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POLÍTICAS
Estatuto de la víctima del delito y regulada su asistencia

Registro de delincuentes sexuales para evitar que los condenados trabajen con menores


El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la organización y el funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales para permitir la prevención de este tipo de delincuencia cuando tiene por víctimas a los menores de edad. También dio este viernes el visto bueno al Estatuto de la víctima del delito y reguló su asistencia, según informaron luego la vicepresidenta y el ministro Catalá.
Redacción 11 de diciembre de 2015 Enviar a un amigo
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La vicepresidenta y el ministro de Justicia tras el Consejo de Ministros
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la aprobación de dos nuevas normas para incrementar la protección a las víctimas de los delitos, en especial a las menores de edad, que se suman al conjunto de medidas en esta materia adoptadas durante la legislatura. La primera es el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con el fin de asegurar su protección y garantizar plenamente sus derechos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que se regula un sistema asistencial público, profesional, gratuito y confidencial de asistencia a las víctimas a través de estas oficinas, que contarán con un psicólogo, un funcionario de gestión procesal que las acompañará durante el proceso penal y con otros profesionales especializados para garantizar la calidad del servicio.

Catalá ha avanzado que se formalizará la constitución de 26 oficinas de asistencia y que el presupuesto de su departamento para 2016 incrementa un 57% la dotación destinada a formalizar convenios con los colegios de psicólogos. También ha anunciado que el Real Decreto prevé la creación de un Consejo Asesor de Asistencia a las víctimas con representación de la Administración General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en Justicia y de las asociaciones representativas de las víctimas.

"Lo que hacemos es materializar, concretar, articular con medios, con oficinas, con equipos profesionales, con presupuesto, con dotación financiera todas las líneas de sensibilidad y apoyo a las víctimas que la legislación ha ido creando a lo largo de esta legislatura", ha afirmado el ministro.

El nuevo Registro, previsto en la Ley de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia del 28 de julio de 2015, establece un sistema eficaz para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan tener acceso o seguir ejerciendo profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad.

Condenas en España y en otros países

En él se incluirán los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima o del condenado.

Estos datos serán transmitidos al nuevo Registro, de forma automática, por el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad de los menores, y su gestión se encomienda a la Secretaría General para la Administración de Justicia.

Así, la persona que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, además deberán acreditar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales.

Código ADN

Junto a los datos identificativos de los condenados, el Registro también incorporará el código identificador de su perfil genético (ADN) cuando lo establezca una resolución judicial, lo que posibilitará el seguimiento y control de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España.

Por tanto, además de proteger de forma más eficaz a los menores, la creación de este Registro contribuirá a la investigación, persecución e identificación de los autores de este tipo de delitos, y al establecimiento de mecanismos de cooperación con autoridades policiales y judiciales de otros países, particularmente del entorno de la Unión Europea y el Consejo de Europa.

La información sobre las personas inscritas en el Registro no será pública. Tendrán acceso directo únicamente los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial para la prevención y persecución de los delitos sexuales. Siempre quedará constancia de la identidad de la persona que accede al Registro y de los datos que han sido consultados.

Certificados

Por otra parte, se podrán realizar certificados de los datos inscritos, sin consentimiento de los interesados, por el encargado del Registro cuando exista petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación.

Por último, los propios interesados podrán solicitar directamente la correspondiente certificación, así como cualquier órgano de la Administración Pública que trámite un procedimiento que precise de forma preceptiva de la información contenida en el Registro respecto de una persona, previo consentimiento de ésta. En todo caso, los certificados serán gratuitos.


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