cualquier pacto que no sea la sumisión a sus postulados". "El sistema educativo se vertebrará con mayor fuerza con asignaturas comunes para todos los jóvenes, sin extravagancias localistas". "Y el castellano será impartido a quien lo solicite". "Mejor sería que el Gobierno pusiera fin al desacato permanente del Ejecutivo catalán a las sentencias que le obligan a garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular, pero al menos esta intervención del Estado garantizará que, definitivamente, estudiar castellano no sea un acto de heroísmo, sino el primer derecho de todo español".
 
Asimismo, LA RAZÓN ( REFORMA FUNDAMENTAL), puntualiza: No hay que buscar en el nuevo proyecto educativo ni sorprendentes ensayos pedagógicos ni pretensiones de ingeniería social". "Quienes intentas desvirtuar la nueva ley poniendo el foco de la crítica en sus aspectos más secundarios cometen el error de no valorar el conjunto". El ministro Wert ha preparado un texto legislativo que ataca directamente los tres grandes problemas del sistema: su baja calidad, la dispersión territorial y la falta de alternativas para los jóvenes que se demuestran incapaces de terminar el ciclo obligatorio. Y acaba con una anomalía: la imposibilidad de elegir el español como lengua vehicular, que es un derecho constitucional, en Cataluña. "Las soluciones son racionales y no deberían plantear problemas en su aplicación". Y con respecto a la asignatura de religión "que la izquierda ha llevado a una polémica absurda, la solución buscada es impecable: libertad de elección, que no excluye su alternativa de ética".
 
Por último, LA GACETA afirma en su editorial (CUANTO ANTES EN VIGOR) que el rescate del prestigio y la autoridad del profesorado, el estímulo del esfuerzo y la constancia, la relevancia de materias troncales como lengua, matemáticas, ciencia o historia, las pruebas finales de ciclo, "eran imprescindibles". "Debe saludarse la nueva dirección emprendida con esperanza". En cuanto a la lengua vehicular de la enseñanza, "el Gobierno deberá usar todos los medios de que dispone para acabar de una vez con los incumplimientos sistemáticos de la Constitución y las sentencias de los tribunales". "Estamos ante una oportunidad de oro para que la Ley Wert entre en vigor cuanto antes".

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