lunes,18 octubre 2021
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Bajaría un 2,5% para pymes y hogares

Ribera lanza un nuevo plan contra los precios desbocados de la luz con cesiones a las eléctricas

Redacción
Nuevo paquete de medidas del Consejo de Ministros para intentar contrarrestar los precios récord de la electricidad sin cambiar el fondo del sistema actual de fijación de precios y con cesiones en su diseño final a las grandes eléctricas. El objetivo declarado es proteger a los consumidores, pero a la vez que se aprueban este plan, se daba luz verde (con condiciones) a la OPA de IMF en Naturgy

El Consejo de Ministros ha aprobado en su última reunión antes del parón veraniego remitir a las Cortes, para su tramitación urgente, el Proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico.

Esta norma se suma al Proyecto de Ley que crea el Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, ya en tramitación en el Congreso, con el objeto de retirar más de 6.000 millones de cargos de la parte regulada de la factura de la luz de un modo progresivo en los próximos 5 años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha vinculado estas medidas con las aprobadas hace una semanas para rebajar temporalmente el IVA o la suspensión del impuesto a la generación.

En este sentido, ha recalcado que todas se rigen bajo el principio de que "los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables".

Sin embargo, como ya contamos en Ibercampus, estas medidas se han visto superados por el disparatado ascenso del precio de la electricidady esta misma semana han registrado un nuevo récord histórico con 103,07 euros por megavatio hora (MWh).

Contra los "beneficios caídos del cielo"

 

Ribera achaca este incremento al que el Co2 se ha encarecido más de un 60% en un año, lo cual  repercute en los precios de los mercados mayoristas de los que se benefician las plantas de generación eléctrica que no generan emisiones. Son los conocidos coloquialmente como "beneficios caídos del cielo".

Estas son esencialmente nucleares e hidroeléctricas que estaban en funcionamiento antes de la creación del mercado europeo de derechos de emisión.

Por ello, la norma permite recortar, en el momento de la liquidación, el importe equivalente a los ingresos que reciben.estas centrales eléctricas reciben cuando el precio del carbono supera un determinado umbral.

Concretamente, el umbral mínimo que garantiza que no se produzca este descuento son 20 euros por tonelada de Co2, que ha sido el precio medio en los últimos 5 años. 

Un 'favor' de 375 millones de euros 

"De esta manera aseguramos la viabilidad de las plantas, ninguna puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento", ha señalado Ribera.

La previsión es que la entrada en vigor de esta norma suponga un recorte de 625 millones de euros en estos beneficios, que se podrían destinar a cubrir costes del sistema eléctrico.

Sin embargo, esta cifra es 375 millones inferior a los 1.000 millones de euros planteados inicialmente, lo cual ha sido celebrado por compañías como Endesa o Iberdrola con subidas en bolsa.

Así, la estimación es que hogares y pymes pagarían un 2,5% menos, con variaciones según el tipo de tarifa al que estuvieran acogidos.

Luz verde a la OPA de IMF en Naturgy

A la vez que el Ejecutivo presentaba estas medidas "para proteger a los consumidores vulnerables y rebajar la factura final de todos", daba luz verde a la OPA del fondo australiano IFM sobre el 2269% de la compañía española Naturgy..

Ribera ha "saludado" esta inversión extranjera como un "factor incuestionable de crecimiento y de modernización" y una señal de confianza..

Pero el Gobierno establece condiciones para esta operación por los próximos 5 años porque afecta "a una empresa estratégica en un sector estratégico, cuyo concurso es fundamental para los objetivos de transición energética y justa en España".

Estas condiciones, ha dicho Ribera, garantizarán la estabilidad de la compañía española, la protección y buena gestión de los activos regulados y las infraestructuras críticas, el mantenimiento del empleo y su estabilidad económico-financiera.

El incumplimiento de las condiciones fijadas daría lugar, en su caso, a la revocación de la autorización, ha advertido la vicepresidenta.

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